El respeto y la promoción de los derechos humanos es uno de los ejes característicos de las sociedades occidentales. En este sentido hay quienes defienden que los Estados occidentales deben erigirse en defensores de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Cuba es uno de esos lugares, y la reclamación llegó a tal punto que la Unión Europea impuso en el 2003 un régimen de sanciones contra la isla y los EEUU, siempre un paso más allá, a través de la Comisión Presidencial para la Ayuda a una Cuba Libre, interviene abierta en la vida económica y política cubana.
Y es que, en realidad, la promoción de los derechos humanos a través de sanciones e intervenciones de un país sobre otro, aunque puede estar alimentada por la defensa de los derechos humanos, suele esconder la defensa de intereses de Estado, es decir de dominio. Y ese es el caso particular de Cuba, donde la retórica estadounidense de intervención en pro de los derechos humanos es, sencillamente, falsa. De hecho, de los siete destacados convenios internacionales que concretan los derechos humanos, Cuba ha ratificado cuatro mientras que EEUU solo forma parte de tres.
Respecto a Europa, la política de entendimiento con Estados Unidos hacia Cuba se ha manifestado poco efectiva. Resumidamente podemos decir que los intereses europeos se han visto perjudicados por la aplicación de la ley Helms-Burton y la ruptura del diálogo político con el gobierno cubano ha reducido, prácticamente a cero, la influencia de la UE en la isla, además de aparecer como una entidad seguidista de la política de Washington en Latinoamérica.
La España de la aznaridad se constituyó como principal promotora y principal perjudicada de esa política. España tiene tradicionalmente con Cuba unos vínculos como no tiene con otro país del mundo. La relación cultural, económica y de sus sociedades civiles es tan intensa que no se interrumpió la cooperación, a pesar de no existir dialogo político entre La Habana y Madrid. En realidad, la política que el PP sostenía hacia Cuba era una muestra más de que, en España, los intereses de la clase dirigente tradicional no tienen porqué coincidir con los intereses del Estado y su ciudadanía.
Ahora el gobierno español trata ahora de restablecer la normalidad en las relaciones hispano-cubanas y reabrir el dialogo entre Cuba y Bruselas. Existen diferencias sobre la aplicación de los derechos humanos en la isla, pero ahora Europa ha comprendido que es más constructivo el dialogo que la confrontación.
