La sanidad pública convalece tras los ocho años de gestión del PP, caracterizados por un imparable proceso de deterioro que pretendía lograr que a medio plazo millones de ciudadanos aceptasen un seguro privado ante su conversión en una suerte de beneficencia, en un triste recuerdo de lo que fue nuestro magro Estado de Bienestar. En la reciente campaña electoral, hasta los sucesos del 11 de marzo en Madrid, todo el debate político giró en torno a la manipulada y estridente discusión sobre la «unidad de España», tan útil siempre para la derecha, y no sobre la deficiente gestión de la vivienda, la educación o la sanidad. Ahora, el PSOE no puede descuidar en absoluto estos asuntos.

Según el doctor Marciano Sánchez, pediatra del hospital Niño Jesús de Madrid y portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP, creada en 1981), entre las deficiencias de nuestro sistema sanitario público destacan su reducida financiación, el escaso número de camas hospitalarias o el poco tiempo que los médicos de atención primaria pueden destinar a cada paciente.

El gasto sanitario público descendió respecto a 1996, fecha de llegada del PP al Gobierno central, en cuatro décimas, según los últimos informes de la OCDE y está en el 5,4% del PIB, frente al promedio europeo de 5,95%, añade el doctor Sánchez. Hemos pasado del 78% de gasto sanitario público sobre el total al 71%; mientras, el número de camas por mil habitantes ha bajado de 3,6 a 3, frente a la media comunitaria del 4,04.

En el reparto autonómico, dado que todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias sanitarias a excepción de Ceuta y Melilla, la media es de 975 euros anuales por habitante, pero en aquellas donde rige el PP es inferior, con las salvedades de Navarra y La Rioja.

Las soluciones planteadas desde la FADSP pasan, en primer lugar, por el aumento del gasto sanitario al menos en un 1% sobre el PIB, cambiar la política en el sentido de favorecer la sanidad pública sobre la privada, el incremento de las camas hospitalarias, sobre todo de media y larga estancia. También, la reintegración a la red pública de las fundaciones sanitarias y otros entes con personalidad jurídica propia; completar el desarrollo de la atención primaria, asegurando la cobertura del cien por cien de la población, así como la dotación adecuada de los centros sanitarios tanto en su labor de atención al paciente como en promoción y prevención.

Por último, esta plataforma aboga por una financiación solidaria basada en un nuevo modelo de IRPF, dedicar todos los incrementos presupuestarios al Fondo de Cohesión que prevé la Ley de Cohesión y Calidad y definir su reparto con el objetivo de reducir las desigualdades interterritoriales.