La campaña contra la directiva 2006/115 CE (que actualiza la directiva 92/100), «sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual», continúa su andadura con más impacto mediático del que los propios impulsores (la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas) podían prever. En octubre de 2006, el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia contra España por incumplimiento de la directiva 92/100 pretendiendo acogerse a una excepción «abusiva» consistente en que ninguna biblioteca pague un canon en concepto de préstamo de libros y otros materiales.

La sentencia ha dado lugar a que la medida quede incluida en la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece una cantidad de 0,20 euros por libro adquirido (no se dice «comprado», por lo que es de suponer que también están gravados los libros donados). En una jornada sobre propiedad intelectual celebrada el pasado 15 de junio en Toledo, el representante de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), la entidad de gestión de derechos de autor que se encargará de recaudar este canon, dejaba claro que esta cantidad le parecía muy insuficiente a la entidad y que tienen la esperanza de que en un futuro desarrollo reglamentario esto pueda ser corregido. Como vemos, además de gravar una actividad que no tiene base comercial, la aberración llega al punto de permitir a una entidad privada cobrar un impuesto a la administración.

Las personas que apoyamos la Campaña Contra el Préstamo de Pago pensamos que, más allá del hecho puntual, lo preocupante es que a la biblioteca pública se le imponga una lógica distinta a la de los servicios públicos. Una lógica que procede del ámbito mercantil y del escenario que lleva tiempo perpetrando la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la ayuda de dos elementos que amenazan su función de servicio público para el acceso universal y gratuito a la información y a la cultura. Se trata de sendos acuerdos emanados de este organismo: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC). El primero permite la última vuelta de tuerca que estamos viendo ya contra los servicios públicos, y es el argumento que empieza a escucharse en artículos y foros de debate y que consiste en acusar a los poderes públicos de «competencia desleal», precisamente por ofrecer gratuitamente aquello a lo que están obligados para garantizar los derechos fundamentales, según mandato constitucional: el artículo 50 de la Constitución Española establece que los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos «mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». En cuanto a la propiedad intelectual, los desarrollos legislativos que estamos contemplando están llevando a una actuación abusiva por parte de entidades de gestión que autoproclamándose defensoras de derechos de autor y bajo la excusa de proteger la creación, en realidad están alzando barreras que dificultan el acceso libre a la información y a la cultura por parte de la ciudadanía. En consecuencia, la concepción de la cultura y la información como patrimonio de la colectividad cuyo acceso universal está concebido como un mecanismo de igualdad, está dando paso al cercamiento de estos bienes públicos para entregarlos al mundo de los negocios.

En el caso de la biblioteca, un espacio que a través del acceso universal a la cultura y a la información colabora de manera importante a la integración ciudadana y a la construcción de la democracia (sólo un ciudadano informado y con un cierto nivel cultural puede participar en democracia), las fuerzas del mercado van operando para llegar a convertirla en un espacio de ocio y de adquisición venal de información y productos culturales. Ésa es la operación que se está consumando, y conseguido el primer paso, los sucesivos irán arrastrando a la biblioteca pública a la privatización, tal y como ha ocurrido ya en la educación. que va pasando de ser concebida como un derecho del ciudadano a una formación integral, a una compra de destrezas con valor de mercado.

* Plataforma Contra el Préstamo de Pago y profesor de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense.

Para información y apoyo a la campaña contra el préstamo de pago en bibliotecas, puede accederse a http://www.noalprestamodepago.org. En esta web, pinchando en la pestaña «1 millón de firmas», pueden descargarse hojas para la recogida de firmas.

Lo que circula en los Foros

* Este… si yo saco prestado El Quijote ¿Cervantes va a recibir su parte de los 20 céntimos?. ¿Y Aristóteles, Platón, Homero, Ovidio, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo…?

* Bien, acepto que una biblioteca pague dos veces el canon cada vez que adquiere un libro. Pero exijo que cada vez que una biblioteca presta un libro o cada vez que un ciudadano o un periódico o una revista recomienden o hablen de un libro le sean cobrados a la Sociedad de Autores a CEDRO o a cualquier otro organismo que les represente, en justa reciprocidad, un canon de otros 20 céntimos en concepto de publicidad que sea empleado a su vez en la adquisición de libros y otros formatos culturales en las mismas bibliotecas. ¿O pensaban que la publicidad es gratis? Ah, y por supuesto, se terminaron las subvenciones a la cultura. Porque en caso contrario, los consumidores de cultura pagaríamos más de tres veces: por el libro o disco en sí mismo, por el canon aplicado a los medios de reproducción o discos, por el canon por préstamos en las bibliotecas y por las subvenciones a la cultura a través de nuestros impuestos.

* ¿Y cuando dono libros a la biblioteca de mi barrio? ¿Van a cobrar los señores de CEDRO por cada uno de MIS ejemplares que se preste?

* En 1998 las bibliotecas públicas españolas gastaban una media de 3,64 euros por habitante, mientras que la media de Unión Europea era de 13,35 euros. La aplicación del canon por préstamo de obras vendría a empeorar la situación actual, ya de por sí preocupante.

* NO es cierto que este nuevo canon no lo vayamos a pagar los usuarios porque las administraciones (el gobierno) no generan dinero y no son más que administradores de lo que recaudan a través de los impuestos que pagamos entre todos. Por tanto, los 20 céntimos por libro saldrán de las arcas fiscales, las cuales se nutren de los impuestos de los ciudadanos
Los autores que más venden no necesitan de ese ingreso. Por otro, es previsible que los autores que menos venden desaparezcan de las bibliotecas, ya que éstas tendrán menos dinero para invertir en la compra de ejemplares.