A tenor de los últimos datos oficiales -año 2003-, en España residen legalmente 1.647.011 extranjeros. La cifra aumentó en un 24% (323.010 personas) respecto al 2002, de los cuales un 34,7% son ciudadanos de la Unión Europea y el resto, es decir, algo más de un millón son extracomunitarios y, por consiguiente, caen en el saco de inmigrantes. El principal grupo sigue siendo el marroquí (333.770 personas), seguido de los nacidos en Ecuador (174.289), Colombia (107.459) y Perú (57.593), como se recoge en el balance que el ex secretario de Estado para la Extranjería durante el último Gobierno del PP, Gonzalo Robles, expuso en la primera quincena de enero pasada. En este informe, el dato más relevante es que el mayor número de inmigrantes regularizados durante el 2002 fueron ciudadanos procedentes de países del Este europeo: rumanos y búlgaros.

Sentado el dibujo del mapa multiétnico de nuestro país, convendría analizar cuál es la situación legal a la que se enfrentan una vez que llegan a nuestro país. La actual Ley de Extranjería, con sus sucesivas modificaciones durante el mandato de Gobierno del Partido Popular, endureció más si cabe a cada paso las condiciones para disfrutar de los derechos inherentes a cualquier ser humano y ahogó los respiraderos para la regularización de su situación legal.

Tal y como están las cosas, la relación del inmigrante con la administración pública está marcada por un régimen de excepción. Se les exige, como norma, la «presentación personal» para cualquier acto relacionado con las estructuras del Estado, en su mayoría reclamaciones que pueden ser inadmitidas a trámite. No se acepta la representación de abogados o de sindicatos; se pide la presencia física. Esta es una de las modificaciones a la Ley de Extranjería planteada desde juristas como Carlos Jiménez Villarejos, ex fiscal anticorrupción, hasta sindicatos (CC OO, UGT) y asociaciones relacionadas con la inmigración.

El aireado atasco provocado por la desidia del PP en las oficinas de extranjería, cuyo grueso consiste en la renovación de permisos de residencia y trabajo de personas que ya viven en nuestro país de forma legal y que podrían pasar a una condición de irregularidad sobrevenida, ha obligado al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a zanjar la polémica con un compromiso público: el 1 de agosto próximo estarán resueltos aquellos 200.000 expedientes de inmigrantes solicitantes de renovación del permiso de residencia. Eso se traduce en más oficinas y más personal.

Desde CCOO, su responsable de inmigración, Ghassan Saliba, enfatiza la culpa del PP en sus dos mandatos, pero también habla de los gobiernos anteriores: «Ningún gobierno ha dotado a las oficinas de extranjería de los recursos humanos y materiales adecuados. El PP lo agravó con su afán de centralización, como se puede ver en Barcelona donde sólo existe una oficina».

Negación de derechos

En su análisis del encierro en la catedral de Barcelona y la actuación policial, la responsable de Inmigración de IU, Susana López, ve «un auténtico atropello, algo que ni siquiera se dio en los tiempos del PP, que llegó a soportar encierros de 47 días. En Barcelona, la gente protestaba en gran medida por el atasco administrativo que les lleva a la irregularidad, pese a haber hecho todo lo legalmente exigible para la renovación de sus permisos. En segundo lugar, lo que allí quedó plasmado es la negación de derechos fundamentales, como son el de reunión, manifestación, etc, que se niegan en función de si tienes o no papeles».

El portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, calificó como una «arbitrariedad», en declaraciones a Europa Press, que se pretenda la expulsión de algunos de los inmigrantes que se encerraron en la catedral y recordó que la única pretensión de éstos fue la de «denunciar el retraso en la tramitación de los expedientes administrativos que afectan a su colectivo». Por ello, emplazó al ejecutivo central a reformar la Ley de Extranjería promovida por el PP y a resolver «con rapidez» estos expedientes, en lugar de adoptar medidas «represivas».

Pero, ¿por qué vía presionar para la reforma de esta Ley? A raíz del mencionado acto de fuerza en la capital catalana, promovida por la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones, hubo una inmediata reacción desde CC OO, UGT y ONG como Cáritas condenando en rueda de prensa tales métodos. Ghassan Saliba, uno de los portavoces críticos con el encierro, explica a MO que «la negociación con el nuevo Gobierno [para la modificación de la Ley de Extranjería] estaba muy avanzada en todo lo concerniente a un nuevo reglamento que amplíe las vías de regularización. Se estaba generando un buen clima para dar salida a miles de inmigrantes. Y ahí es donde sucede lo de Barcelona. No se puede pedir papeles sin condiciones en un Estado como el español; es mejor un mecanismo permanente de regularización que uno extraordinario, es mejor encontrar una salida permanente que no una sólo para hoy. Lo del encierro fue inoportuno, irresponsable e incalificable; no se puede poner a los sin papeles delante de la policía porque los sitúan en un callejón sin salida. Ellos [la Asamblea por la Regularización sin Condiciones] no son los únicos representantes de los inmigrantes; también estamos los sindicatos mayoritarios. Ellos buscan más protagonismo que soluciones».

¿Qué salidas?

Las opciones para los miles de inmigrantes ilegales en España quedaron cegadas por el PP, cuya fijación fue hacer funcionar el sistema de cupos. La selección se realizaba desde los consulados españoles en los países con mayor oferta de trabajadores y en ningún caso se llegó a cubrir ni siquiera un 50% del total previsto por el Gobierno de Aznar. Así, datos de 2004 dados por Consuelo Rumí, un 22% de inmigrantes (2.398) ha logrado un contrato estable por este conducto, cuando el contingente de trabajadores extranjeros aprobado por el Gobierno del PP para este año era de 10.908. Crecen, no obstante, los trabajadores temporeros contratados en el extranjeros: 25.318 en 2004. El actual Gobierno pretende reforzar esta vía, implicando a empresarios y sindicatos.

Para Susana López, «los trabajadores que vienen a nuestro país a trabajar siendo contratados en origen, negando toda posibilidad de regularización de inmigrantes que ya están viviendo aquí, lo único que hizo fue que aumentaran los problemas al cortar el mecanismo de regularización en el interior y establecer cuotas en el contingente bajísimas».

El acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, origen del Contingente de Trabajadores Extranjeros no comunitarios, anuló la concesión de permisos de trabajo y residencia por Régimen General. Desde CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) denuncia, en su informe sobre el 2003, «la desafortunada legislación de Extranjería, la fracasada intención del Gobierno (del PP) de regular los flujos migratorios sólo a través de contingentes de trabajadores extranjeros, el irregular comportamiento de la Administración, el endurecimiento de la política de inmigración y la ausencia de una verdadera política social para estos colectivos (refugiados e inmigrantes) agrava la situación de estas personas que, una vez más, pierden todo lo construido y se ven condenadas a la marginalidad social y legal».

Contrasta la actitud mantenida por el anterior Gobierno con el análisis de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), hecho público el 23 de enero con valoraciones sobre los años 2001 y 2002. Ahí se deja claro que la aportación de la inmigración al crecimiento demográfico y económico de los países ricos ha sido crucial. En concreto, en España y Portugal la mano de obra extranjera se ha quintuplicado desde 1994. En nuestro país, dice el informe, más del 10% de estos trabajadores cuidan niños y ancianos, o trabajan en el servicio doméstico y en la hostelería: son ellos los que realizan los trabajos «sucios, peligrosos y rutinarios», y aconseja un esfuerzo en las políticas de integración.España tenía contabilizados en diciembre de 2003 a cerca de un millón (963.055 personas) de trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social, que contrastados con los 16.866.901 totales, arroja un porcentaje del 5,71%.

Otra de las propuestas de Consuelo Rumí pasa por aplicar los visados de búsqueda de empleo con tres meses de validez: «(…) los inmigrantes vendrán con todos los derechos y las obligaciones, no como turistas sino como buscadores de empleo» (El Mundo, 7 de junio de 2004). A ello contesta Susana López: «Esa iniciativa ya la tomó el PP, si bien lo hizo fuera de la ley, presionados por la demanda social. Se ha demostrado que ha sido un fracaso rotundo porque es un plazo de tiempo cortísimo, de tal manera que obliga a los inmigrantes a coger cualquier tipo de trabajo, en las condiciones que sea, con tal de quedarse. Incluso, agotado el plazo, pasan a una situación de irregularidad. Nosotros sí planteamos un permiso para la búsqueda de empleo, pero en unos plazos mínimamente razonables, como puede ser seis meses».

Por otro lado, el Consejo Económico y Social (CES), en uno de sus últimos estudios, defiende que se mantengan los requisitos para la obtención de un permiso de residencia temporal por la vía del arraigo tras tres años de residencia efectiva en España, una posibilidad individual y excepcional de obtención del permiso de residencia temporal cuando se acredite una situación de arraigo, considerando como tal la incorporación real al mercado de trabajo. A ello, la secretaria de Estado para la Inmigración ya ha dicho que esta recomendación sería muy complicada de aplicar.

Las otras negaciones

La nueva Ley de Extranjería contempla el acceso de todas las autoridades y, en particular, del Ministerio del Interior a todos los ficheros donde obren datos de los inmigrantes. Para Jiménez Villarejo, artículo publicado en El Periódico de Catalunya a mediados de junio, «la ley mantiene un sistema de injerencias en su vida personal y social que no es compatible con un Estado democrático. (…) Más grave aún es el control del padrón municipal. En el régimen jurídico anterior, las fuerzas de Seguridad tenían acceso a aquellos datos sólo en los supuestos de que estuviera justificado para prevenir «un peligro real para la seguridad pública y para la represión de las infracciones penales», acceso debidamente controlado y necesariamente temporal. Ahora el acceso es incondicional y generalizado».

También habla Jiménez Villarejo de las medidas represivas introducidas en el proceso penal que permiten al juez autorizar la expulsión de un extranjero por la única circunstancia de estar procesado o inculpado por una falta o por un delito con pena inferior a seis años, media que entraña una violación del principio de presunción de inocencia. Como también sigue vigente la posibilidad de que las penas inferiores a seis años impuestas a un extranjero san sustituida por la expulsión del territorio nacional.

Este último aspecto ha sido también reprobado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en el informe anual 2003 remitido a las Cortes el 14 de junio último, por entender que favorece la actuación de las mafias en la utilización de inmigrantes ante las «escasas consecuencias penitenciarias» que se derivarían de su infracción penal. En el mismo informe, critica la estructura carcelaria de los centros de internamiento.