Las organizaciones que impulsan la campaña “Por una sociedad laica. La religión fuera de la escuela” exigen al Gobierno que apoye la decisión del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo en materia de enseñanza no universitaria, que el pasado 21 de febrero pidió la retirada de la asignatura de religión del horario lectivo y la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano, suscritos en 1976 y 1979, pues violan derechos fundamentales de las personas.

Entienden que la decisión del Consejo Escolar del Estado es un apoyo decidido a favor del laicismo escolar, en un momento en que el Gobierno está preparando el anteproyecto de una nueva ley de educación.

Estas organizaciones consideran que algunas de las propuestas del Ministerio de Educación, ante la elaboración de una nueva ley, no parecen que estén dirigidas a profundizar en el laicismo escolar, sino más bien a garantizar la actual situación de injerencia de la jerarquía católica en los centros educativos. En este sentido, muestran su contrariedad ante el propósito del Gobierno de mantener el adoctrinamiento religioso en el currículo escolar, financiando, con dinero público, a más de 15.000 catequistas que, además, pertenecen a los órganos de gestión de los centros, algo totalmente ilegal.

El Gobierno debe tener en cuenta que existe una mayoría social laica en nuestro país, que exige una escuela plural y sin exclusiones por motivos de creencias, es decir, una escuela laica. Por ello, sostienen que la nueva ley de educación debe desterrar, definitivamente, el adoctrinamiento de los centros públicos y, al mismo tiempo, poner freno a la privatización encubierta de nuestro sistema educativo, limitando la concertación abusiva de centros educativos de ideario católico.

Así mismo, denuncian las presiones de la Conferencia Episcopal, la patronal católica de la enseñanza y la confederación de padres católicos, que llevan meses extorsionando a la comunidad escolar y a la sociedad.

Por otra parte, las organizaciones que promueven la campaña “Por una sociedad laica. la religión fuera de la escuela” consideran muy grave que la presidencia del Gobierno, además de tranquilizar, permanentemente, a la jerarquía católica, asegurándole sus excluyentes e inconstitucionales privilegios, pretenda legitimar unas firmas recogidas a favor de la asignatura de religión católica, que carecen de declaración jurada ante notario y que son, por tanto, fraudulentas.