La extensión de la oferta y los criterios de calidad son imprescindibles para responder a las necesidades del primer ciclo de Educación Infantil, como en cualquier otro nivel o etapa del sistema educativo. Desde hace tiempo, este tramo de 0-3, el primero del Sistema Educativo y el más importante en la vida de los niños y niñas, está disperso y abandonado. Quienes venimos denunciando esta situación, queremos pedir reflexión y cordura a nuestros gobernantes para que corrijan el descalabro que sufre este ciclo y que ellos mismos han propiciado.
La situación es más grave de lo que parece, aunque a quienes conozcan las Escuelas Infantiles Públicas de algunas Comunidades, les pueda parecer una reflexión radical. Es preciso saber lo que pasa realmente y lo que puede pasar al amparo de la legislación en vigor.
La oferta de plazas públicas existentes no se acerca para cubrir la cantidad de demanda en el 0-3 y las Comunidades Autónomas no tienen voluntad política de mantener, extender y mejorar la calidad de la red educativa pública en este ciclo de edad.
La Red Privada, que crece al amparo de esa carencia, ve favorecida la impunidad en que se encuentra (en realidad un «nirvana» intemporal de plazos legales en continua prórroga) porque nunca acaba de serle exigidos los requisitos mínimos de sus centros. Salvo algunos casos de calidad contrastada que merecen ser llamados Escuelas Infantiles, existe una enorme cantidad de locales concebidos para el lucro de quienes los regentan, en atentado flagrante contra los Derechos de los niños y niñas y al amparo de quienes lo permiten.
Además, la política de «Cheques escolares» desarrollada en algunas Comunidades Autónomas, ha venido a dar apoyo institucional a esas actividades privadas; dinero público que utilizan las familias para llevar a sus hijos e hijas al lugar que pueden. Las más necesitadas no tienen más remedio que buscar el centro más barato para que el pago de la plaza no distorsione su ya disminuida economía. Lo que no conocen estas familias, pero sí los gobernantes, es que la calidad educativa en 0-3 cuesta dinero y las guarderías y centros baratos (que no Escuelas Infantiles) no la tienen. Esta medida administrativa enmascara una opción económica y de privatización que se camufla bajo la apariencia de «libertad en la elección de centro». Supone una injusticia social porque subvenciona a todos con la misma cantidad sin tener en cuenta sus necesidades reales y resulta un derroche de dinero público, pues, gracias a ello, se mantienen centros cuya calidad no se controla, desviándose así los recursos que deberían ir a crear más plazas públicas de calidad.
Las redes atencionales subvencionadas con dinero público existen en numerosas Comunidades y como se contemplan como «situaciones especiales», no cumplen los requisitos de espacios, titulaciones o ratios, con lo que se suman al ninguneo de la calidad. Al programa «Crecemos» para el medio rural de Castilla y León se han destinado, entre otras, aulas de colegios públicos para acoger grupos mixtos de 0 a 3 años, que obligan a tener a los bebés y a sus cunas en el mismo espacio por el que deambula el resto de niños y niñas, sin separación, sin zona para preparar alimentos y con un microondas para calentar los biberones y la comida que traen de casa, sin agua caliente, sin cambiadores y sin inodoros habilitados. Se dan también en este programa, aulas mixtas que son atendidas por una sola persona con el peligro que ello conlleva para la seguridad infantil. La oferta del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) del programa «Minutos Pequeños», incluye utilizar espacios de polideportivos, aulas de casas de cultura y juventud o aulas de colegios públicos para dejar a las criaturas por horas, como si de coches se tratasen.
Las «Mamás canguro» del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) o las «Casas amigas» de Navarra son ejemplos de la privatización absoluta que, como respuesta atencional, que no educativa, a la demanda, lleva a autorizar servicios en casas particulares, sin ningún tratamiento pedagógico y sin titulación.
La implantación de esta doble red es un hecho que ha sido ratificado en los Decretos autonómicos de Navarra y Cataluña, y el primero ha sido recurrido por la Plataforma por el 0-3 de Navarra, entre otros, por este motivo. En ellos se da la posibilidad a los centros privados para decidir si quieren o no ser reconocidos como educativos, con la posibilidad, en caso afirmativo, de impartir el ciclo 0-3 de Infantil siempre que cumplan los requisitos mínimos exigidos. Los titulares de los centros que decidan no incluirse en este grupo podrán desarrollar su negocio sin tener que cumplir condiciones que les encarezcan los costes, más allá de lo que impone Sanidad. Como el 1º ciclo de E. Infantil es voluntario, ¿qué familia acuciada por la necesidad de trabajar va a dejar de llevar a sus criaturas a estos centros desregulados cuando las plazas en la privada son carísimas y en la pública son insuficientes? Pero, sobre todo, ¿qué empresario que monta un negocio va a querer que le reconozcan como Escuela Infantil cuando, con mucho menos gasto, puede rentabilizar más su inversión?
En el mejor de los casos, cuando se extiende la oferta pública con nuevas Escuelas, la opción exclusiva o casi exclusiva está siendo la gestión indirecta de los nuevos centros (Madrid, por ejemplo), lo que va en contra del sentido de la Administración Educativa: dar en régimen directo el Servicio Público de la Educación. Si, de momento, se mantiene la calidad de estos centros, es a costa de los buenos y las buenas profesionales que constituyen sus equipos, cuyos sueldos y condiciones laborales son muy inferiores a los que se perciben en la gestión directa.
La situación se agrava aún más si consideramos que la concesión de la gestión indirecta está abriendo la mano a empresas de ocio y tiempo libre que optan a los concursos públicos para obtener las Escuelas y lucrarse a costa del erario común y sobre todo, de la rebaja de sueldos que realizan a los profesionales. Este proceso se enmascara también tras la cesión de titularidad de Escuelas Infantiles a los ayuntamientos, por parte de las Consejerías de las Comunidades Autónomas que, ante el coste que supone gestionarlas directamente, optan por ceder su gestión, en una especie de subcontrata, a este tipo de empresas.
La sucesión de leyes educativas de los últimos años, no han contribuido a mejorar la estructura legal del ciclo 0-3. La LOGSE creó la etapa única de Educación Infantil y organizó la situación legal del primer ciclo. La LOCE supuso la regresión al carácter asistencial y no educativo de la etapa franquista y, actualmente, la LOE actúa bloqueando las legítimas aspiraciones del ciclo. Como consecuencia se mantienen las enormes desigualdades que inspiran y han inspirado la regulación de estas edades en la propia Red pública.
El ciclo 0-3 depende, según Comunidades Autónomas, de Consejerías tan diferentes como Bienestar Social, Igualdad y Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad o en el mejor de los casos, las manos, de Educación.
La diversidad de situaciones en la que se encuentran sus profesionales resulta escandalosa, tanto por las titulaciones exigidas como por las condiciones laborales y los sueldos que se pagan por trabajos semejantes.
Hay Comunidades Autónomas que requieren la titulación de Magisterio o la de Técnico Superior en Educación Infantil o Especialista en Jardín de Infancia (Formación Profesional de grado superior), a la que suelen añadirse las homologaciones realizadas mediante programas de formación continua para habilitar a profesionales que, en ejercicio, carecen de la titulación requerida. Hay alguna, como Castilla La Mancha, en las que siguen accediendo los educadores con la titulación de Auxiliares de Puericultura y otras en las que la única cualificación es la obtenida con cursos de corta duración que imparten empresas privadas o las Consejerías que, con frecuencia, ni siquiera son de Educación (Consejería de la Mujer para mujeres en paro en la comunidad de Madrid).
Las ratios adulto-niño, al igual que las dimensiones del espacio asignado por niño oscilan en las distintas Comunidades,
Hay normativas que establecen las características técnicas de los espacios en sus Órdenes de regulación o en sus Decretos, de modo que, por ejemplo, impiden ubicar Escuelas Infantiles en sótanos o semisótanos (Aragón), mientras que en otras, como Madrid y con total impunidad, se instalan Escuelas Infantiles sostenidas con fondos públicos, en semisótanos.
Por otro lado, casi todas las Comunidades contemplan la reducción sistemática de los espacios y el aumento de las ratios cuando hacen referencia a centros incompletos o poblaciones especiales.
Habría que hablar de la enorme diversidad que contempla el currículo establecido para estas edades que no hace más que traducir con frecuencia el enorme desconocimiento de los niños y niñas de 0-3 por parte de quienes lo han elaborado, así como su empeño por separar definitivamente el 1º. y el 2º ciclo de la Etapa (0-3 y 3-6 años).
Exclusión
En esta insoportable situación para los niños y niñas españoles de 0 a 3 años, el Artículo 14.7 de la LOE, al derivar a las Comunidades Autónomas la regulación absoluta de este tramo de edad, consagra las desigualdades y atenta contra los derechos de la Infancia. Existe un agravio comparativo con el resto de niveles y etapas del Sistema Educativo que evidencia la dejación política y la discriminación a la que se somete a los niños y niñas de estas edades, a los profesionales y a las familias. ¿De qué sirve la declaración de intenciones del carácter educativo de este ciclo, si luego se permite y cimenta su exclusión más vergonzosa?
Los cien millones de dinero público comprometidos en el pacto PSOE-IU no pueden ser cedidos a las Comunidades sin que exista la garantía de unos requisitos mínimos y un currículum base para acompañar con unos mínimos comunes de calidad, la oferta de plazas públicas de Educación Infantil que puedan crearse con ellos. Esta garantía debe extenderse al resto de centros ya existentes en todo el Estado y para todos los ciudadanos menores de tres años.
«La Plataforma Estatal por la Defensa del 0-6» quiere informar y sensibilizar sobre la gravedad de estas denuncias a la opinión pública y a la sociedad. Por ello ha elaborado un Manifiesto, al que se han adherido personas y organizaciones de diez Comunidades Autónomas, que exige al Gobierno Central la enmienda de los errores cometidos y la regulación de mínimos, vía Real Decreto, tal y como se contempla en el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil. Y también valora la vía judicial, para obligar a asumir su responsabilidad a quienes son los garantes de los derechos de los niños y de sus familias.
* (Portavoces de la «Plataforma Estatal por la Defensa del 0-6»)
