Pedro Montes recordó cómo ya la reforma de 1986 comportó el aumento del periodo de cotización de 3 a 8 años, lo cual fue refrendado al alza en 1995 con la segunda y última, de momento, reforma del sistema de pensiones, pasando de 8 a 15 años el tiempo de cómputo. Sí reconoció el envejecimiento poblacional, pero, se preguntó, ¿justifica esto por sí solo la reforma de las pensiones? No, contestó. Hay una compulsión -continuó- hacia la reducción de las prestaciones sociales, pensiones incluidas, con la mirada situada únicamente en la productividad.

Es más. Si los salarios ven mermada su cuantía y la inestabilidad laboral crece, cada día serán más los trabajadores que tendrán verdaderas dificultades para reunir el número mínimo de años, y qué decir de los escasísimos cuya cotización llegue al máximo.

El hilo lo recogió después Pedro Vaquero: «El ‘capital’ no quiere renunciar a ese 10% del PIB de las pensiones hoy en manos del Estado. Los representantes del ‘capital’ han dicho hasta aquí hemos llegado con el Estado de Bienestar en pensiones, sanidad, educación, vivienda, etc.», resaltó P. Vaquero.

El Pacto de Toledo es un acuerdo con 15 recomendaciones, firmado también por Izquierda Unida. Las modificaciones más importantes llegaron luego con la ley 24/1997 o de «consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social»: aumento de 8 a 15 años la base contributiva, criterio de ‘contributividad’ en detrimento de solidaridad y reparto… Lo que esconden las nuevas campanadas llamando a meter mano al sistema de pensiones es la consideración de toda la vida laboral como periodo regulatorio, la separación de las fuentes de financiación. Lo primero se aprobará, dijo Susana López, por aclamación popular porque dirán que protege a los trabajadores que pierden su empleo a los 50 años, a la vez que no quieren saber nada de la pobreza, de la reducción de los índices del desempleo o de fomentar en serio la incorporación de la mujer al mercado laboral, o cómo hacer de los inmigrantes ciudadanos con plenos derechos.

Pedro Vaquero insistió en que es mentira lo de la inestabilidad del sistema financiero o sí, es cierto, pero les interesa llegar a ese extremo para lograr sus metas: reducción de la cotización de las empresas en pos de la competitividad, extender a toda la vida laboral el tiempo de cálculo en la prestación de pensiones, retraso en la edad de jubilación a los 70 años y el copago en sanidad y en las pensiones no contributivas.

Dirán, aclaró P. Vaquero, que a cambio conceden el derecho de asistencia a las personas dependientes (mayores, niños, incapacitados en general), pero desde la concertación con la empresa privada. Tal ofensiva ha de ser contrarrestada con la mejora de todas las pensiones, la atención pública a las personas dependientes, reforma del mercado de trabajo para una mayor estabilidad y la reforma del modelo económico.

Con las reformas en ciernes, advirtió Susana López, la mayoría de las mujeres se quedan fuera porque se han incorporado tarde al mundo laboral y porque su cotización, consecuencia directa de su menor salario frente al hombre, es más baja que sus compañeros masculinos. Ellas son las grandes perjudicadas: «De nuevo, la pobreza tiene nombre de mujer», concluyó Susana López.