El Estado español ha contraído una enorme deuda pública como resultado de una política de infraestructuras de transporte desarrollista, despilfarradora e insostenible, que no es justificable ni entendible en términos de necesidades de movilidad. La explicación de este despropósito se halla en otra parte: en los beneficios que obtenían unos pocos políticos y grandes constructores de tan suculentos contratos, muchas veces con prácticas presuntamente ilícitas como las que reflejan los…