Pero además podríamos decir que son unos presupuestos no creíbles dado que teóricamente, por una parte, nos gastamos 220 mil millones de euros en funcionar y son incapaces de invertir apenas 7.200 millones de euros en inversiones y transferir 8.500 para invertir por otros. Y por otro lado, en los últimos tres ejercicios presupuestarios ( 2001, 2002 y 2003) no se han gastado más de 2 mil millones en inversiones y operaciones de capital, que han pasado al ejercicio siguiente, mientras que los Ministerios Inversores (Fomento, Medio ambiente, Agricultura, etc.) privatizan la inversión a través de operaciones de Capital ( 33.500 millones de euros) sin control y requisitos de Publicidad e igualdad.
Con las reformas en el IRPF, el Estado ha dejado de ingresar recursos por valor de casi 9.000 millones de euros anuales, más del 1% del PIB, y el 75% del aumento de la presión fiscal desde 1995 se explica por la mayor presencia de la imposición indirecta, que perjudica en mayor medida a los ciudadanos de menores ingresos. Y, por el lado del gasto, la política realizada hasta ahora impide a nuestro país avanzar hacia grados de capitalización y niveles de protección social similares a los parámetros comunitarios. Los Presupuestos para 2004 nos alejan de poder superar esta situación.
El panorama económico mundial sigue dominado por la incertidumbre. La intensidad de los desequilibrios que presenta la economía de EE.UU. no asegura su pronta recuperación, y en la UE las perspectivas son aún más sombrías. En este contexto, la economía española se ha visto afectada reduciendo las tasas de crecimiento económico desde aumentos medios del 4% hasta los actuales, en el entorno del 2%.
En 2003 la realidad poco tendrá que ver con el escenario que planteó el gobierno cuando elaboró los Presupuestos. La economía crecerá menos de lo previsto, la inflación será muy superior, y el sector exterior restará mucho más crecimiento del estimado. Y para 2004, todo parece indicar que vuelven a repetirse proyecciones voluntaristas fruto de un optimismo excesivo.
Para lograr un crecimiento en términos reales del 3% en 2004, el gobierno confía en exceso en el estímulo que proviene del exterior porque existen muchas dudas sobre la recuperación económica global y, de forma particular, de las economías europeas. Y tampoco parece muy probable la fuerte aceleración prevista para la inversión en bienes de equipo (5% de crecimiento). Si estos estímulos no se producen en la intensidad que estima el gobierno, cabe pensar que vuelvan a ser el consumo privado y la construcción los motores que sostengan la economía, pero hay que considerar el alto nivel de endeudamiento de las familias y la fuerte expansión del crédito por parte delas entidades financieras que, en algún momento, encontrará su límite.
En todo caso, si la economía española logra crecer en 2004 el 5,9% nominal (crecimiento real más inflación) previsto, existen muchas posibilidades de que lo haga repitiendo la historia de 2003: con una composición muy distinta a la estimada, con mayor desequilibrio externo y más inflación. Porque, desde luego, es un acto de fe aceptar que el deflactor del PIB se va a reducir desde un crecimiento del 4,3% en 2003 hasta el 2,9% previsto por el gobierno en 2004.
Políticas públicas olvidadas
En un escenario así, con el corsé impuesto sobre el gasto público, el gobierno lograría el aumento previsto en los ingresos públicos (cuya referencia es el PIB nominal) y el equilibrio presupuestario. Pero se alimentaría nuestro diferencial de inflación y el desequilibrio exterior. Si a esto le sumamos que no se entiende por qué la productividad va a crecer en 2004, según el gobierno, a una tasa doble de lo que lo ha hecho en los últimos años, completamos el cuadro. Los desequilibrios de nuestra economía (diferencial de inflación, déficit exterior y escaso crecimiento de la productividad) continuarán cuestionando nuestro futuro desarrollo.
El gobierno renuncia a impulsar políticas públicas que aseguren un potencial de crecimiento mayor a medio plazo, superar nuestros déficit sociales y cerrar el diferencial que en bienestar social nos separa de Europa. Pese a las declaraciones oficiales, poco puede hablarse de avances en la convergencia real con la UE, salvo que se considere que los aspectos sociales no forman parte de la misma.
En estos Presupuestos el gobierno asegura que la protección social va a seguir ocupando el lugar central que ha tenido en la política presupuestaria desde 1996, afirmando que en 2004, y al igual que en ejercicios anteriores, se aumentan sus recursos por encima del crecimiento nominal de la economía. Si esto fuese así, el gasto en protección social desde 1996 no habría ido perdiendo participación en el PIB, y no se habría ensanchado la brecha que nos separa de la UE en protección social.
El Gobierno está usando las cotizaciones sociales para hacer políticas de gasto de aparente corte social que pagan los propios trabajadores con sus cuotas, porque el Gobierno ha renunciado a ingresarlo desde la imposición directa del Estado.
El Presupuesto de la Seguridad Social para 2004 proyecta un nuevo superávit no financiero estimado en el 0,4% del PIB que se utiliza para enjugar el déficit del Estado y conseguir el equilibrio presupuestario en la Administración Central. Cuando cerca del 60% de las pensiones se encuentran por debajo del SMI, los excedentes del sistema no se utilizan para mejorar las prestaciones actuales y las cotizaciones sociales continúan sufragando prestaciones de carácter no contributivo. Es verdad que el Estado financiará ya casi el 22% del total de complementos a mínimos pero no es suficiente. Sobretodo si consideramos que la reciente renovación del Pacto de Toledo establece la recomendación de acortar a cinco años la total financiación por parte del Estado.
Menos protección al desempleo
En el Presupuesto del INEM se repite la situación porque el Estado no aporta recursos y las cuotas de los trabajadores financian prestaciones contributivas y asistenciales, y políticas activas. La diferencia entre ingresos por cotizaciones por desempleo y el gasto en prestaciones económicas no se destina a mejorar la protección de los desempleados sino a financiar programas susceptibles de ser cubiertos por los recursos generales del Estado. Y todo ello, además, cuando el gobierno estima que en 2004, creciendo la economía un 3% en términos reales, habrá más desempleados y menos perceptores de prestaciones económicas por desempleo.
El aumento que registran las políticas activas se explica en buena medida por los mayores recursos destinados a financiar las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de las empresas; y es injustificable el aumento de estas subvenciones sin que exista una evaluación del gasto ni un control para su correcta utilización. De forma paralela, las políticas destinadas al desarrollo de la economía social y a acciones formativas no reciben la suficiente atención que se merece nuestro país, con desempleo elevado, creación de empleo de baja calidad y déficit en materia de formación.
En sanidad, los créditos son insuficientes para desarrollar con garantías la ordenación y coordinación del Sistema Nacional de Salud y garantizar la calidad y efectiva igualdad en el acceso a la sanidad pública; en educación no existe financiación suficiente para impulsar los objetivos que tiene el Ministerio con relación a la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional o poner en marcha las medidas de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación; y en vivienda, los Presupuestos no hacen nada por empezar a solucionar el grave problema de acceso a este bien básico que afecta a buen número de ciudadanos. El traspaso de competencias y financiación desde el Estado a las Administraciones Territoriales (en políticas de gran significado social) no puede suponer que el Estado se desentienda y no complemente los recursos de otras Administraciones para avanzar hacia registros medios comunitarios.
Y en materia de inversión pública, la apuesta inconfundible que el gobierno declara por contribuir a aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía, es más propaganda que realidad. Como ocurre con el gasto social, tampoco aquí se ha realizado un verdadero esfuerzo por aumentar la formación de capital público porque, entre 1996 y 2002, la inversión pública ha representado en promedio el 3,3% del PIB, frente al 4,2% que significó entre 1990 y 1995. A esto hay que sumar que no menos del 45% de la inversión que el gobierno declara se realiza de forma extrapresupuestaria; una inversión difícil de controlar y evaluar.
