Tal como viene constatando el gabinete económico de IU, la ciudadanía ha de considerar que bajar o subir impuestos tiene una correlación inmediata con las políticas públicas, los servicios sociales, la educación, la sanidad, o las infraestructuras. Además, habrá que analizar la distribución de la carga fiscal, qué impuestos suben o bajan, y a quién se beneficia o perjudica en términos relativos.

Pese a la propaganda oficial, los impuestos han aumentado en nuestro país. Desde1996 hasta el año 2002, tanto la presión fiscal (teniendo en cuenta las cotizaciones), como la presión impositiva se han incrementado en un 2´5% y un 2´2%, respectivamente. Desde que gobierna el PP han aumentado los impuestos en nuestro país.

Si analizamos la presión impositiva podemos constatar que en este mismo periodo los impuestos directos, relacionados con la capacidad adquisitiva de cada ciudadano, han crecido un 0´7% con relación al PIB, y los indirectos, aquellos referidos al consumo, se han incrementado un 1´5% sobre el PIB. Esto significa que el aumento de la presión impositiva se explica en un 68% por la imposición indirecta. Por lo tanto los ciudadanos han pagado más impuestos sobre la base de una carga fiscal regresiva.

La mayor presión fiscal no se ha utilizado para mejorar nuestra protección social o avanzar en capítulos importantes de la necesaria convergencia real con la UE. No se ha avanzado lo suficiente en potenciar nuestro nivel de capital público, el gasto público en investigación e innovación continúa instalado en niveles reducidos; ocurre lo mismo con el gasto público en educación y formación, y el gasto social ha ido perdiendo año tras año participación en el PIB.

Las reformas en el IRPF han reducido la tributación a la mayoría de los contribuyentes (los que por su nivel de ingresos están sujetos al impuesto), pero las personas y familias de mayor capacidad económica son las más beneficiadas por las disminuciones de los tipos y tramos de la tarifa, la aplicación del tipo único a las plusvalías y el traslado de algunas deducciones a la base del tributo. El tipo marginal máximo se ha reducido desde el 56% al 45% actual (11 puntos), y el mínimo desde el 20% al 15% (5 puntos).

El tipo único de las plusvalías (15% en la actualidad) supone que las ventajas se concentren en las personas con mayor renta, porque este tipo de rendimientos significa cuantías muy reducidas sobre los ingresos de la mayoría de los contribuyentes. Aproximadamente, el 10% de los contribuyentes más ricos concentra el 70% de las plusvalías que se declaran en el impuesto.

La merma del IRPF

Las rebajas en el IRPF suman hasta la fecha un coste anual de, aproximadamente, 8.600 millones de euros. Este coste global supone una merma importante de recursos que no pueden utilizarse para mejorar la provisión de bienes públicos. La mayoría de los ciudadanos deberían plantearse que por un ahorro medio que puede oscilar entre 200 y 300 euros anuales en sus declaraciones del IRPF se está hipotecando el futuro de la sanidad pública, la educación para sus hijos, cuidados dignos a las personas dependientes, viviendas accesibles, o mejores prestaciones por desempleo.

Así las cosas, el candidato del PP Mariano Rajoy anuncia un nuevo recorte en el IRPF, con una bajada del tipo marginal máximo hasta el 40% y del marginal mínimo hasta el 12%. El coste de esta nueva reforma no será inferior a los 4.000 millones de euros; con estos recursos podríamos, por ejemplo, comenzar a cerrar el diferencial que nos separa de la UE en gasto social en atención a la familia (que asciende a 1,6 puntos del PIB), en sanidad (1,4 puntos del PIB), o en educación (1 punto del PIB). La nueva reforma supondría, de nuevo, mayores beneficios para las rentas más altas.

Pero una sorpresa desagradable nos la ha ofrecido el PSOE que, en un terreno que debería ser ajeno al pensamiento de izquierdas, no duda en competir con el PP ofertando también rebajas fiscales. La propuesta del PSOE lo es a grandes rasgos, pero reducir más aún los tramos en el IRPF, acercar los tipos al de Sociedades, que también pretenden reducir, o aumentar el mínimo exento, son propuestas que anticipan un coste muy elevado en términos de recaudación y que nada hacen por recuperar la progresividad perdida.

IU intenta plantear una propuesta coherente en materia fiscal. Pretendemos superar el dogmatismo del déficit cero de tal forma que se definan escenarios plurianuales para lograr la convergencia real con la UE. En el plazo máximo de dos legislaturas, la política presupuestaria debería orientarse a cerrar el diferencial que mantiene nuestro país en gasto social con relación al actual promedio comunitario (7 puntos del PIB). En presión fiscal también mantenemos un diferencial que ha de superarse recaudando más y con mayor equidad. La presión fiscal de nuestro país es inferior a la media comunitaria en casi 6 puntos del PIB y la mayor brecha se establece en los impuestos directos (3,4 puntos del PIB).

Dedicando los recursos humanos y técnicos necesarios es posible obtener más recursos de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. El fraude fiscal no deja de aumentar año tras año. Supondría aflorar recursos que se situarían entre el 3 y el 3,8% del PIB. Nosotros no participamos de tómbola de la rebaja de los impuestos.