134 años después de la publicación de la «Contribución al problema de la vivienda» por Friedrich Engels, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna sigue siendo un problema de primer orden, reconocido como tal no sólo por la izquierda transformadora y el movimiento obrero, sino por el propio Relator Especial sobre una vivienda adecuada de la ONU, Miloon Kothari, quien tras su visita del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2006 estableció que «tanto en materia de alquiler como de compra, las dificultades para soportar los gastos generados por la vivienda son un problema de primer orden para un vasto número de personas que vive en España», temiendo además que «más gente en el futuro experimente problemas de pago que afecten a su derecho a una vivienda adecuada».

Los datos del Consejo de la Juventud de España confirman la previsión de Kothari. De acuerdo a esta fuente, un joven necesita de media el 60’8% de su salario para acceder al mercado privado de la vivienda, una de las causas de que la edad media de emancipación se haya elevado a los 34 años. Realidades como ésta han instado a la Secretaría Federal de Movimientos Sociales del PCE a organizar las Jornadas «Por una vivienda digna», en las que miembros del movimiento vecinal y de la Asamblea por la Vivienda Digna, economistas, urbanistas y otros expertos en la materia, expusieron y debatieron en torno al problema de la vivienda.

Felipe Alcaraz, Presidente Ejecutivo del PCE, denunció en la inauguración de las jornadas la actual «política de espejismos donde por una parte va la realidad y por otra lo que nos cuentan», haciendo referencia al discurso del PSOE a cerca del «desarrollo sostenible con el mismo crecimiento económico», discurso ideológico que vela un proceso que Alcaraz tildó irónicamente de «Movimiento Nacional de Recalificación del Suelo».

Especulación como causa: corrupción como consecuencia
La principal causa del problema de la vivienda en España se encuentra en el sometimiento de la misma a la especulación inmobiliaria, a costa de una necesidad social básica, recogida como tal en la Declaración de Derechos Humanos. Tal necesidad básica se ha convertido en una mercancía con la cual se especula: se compra o alquila en el mercado, y se excluye de su acceso a los «no rentables». Tal y como señaló Luis Zarapuz, economista y miembro de la Asamblea Contra la Precariedad y por una Vivienda Digna, en España existen más de 3 millones de viviendas vacías, y suelo urbano para edificar varios millones más. El problema está en que el negocio inmobiliario mueve más de 180.000 millones de euros, mientras el presupuesto público contempla sólo 12.000 millones de euros que se concreta en «subvenciones y ayudas públicas ficticias e injustas, ya que sólo pueden acceder las personas que hacen la declaración de la renta, quedando excluidas las de menores ingresos, y más de 4.000 millones de beneficios fiscales van a parar a los promotores mediante la subsidiación indirecta».

En palabras de Fernando Urruticoechea, economista e Interventor Tesorero del Ayuntamiento de Castro Urdiales, «la corrupción es más una consecuencia que una causa del problema de la vivienda, porque precisamente es en los ayuntamientos donde se produce la mayor creación de valor o plusvalías de cualquier actividad económica, también de la vivienda». Al respecto señaló Urruticoechea, «aunque el planeamiento urbanístico es una competencia compartida entre los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, su ejecución o gestión urbanística corresponde a los municipios, en quienes también residen las competencias para la protección de la legalidad urbanística». La fiscalización económica local adolece de una falta de control interna debida al «aislamiento de la función interventora local respecto al resto de controles públicos y su falta de independencia, ya que se depende orgánica, económica y funcionalmente de las respectivas alcaldías, es decir, del órgano al que se tiene que controlar», y de una falta de control externa debida a las muy restrictivas y poco conocidas posibilidades prácticas del Tribunal de Cuentas, cuya capacidad real de desestimación con condena en costas es escasa.

La consideración de la vivienda como mercado y no como derecho da lugar a unas políticas públicas que no se enfrentan a la carestía de la vivienda, limitándose a soluciones paliativas como la promoción de VPO. El mismo Relator de la ONU Kothari observó en 2006 que las actuales «legislaciones y políticas pueden carecer de efectividad mientras la especulación continúe condicionando las políticas de planificación urbana y mientras las políticas públicas no afronten las consecuencias derivadas de un mercado totalmente desregulado». La insuficiencia de las políticas públicas en materia de vivienda responde a la necesidad política de respetar al sector inmobiliario español, demostrándose el carácter no neutral del Estado desde el punto de vista de los intereses de clase.

Propuestas desde la izquierda transformadora y el movimiento obrero
Las propuestas discutidas a lo largo de las Jornadas compartían la filosofía de operar un giro radical en las políticas de vivienda realizadas hasta ahora. Ya el 23 de junio del año pasado la Comisión Permanente Federal del PCE aprobó la resolución «Por una vivienda digna para todas y todos» en las que se apoyaba sin ampajes a las primeras movilizaciones juveniles por la vivienda digna, y consideraba imprescindible «atacar el corazón de la trama de intereses capitalistas en los que se basa el tinglado inmobiliario de nuestro país».

Tal giro radical exige la regulación pública de la utilización del suelo de acuerdo con el derecho a la vivienda digna para impedir la especulación, asegurando la participación común en las plusvalías generadas por la acción urbanística pública, tal y como demanda el artículo 47 de la Constitución. La generación de nuevo suelo urbano debe responder al interés social y ser gestionado con criterios democráticos.

En la misma línea se encuadra la propuesta de derogar la Ley 6/1998 sobre régimen de suelo y valoraciones, con el fin de frenar los procesos de liberalización del suelo. Asimismo, se plantea sustituir el sistema de las VPO por el de las Viviendas de Alquiler Limitado, para lo cual se hace necesaria la creación de un parque público de viviendas en alquiler a precios separados del mercado. Todo el gasto público en vivienda debe destinarse a promover este parque de vivienda social de alquiler, reorientando la política actual centrada en subvencionar y subsidiar la compra y la propiedad de la vivienda.

Otra propuesta indiscutible ha sido la de la movilización social. En esta línea, la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna expuso las experiencias que están desarrollando, que ya han tenido como resultado significativas movilizaciones en varios puntos del Estado. Nacho Murdi, responsable de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y militante del PCE, expuso las experiencias reivindicativas que se están poniendo en práctica en el seno del movimiento vecinal, que incluyen movilizaciones para este trimestre.

El próximo mes de marzo, la Asamblea por una Vivienda Digna convocará nuevas movilizaciones en todo el Estado, mostrándose así que debajo de la aparente espontaneidad de las convocatorias por SMS hay un esfuerzo organizativo del que el PCE debe formar parte. Por este motivo las conclusiones de las jornadas serán publicadas en la revista Utopías-Nuestra Bandera, como herramienta de formación política y económica para los militantes comunistas en su inmediata tarea de fortalecer el movimiento por una vivienda digna.

La última sesión contó con la ponencia de Manuel Fuentes, alcalde de Seseña, quien manifestó que «solo hago lo que debo y a lo que me comprometí, lo que es extraño para la sociedad es que haya alcaldes que denuncien la especulación». Después de denunciar las connivencias de los concejales de la oposición con el constructor Francisco Hernando, conocido como «El Pocero». Fuentes planteó que a pesar de las amenazas de muerte recibidas, «no va a impedirnos seguir trabajando en política para transformar la sociedad y que la sociedad no nos cambie a nosotros». En la clausura de las Jornadas, Paco Frutos Secretario General del PCE comenzó su intervención con la frase «el camarada alcalde ha hecho las conclusiones de las jornadas» en alusión a la reivindicación de la honestidad en la actuación política realizada Manuel Fuentes. Frutos dijo al centenar de personas que asistieron a las jornadas que «tenemos un sentido colectivo de las cosas, por eso somos comunistas» para terminar reclamando «una gran movilización social convocada por la izquierda política y sindical» ante la importancia y gravedad del tema, no sin antes defender la necesidad de una izquierda transformadora que no ceda ante los postulados neoliberales «porque cuando aceptas estos valores estas inhabilitado como proyecto para cambiar las cosas».

Felicitas Velázquez, Secretaria Federal de Movimientos Sociales y Ricardo Rodríguez presentaron y realizaron la explicación del contenido de estas jornadas en las que el PCE quiso dar contenido, a la vez que continuidad, a lo que es la prioridad política aprobada en su último Comité Federal: el problema de la vivienda y la corrupción. Entre otros ponentes participaron Juan Ramón Sanz, urbanista y Secretario General del PCM, y Javier Navascués, director de la Fundación de Investigaciones Marxistas.

* Colaborador de Mundo Obrero