Los recientes cambios en los tipos de interés y la reducción de las hipotecas ofrecen una aparente mejora para la clase trabajadora, pero no resuelven la crisis habitacional en España. La vivienda sigue tratándose como mercancía, ignorando su consideración como derecho humano, lo que perpetúa la especulación y dificulta el acceso a familias vulnerables.
El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a la vivienda y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo, ese mandato constitucional ha sido