El pasado 8 de enero el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) encabezó una marcha de protesta hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un Recurso por Inconstitucionalidad contra la Ley No. 603, que derogó el artículo 165 del Código Penal, que permitía el aborto terapéutico en Nicaragua. Esta polémica ley castiga el aborto incluso aún cuando esté en peligro la vida de la madre.

Al anularse el artículo 165 del Código Penal, vigente desde 1893, que establecía el aborto terapéutico como figura legal, los diputados han colocado a Nicaragua en la lista de los países del mundo más restrictivos con el aborto inducido (prohibido en todos los supuestos, incluido el riesgo para la vida de la madre, y con penas de cárcel para las mujeres que abortan y para las personas que lo practiquen), junto a El Salvador y Chile en la región latinoamericana y caribeña. Se trata según el movimiento feminista de Nicaragua, de un pacto que ignora los derechos humanos -a la salud, a la vida- y civiles de las mujeres nicaragüenses -recogidas en las Metas del Milenio.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la probabilidad de morir durante el embarazo y el parto en América Latina y el Caribe es de 1 en 130 durante la vida reproductiva de una mujer. Entre las causas están las complicaciones de embarazos. En Nicaragua, la mortalidad materna asciende a 121 por 1000 nacidos vivos en 2001. El 52% de todas las muertes maternas ocurrieron en el grupo entre los 20 y 34 años, el 19% corresponde a menores de 20 años; el 29% a mayores de 35 años.

En el caso de Chile la Cámara de Diputados declaró inadmisible el proyecto para despenalizar el aborto en las primeras doce semanas de gestación, presentado por R. Alinco, del Partido por la Democracia (PPD) y M. Henríquez-Ominami, del Partido Socialista (PS). Sin embargo, varios diputados, grupos y representantes de la sociedad civil esperan que haya otra oportunidad para que la legislación en Chile cambie.

Asimismo, en Europa nos encontramos con cambios en las legislaciones como la de Polonia, especialmente restrictiva. También en Portugal podemos ver la campaña -sus consignas son una síntesis perfecta de neoliberalismo y patriarcado- que sostienen la iglesia y la derecha contra la despenalización de aborto que se someterá a referéndum el próximo 11 de febrero.

Volviendo al caso de Nicaragua, no parece haberse dado mucha importancia al hecho de que el FSLN pactara con el Cardenal Obando, enemigo declarado de la Revolución sandinista, que contribuyó a apoyar en Washington la guerra contrarrevolucionaria. Es quien ha sostenido, junto a la totalidad de la jerarquía de la iglesia católica y también de la evangélica, la campaña por la penalización del aborto terapéutico, decisión que conducirá a la muerte a miles de mujeres nicaragüenses, afectando a muchas mujeres y niñas con embarazos de riesgo para su salud, víctimas de violaciones… Esta barbaridad jurídica, adoptada por el Parlamento de Nicaragua en vísperas de las elecciones, y con un claro desprecio a la posición de las asociaciones médicas y de mujeres del país, no hubiera sido posible sin la participación activa del diputado del FSLN René Núñez, al frente del Parlamento y sin el voto, el 26 de octubre de 28 diputados del FSLN, de los 52 que votaron a favor de esta medida. El 6 de octubre, René Núñez ya se había comprometido públicamente ante los jerarcas de la iglesia católica a eliminar en un período de tres semanas el aborto terapéutico, figura jurídica presente en la legislación nicaragüense desde hace más de un siglo.

Producen estupor las declaraciones que en nombre del FSLN hizo su jefa de campaña Rosario Murillo -esposa de Daniel Ortega- el 8 de octubre, para justificar la votación de esta fuerza política contra el derecho de las mujeres y de las niñas a salvar su vida. Declaró: «Somos enfáticos: No al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas, sí a la fe, sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino… El FSLN respalda la posición de la Iglesia Católica y de las iglesias en general contra el aborto en cualquiera de sus formas porque es un atentado contra la fe, contra la vida… Por eso decimos que nos unimos al clamor de la Iglesia y recogemos el clamor de las mayorías nicaragüenses que están contra el aborto».

Las feministas de Nicaragua consideran que el pacto político -en temas como el TLC, la corrupción etc.- que se estableció entre el Frente del actual Presidente electo, Daniel Ortega (2006) y el partido del ex- presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), toma también la forma de un pacto patriarcal. Recordemos la denuncia por abusos sexuales cuando era menor de edad que formuló Zoylamérica Murillo en las cortes de Nicaragua, en 1998, contra su padrastro, Daniel Ortega. Frente a esta acusación fue que Daniel Ortega acudió a A. Alemán para solicitar que sus diputados rechazasen en el Parlamento el levantamiento de la inmunidad para poder ser juzgado por las leyes de su país.

También a nivel simbólico resulta bastante humillante; ¿A las mujeres victimas de violencia de género sólo les espera, ante la impunidad estatal y social de sus agresores, que ellos se arrepientan y se reconcilien con ellas? Estamos hablando de un país donde entre el 30% y el 53% de las mujeres adultas han sufrido abusos físicos en algún momento de su vida y donde menos del 10% de los casos llegan a término de reparación para las victimas del abuso y la violencia, según fuentes de la Red de Mujeres contra la Violencia de ese país.

Cuando asistimos a un cambio en la legislación que supone una claudicación ante las fuerzas más reaccionarias, oscurantistas y sexistas, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Se trata de pedir perdón a la derecha por unos «excesos» revolucionarios del pasado (el aborto estuvo permitido en la Nicaragua sandinista)? ¿De devolver los «servicios prestados»? El discurso de la reconciliación, el mea culpa… O tal vez se trate de una táctica para ocupar el poder a la que seguirá una recuperación de valores, leyes y políticas progresistas que ahora no podemos comprender. Si el pacto con iglesia y la derecha es un medio para alcanzar el fin revolucionario, desde luego es a costa de las vidas de las mujeres. Recordemos que ya hubo al menos una víctima reconocida: una joven muerta en un hospital, rodeada de profesionales de la medicina que la dejaron morir por miedo a ser castigados con penas de años de cárcel.

Desde una perspectiva de género pensamos que se trata de un nuevo pacto entre varones, un pacto patriarcal. La historia está llena de estos pactos que tan lúcidamente han descrito nuestras teóricas del feminismo -Carol Pateman, Celia Amorós etc.-: entre varones ricos y pobres, entre varones de derecha e izquierda, entre varones de la patronal y los sindicatos, entre varones de diferentes nacionalidades, culturas y razas.