(…) Si para los que ya se han embarcado en la compra de una vivienda la situación es complicada, cargando con una hipoteca que absorberá casi todos sus ingresos durante la mayor parte del resto de su vida, se augura peor para los que aún no han podido adquirir una vivienda. Los precios cada vez más altos traen hipotecas cada vez más largas… 30 años, 35 años… si para un joven es complicado comprar casa, viéndose hipotecado de por vida, los que han cumplido ya los 40 ni siquiera tienen esa posibilidad de hipotecarse a largo plazo.

La subida desproporcionada de los precios de la vivienda es, año tras año, mucho mayor que la del Índice de Precios al Consumo. Y como el cálculo del IPC no considera el precio de la vivienda, nuestro poder adquisitivo real decrece a un ritmo vertiginoso sin que quede registrado en las cifras oficiales. En los últimos 17 años, el precio de la vivienda ha subido un 250%. Cada vez hay más distancia entre la capacidad económica de los ciudadanos y el precio de la vivienda, ya sea para comprarla o para alquilarla. Así, los jóvenes tienen cada vez más difícil emanciparse. ¿Qué clase de democracia es ésta en la que los poderes públicos renuncian a cumplir con los derechos fundamentales de los ciudadanos? No podemos permitirlo durante más tiempo. Y no vamos a hacerlo. Porque necesitamos soluciones urgentes ya.

Cada vez es más escaso el suelo público para la construcción de vivienda protegida. Y el que hay, se adjudica a grandes constructores y promotores, en perjuicio de las cooperativas. Estos grandes constructores mercadean con el suelo protegido a precios superiores a los legales, porque saben que el comprador final pagará por la vivienda mucho más del máximo que permite la ley. Un comprador que se ve desprotegido y chantajeado. Desprotegido porque nadie persigue el fraude. Chantajeado porque, si personalmente decide denunciar, pierde la oportunidad de adquirir la vivienda que desea.

Pero lo peor es que la opinión pública acepte esta situación con naturalidad. Como si el hecho de que el fraude se cometa a diario lo haga menos grave. El propio gobierno regional de la Comunidad de Madrid reconoce la existencia de un fraude masivo en la vivienda protegida. Pero no lo persigue. Y no sólo eso, además lo justifica, diciendo que, al precio que compran el suelo los promotores, sólo pueden obtener beneficio vendiendo con sobreprecio. Pero entonces, ¿por qué lo compran? La respuesta es sencilla, compran porque saben que nadie les perseguirá por vender las viviendas con sobreprecio.

Ineficacia administrativa

Lo más inaudito es que existe es una administración pública que justifica y no persigue un fraude cuya existencia, sin embargo, reconoce. Una administración que afirma que, para acabar con el fraude, la mejor solución es hacer desaparecer la vivienda protegida. Y mientras está en camino esa medida, se propone elevar drásticamente su precio. De ese modo, los precios fraudulentos se legalizarán. De nuevo, la víctima es el comprador.

Mientras tanto, las viviendas de promoción pública, las que son construidas directamente por los organismos públicos, tienen una presencia simbólica. Y no es porque cuesten dinero a las arcas públicas, pues los compradores pagarán lo que cueste construirlas. Pero las administraciones no dejan pasar la oportunidad de obtener importantes plusvalías con el suelo público, ofreciéndolo al mejor postor en subastas, impulsando con ello la cadena especulativa. Mientras el suelo sea la principal forma de financiación de los Ayuntamientos y no haya una ley que impida estas prácticas, la especulación seguirá siendo promovida desde los propios organismos públicos.

Debe cumplirse estrictamente el mandato constitucional. Algo tan obvio como hacer al pie de la letra lo que dice la Constitución. Esto obligaría a las administraciones a dedicar el suelo público a la creación de viviendas públicas y económicas, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, hasta garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna por un precio razonable.

La oferta de viviendas públicas de alquiler a precio accesible para los jóvenes es, en Madrid, prácticamente nula. Mientras en algunos países europeos este tipo de medidas son habituales, y los jóvenes obtienen facilidades para acceder a su primera vivienda, con alquileres públicos de coste moderado, en Madrid esta práctica es una utopía. Necesitamos un parque de viviendas públicas de alquiler urgentemente. Y no sólo para jóvenes: para todos aquellos que no pueden conseguir un techo de otro modo, pues el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral hace imposible para un elevado porcentaje de ciudadanos tener un hogar propio.

También es necesario acabar con las viviendas vacías de nuestras ciudades. No es defendible que una de cada cuatro viviendas madrileñas esté vacía y que, mientras tanto, haya cientos de miles de personas que no pueden acceder a una de ellas. La vivienda es algo más que un objeto adquirible, es un bien escaso de primera necesidad, es un bien social que no puede ser objeto de la especulación mientras haya ciudadanos que no pueden acceder a ella dignamente.

Esta situación insostenible, que con el paso del tiempo sigue deteriorándose, es razón más que suficiente para que los ciudadanos salgamos a la calle a exigir el cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución Española. Esa Constitución con la que los gobernantes se atacan mutuamente, intentando demostrarse los unos a los otros quién es el más constitucionalista. Pero de la que, en realidad, ignoran su contenido y espíritu. Especialmente cuando de cuestiones sociales se trata. No les conviene recordar aquellos capítulos que les obligan a luchar contra la especulación e intervenir en el mercado de la vivienda. Quizás este es el mayor problema, es decir, para muchos la vivienda es sólo un mercado.

Convocantes: Asociación PAU Ensanche de Vallecas, Plataforma PAU de Carabanchel – AVV Carabanchel Alto, AVV Sureste de Madrid (El Cañaveral, Los Ahijones, Los Cerros y Los Berrocales), Plataforma por una Vivienda Digna en Madrid, Comisión de Jóvenes de la FRAVM, Red de Cooperativas de Vivienda Joven:, COVIJO, Coop. Alto del Arenal, Coop. Sin Nombre, Coop. Barrio Vivo, AVV Montecarmelo, Foro Social de Móstoles, AVV Zarzaquemada, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), Plataforma por la Vivienda de Protección Pública (engloba más de 40 asociaciones), Plataforma Parla-Este… y otros colectivos vecinales y sociales de Madrid.