El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a la vivienda y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo, ese mandato constitucional ha sido sistemáticamente vulnerado, precisamente, por aquellos que están mandatados a garantizarlo. Los que se colocan del lado de la especulación, muchas veces han argumentado que se trata de un mero derecho social —como si de un derecho de segunda se tratara— pero que no existe una verdadera obligación constitucional de garantizar este derecho. Parece obvio que esto choca tanto con la realidad material que implica para cualquier ser humano el acceso y el disfrute del derecho a la vivienda, nada más y nada menos que disponer de un hogar donde poder ejercer desde las necesidades fisiológicas más elementales como dormir o comer, hasta tener un lugar donde desarrollar el resto de derechos civiles más básicos como el derecho al voto o a ser escolarizado.
No obstante, esta rebeldía constitucional no atenta sólo contra la realidad material de las mayorías sociales de nuestro país, sino que también atenta contra las obligaciones normativas del propio texto constitucional que establece una obligación positiva para los poderes públicos de desarrollar el derecho a la vivienda así como la interdicción de que actúen de forma arbitraria —o en contra— de sus propias obligaciones (artículo 9.3 de la Constitución) mientras resulta que han suscrito diversos tratados internacionales que establecen de forma clara y rotunda que el derecho a la vivienda es fundamental e inherente a la dignidad humana.
Dicho lo dicho, resulta cuanto menos llamativo que desde la aprobación de la Constitución española hayan transcurrido 46 años de vulneración sistemática de este derecho y aquí no haya pasado nada, o muy poco. Humildemente creo que daría hasta para responsabilidad penal.
Recordemos los años 2009-2014 cuando la “estafa inmobiliaria” provocó ejecuciones hipotecarias masivas expulsando a casi un millón de personas de sus hogares —según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca—, o sin tener que irnos tan lejos, observemos cómo las viviendas turísticas en nuestros barrios están suplantando a nuestras vecinas y cómo los precios del alquiler están expulsando a miles de jóvenes de la posibilidad de desarrollar proyectos de vida.
Esta situación, que podríamos denominar de “emergencia habitacional crónica” ya que la última década ha estado atravesada por esta crisis multiforme, no es más que la consecuencia —quizá más evidente— de cómo funciona el capitalismo rentista, que utiliza medios políticos para rentabilizarse y reproducirse. No en vano, la situación que atravesamos ahora viene fraguándose desde los tiempos del boom inmobiliario donde lejos de impedir la especulación —como mandata la Constitución— los sucesivos gobiernos del PP-PSOE apostaron por hacer todo lo contrario con mayor o menor sutileza. El capitalismo rentista siempre ha tenido cooperadores necesarios.
Tan es así, que fue, precisamente, durante el último mandato del Partido Popular cuando se modificaron las normas para acortar la duración de los contratos de alquiler, se permitió vender a precio de saldo miles de viviendas públicas a fondos de inversión y se fomentó la proliferación de sociedades de inversión inmobiliaria a través de suculentos beneficios fiscales. Y de aquellos polvos, estos lodos.
Si bien en los últimos años, el movimiento en defensa del derecho a la vivienda no ha dejado de trabajar para conseguir que se aprueben normas que garanticen el derecho a la vivienda y ha contado con algunos aliados en la institución para ello, el rentismo se ha resistido y se ha defendido con uñas, bulos y dientes.
El dique de la movilización popular
El panorama actual donde el capital parece haber encontrado refugio en la vivienda turística y el alquiler de temporada, sumado a los desahucios que algunos jueces deciden seguir ejecutando a pesar de la existencia de algunas normas protectoras, el encarecimiento desorbitado de los precios del alquiler, los tipos de interés en alza desde hace unos cuantos años y la apuesta decidida por parte de determinados gobiernos autonómicos de promover —sin complejos— la especulación y la liberalización del suelo arrasando con la naturaleza, nos coloca en una olla a presión que está comenzando a tener brotes de ebullición en forma de manifestaciones contra la turistificación y el rentismo en muchas ciudades del país.
El capital rentista tienes poderosos aliados y mayorías parlamentarias. No es fácil romper la dinámica especulativa. Pero nosotros somos muchos más y tenemos la clave: la organización popular
Son precisamente esos movimientos populares, las PAHs, los Sindicatos de Inquilinas, las organizaciones vecinales, las que hasta la fecha han sido dique de contención frente a las consecuencias más feroces de este capitalismo rentista que sigue echando un pulso a las mayorías sociales de este país y que no estaría ganando la partida si no tuviera cómplices en los parlamentos.
Llegados a este punto, parece claro que no va a ser nada fácil cambiar la dinámica especulativa sobre todo teniendo en cuenta sus poderosos aliados, las mayorías parlamentarias y sus cada vez más sofisticados métodos, sin embargo no debemos olvidar que nosotros somos muchos más y sobre todo que tenemos la clave: la organización popular.
