El fenómeno de dicho síndrome de alienación parental (en adelante denominado SAP) ha ocupado desafortunadamente un espacio significativo dentro de ciertos sistemas judiciales de familia de nuestro país durante bastante tiempo, especialmente con respecto a la custodia o régimen de visitas de las hijas e hijos. Sus defensores lo presentan como un supuesto trastorno psicológico en el que uno de los padres (típicamente la madre) utiliza la manipulación emocional sobre sus hijos para que rechacen al otro progenitor.
El SAP ha sido cuestionado extensamente por científicos, grupos de derechos humanos y el movimiento feminista. Sobre tales bases, su uso generalizado en nuestro propio país causa gran preocupación debido a su impacto potencial en la protección de las mujeres que son víctimas de violencia machista y en los derechos de la infancia y la adolescencia. Esta idea fue desarrollada por primera vez en la década de 1980 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, quien razonó que, en algunos casos de divorcios accidentados, las madres moldeaban intencionadamente a sus hijos para provocar odio o rechazo hacia el padre.
Pero el SAP no ha sido reconocido por organismos científicos internacionales significativos. No existe en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. No tener ningún grado de validación científica nos hace pensar en el SAP más como un constructo ideológico al servicio del heteropatriarcado que como una verdadera categoría clínica.
El SAP ha sido criticado por fomentar la invisibilidad de la violencia de género, así como por la desautorización de las voces de mujeres, niños y adolescentes
Desde un punto de vista feminista, el SAP ha sido criticado por fomentar la invisibilidad de la violencia de género, así como por la desautorización de las voces de mujeres, niños y adolescentes. Cuando una madre denuncia abuso físico, psicológico y sexual hacia sus hijos, la respuesta judicial, debido al falso SAP, puede centrarse menos en la investigación de los hechos y más en determinar si existe una supuesta manipulación materna. Esto lleva a un cambio de responsabilidades: la mujer, que comienza como denunciante o protectora, se convierte en sospechosa.
El feminismo ha señalado que este razonamiento refleja fuertes estereotipos patriarcales. Históricamente, las mujeres hemos sido etiquetadas como emocionalmente inestables, manipuladoras o caricaturizadas, particularmente cuando denunciamos violencia de género. El SAP encaja en esa tradición cultural al implicar que las madres fabrican acusaciones o moldean intencionadamente las percepciones de sus hijos para perjudicar al padre. Esto no solo pone en duda la credibilidad de las víctimas, sino que también socava la capacidad de la infancia y la adolescencia para hablar sobre el miedo, el maltrato o el abuso.
En España, diferentes instituciones han enfatizado los peligros de esta idea. El Consejo General del Poder Judicial ha sostenido que el SAP no ha demostrado ser empírico y no debería permitirse que infecte el proceso de toma de decisiones judiciales. De manera similar, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, adoptada en 2021, estipula en términos explícitos que no se deben implementar métodos o criterios basados en investigaciones, a los que los menores tienen derecho, sin respaldo científico, una referencia que muchos grupos consideran un rechazo directo al SAP.
No obstante, los grupos feministas y los de las madres protectoras organizadas sostienen que el concepto persiste indirectamente en informes psicosociales y fallos judiciales. El término SAP no se utiliza específicamente, pero aparecen palabras similares como «interferencia parental», «instrumentalización de menores», «actitud obstructiva de la madre». El problema, dicen estas organizaciones, no es meramente una cuestión de semántica; también es estructural: continúa existiendo una tendencia a priorizar el mantenimiento del vínculo paterno incluso en contextos donde hay indicios de violencia.
Algunas mujeres han perdido la custodia de sus hijos tras denunciar malos tratos o abusos, bajo el argumento de que obstaculizaban la relación paternofilial. En algunos casos, niños y niñas han sido obligados a mantener contacto con progenitores denunciados por violencia, ignorando sus propios testimonios y emociones
Las consecuencias pueden ser extremadamente graves. Algunas mujeres han perdido la custodia de sus hijos tras denunciar malos tratos o abusos, bajo el argumento de que obstaculizaban la relación paternofilial. En otros casos, niños y niñas han sido obligados a mantener contacto con progenitores denunciados por violencia, ignorando sus propios testimonios y emociones. Desde el enfoque de derechos de la infancia, esto supone una vulneración del interés superior del menor, principio fundamental recogido tanto en la legislación española como en los tratados internacionales.
La perspectiva feminista sostiene que los niños no son objetos para ser tratados como tales en conflictos en los procedimientos judiciales de adultos. Escuchar a los niños es reconocer que pueden tener sentimientos de miedo, rechazo e incomodidad. Es al negar sistemáticamente estos sentimientos que podemos silenciar experiencias genuinas de violencia sobre la base de un comportamiento manipulador materno. También envía un mensaje peligroso: denunciar puede tener un costo para quienes intentan proteger.
Otro punto clave es el impacto mental y social en las madres. Para muchas mujeres, el proceso judicial es largo y agotador, lo que significa que están obligadas a seguir demostrando que no están manipulando a sus hijos. Deja a la comunidad traumatizada, asustada, avergonzada y extremadamente impotente. En lugar de brindar protección, el sistema judicial se convierte en un espacio de revictimización, convirtiendo a estas mujeres en víctimas de violencia institucional.
Es importante abordar este cambio ya que la justicia familiar no puede continuar como existe en España, tal y como denuncian desde el feminismo legal hasta los movimientos de defensa de la infancia y la adolescencia. Entre las principales demandas se encuentran la capacitación obligatoria en violencia de género para toda la judicatura, la fiscalía y equipos psicosociales; la escucha especializada a los niños; y el destierro total de cualquier práctica inspirada en el SAP.
Se señala además que la violencia de género no se limita a la que viene con o a través de la ruptura de familias, sino que puede continuar a través de los hijos o hijas y también a través del uso instrumental de los procedimientos legales.
En la actualidad, el desafío que enfrenta España es no solo eliminar esta frase de las decisiones judiciales, sino también asegurarse de que la justicia esté realmente enfocada en estos factores, a saber, los derechos humanos, la igualdad y la protección completa de la infancia y la adolescencia.
