El Reglamento de la Ley de Extranjería vigente (LO 14/2003) parece que se abre camino y que posiblemente entre en vigor hacia el mes de Diciembre o en Enero del próximo año.

Aunque seguimos manteniendo la imposibilidad de que un Reglamento pueda hacer buena una mala Ley y que lo razonable hubiera sido derogar de inmediato aquellas partes de la misma que vulneran derechos fundamentales y establecen normas discriminatorias para los inmigrantes, debemos reconocer el esfuerzo realizado por el PSOE para «dulcificarla» a través de su Reglamento, teniendo en cuenta también que este partido fue copartícipe de la misma junto al PP, entonces en el Gobierno. Ahora bien, ese esfuerzo del Partido Socialista viene determinado, en buena medida, por la constatación del rotundo fracaso que han tenido las Leyes de Extranjería anteriores y la actual en su periodo de vigencia, pese al carácter esencialmente represivo de todas ellas, en dos aspectos fundamentales: no han conseguido frenar ni «ordenar» los flujos de entrada y, por otra parte, los niveles alcanzados de inmigración irregular (la que no llega por los cauces -imposibles- determinados legalmente) han ido en aumento, hasta alcanzar esa cifra record de al menos un millón de personas, trabajadores y trabajadoras en su inmensa mayoría, que hoy se encuentran forzadamente en la clandestinidad y son víctimas de la sobreexplotación laboral o de otro tipo de atropellos.

Consideramos, sin embargo, que el Reglamento que se va a aprobar, además del lastre de la Ley que está llamado a desarrollar, se ha visto constreñido por la actitud defensiva del PSOE frente a las críticas de la derecha más reaccionaria, con el PP a la cabeza, a sus supuestas intenciones de abrir un «coladero» por esta vía y un proceso de regularización masiva que suponga el «papeles para todos» tan denostado. Y que las expectativas creadas generen una nueva frustración o, peor aún, nos instalen en la continuidad, con un nuevo fracaso asegurado.

Nos lleva a pensar eso, tras una primera lectura de urgencia del Proyecto de Reglamento hecho público el 26 de Octubre, determinados aspectos del mismo -los considerados más «aperturistas»- como la Disposición Transitoria Tercera, donde se establecen las normas para la regularización (extraordinaria) de quienes están hoy en situación de clandestinidad, que deja absoluta y exclusivamente en manos de los empresarios (salvo en el caso del mal llamado servicio doméstico; en realidad son cuidadores y cuidadoras) la posibilidad de ser regularizado o no (ya es significativo que la negociación se haya circunscrito a patronal y sindicatos, dándole a la inmigración un caráctar estrictamente laboral). Asimismo, la condición de que el trabajador o la trabajadora inmigrante «figure empadronado en un municipio español con al menos 6 meses de anterioridad…» (sin admitir, como en procesos de regularización precedentes, otras fórmulas de acreditación de su estancia en el país) no tiene en cuenta ni la movilidad de esta mano de obra (la búsqueda de trabajos de temporada les lleva permanentemente de un lugar a otro, sin asentamiento suficiente en ninguna parte), ni la retracción que ha habido en los empadronamientos tras la entrada en vigor de la Ley actual que permite el acceso de la policía a los datos del padrón de extranjeros, o los obstáculos impuestos a la inscripción por muchos municipios -especialmente los regidos por el PP-, por no hablar de las dificultades de colectivos numerosos para acreditar un domicilio, cuando malviven (véanse los campos del Poniente de Almería, de Murcia, de Huelva o ciertas poblaciones de Castilla-La Mancha) a la intemperie o en algo parecido a chabolas, en condiciones infrahumanas. En definitiva, la cifra de unas 200.000 posibles regularizaciones que avanzan en la prensa, habla por si sola de sus limitaciones.

En cuanto a la tan esperada fórmula del «arraigo», contenida en el Reglamento, el conjunto de requisitos exigidos no son nada fáciles de cumplir y nos tememos, igualmente, que colectivos también muy numerosos se verán imposibilitados de «normalizar» su situación por esta vía.

Insistimos en la ocasión perdida de modificar a fondo la Ley, madre de muchos de los problemas que se pretenden achacar a la inmigación, y en la impresión de que el PSOE es más sensible a las acusaciones de «blandura» de los reaccionarios (totalmente infundadas a la vista del Reglamento) que a la necesidad de una política de extranjería que responda a las necesidades objetivas de nuestro país (no solo del mercado laboral), con las garantías propias de un Estado de Derecho, y a una mayor equidad en las relaciones con los países de origen de las migraciones, que no pueden limitarse en exclusiva a acuerdos bilaterales de importación-exportación de mano de obra o a las devoluciones, como si de una mercancía más se tratara.