El hospital de Leganés (Madrid) fue una conquista ganada por los vecinos que lucharon en las calles por él movilizándose, cortando una y otra vez la carretera de Toledo, presionando. Lo consiguieron. El hospital se abrió en 1985 y fue un centro modelo. Pero eso se acabó cuando en marzo de 2005 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, empezaron «la caza de brujas» contra los profesionales del hospital, como lo define Isabel Serrano Gil, a cargo de la Secretaría de la Sección Sindical del Hospital Severo Ochoa de CC.OO. y miembro de la junta de personal del centro. Isabel, desde el local que Comisiones Obreras tiene en el hospital, hizo un balance para MO de lo que han sido estos tres años de delirio que empezó hace exactamente tres años.

El doctor Montes, entonces coordinador del Servicio de Urgencia fue la cabeza de turco de la guerra lanzada por el gobierno regional del Partido Popular contra los profesionales del Severo Ochoa, le cesaron, igual que hicieron con un director médico y el gerente. Pero la espada de Lamela, afilada en los despachos de su jefa del gobierno regional, Esperanza Aguirre, cortó más cabezas: cayeron cinco jefes de servicios intachables y tres supervisores que nunca registraron queja, pero apoyaron a Montes. Más aún: la gente que estaba en comisión de servicio tuvo que irse. A nueve médicos que trabajanban conMontes en el servicio de urgencias no los renovaron los contratos. Y otro médico, vetado, se fue a trabajar a Castilla La Mancha. Y todo porque una denuncia anónima acusaba a quince médicos del hospital de haber cometido «400 homicidios».

«El daño que se hizo no se puede reparar. Los trabajadores del centro están muy cansados y quemados. Es un sentimiento de impotencia. No importaba ser un buen profesional, si habías apoyado a los compañeros represaliados ya no te contrataban. Quedabas vetado por el señor Resino, el responsable de recursos humanos del equipo de Lamela cuando era consejero de Sanidad, pero que a diferencia de Lamela -hoy consejero de transportes del gobierno regional- todavía sigue ejerciendo en la misma consejería con los mismos criterios» se lamenta Isabel Serrano, que resume los estragos causados tras tres años de amenazas, insultos y presión: «Más del 45% del personal se fue a otros hospitales porque no podían soportar la presión. Las enfermeras que trabajaban por la mañana se han ido a otras unidades. El hospital se dividió.

Hicimos concentraciones diarias de media hora. La dirección del hospital nos llamó para que paralizáramos las movilizaciones, por las buenas o por las malas. Por las malas era abrirnos un expediente, que supone seis meses sin empleo y sueldo, dos años sin posibilidad de traslado, no poderse presentar a oposiciones… Pusieron cámaras por todo el hospital, y aunque dijeron que lo hacían por la seguridad del personal del centro y de los pacientes, la gerencia sabía los nombres y apellidos de los que nos concentrábamos. Aún así, nueve meses después del inicio del conflicto seguíamos saliendo a la puerta entre 45 y 30 compañeros, en nuestra hora del bocadillo. Han sido tres años muy duros»

Así ha transcurrido la vida en el Hospital estos últimos años. Isabel lo recuerda como «una losa que cargabas sobre las espaldas. Cuando venías al trabajo no sabías lo que te ibas a encontrar aquí». Pero si algo nunca les faltó fue el apoyo constante del pueblo de Leganés. «Fueron quienes nos dieron fuerzas para seguir adelante, quienes anduvieron hasta la Puerta del Sol con nosotros para llevarle a Esperanza Aguirre las firmas recogidas pidiendo la dimisión del consejero Lamela. Se acercaban para decirnos «Hay que seguir movilizándose», «no pueden hacer esto».

Venían a contarnos que les estábamos dando un servicio que estaban pidiendo: cuidados paliativos en condiciones. Además, era un servicio que se abrió porque hubo autorización de la Consejería» Isabel explica que había un anteproyecto firmado por la Consejería de Sanidad y los sindicatos para implantar unidades de cuidados paliativos en los hospitales. Y en Leganés, el proyecto, que estaba prácticamente firmado, no se llevó a cabo. En su lugar se hizo un convenio con el Instituto San José, eclesiástico, y se puso un servicio a domicilio de enfermero, auxiliar y médico». Cuando el auto de la Audiencia Provincial de Madrid limpió de injurias el expediente profesional de las víctimas de Lamela los vecinos volvieron al hospital para decir «gracias por todo» a quien correspondía.

Que paguen por las infamias
La lucha por la dignidad del Severo Ochoa entró en su segunda fase: la de exigir responsabilidades. Como Lamela no cesará por si mismo, se pide a Esperanza Aguirre que lo cese.

Y a la propia Aguirre que pida perdón a los profesionales represaliados y al pueblo de Leganés, a quien también insultó. La responsabilidad que debe asumir políticamente la Consejería de Sanidad se extiende a todo el equipo que sigue en su puesto, especialmente el responsable de recursos humanos, de quien depende el presente y futuro laboral de los profesionales afectados por la guerra abierta contra el Severo Ochoa. A éste en concreto, Resino, se le exige que retire todos los expedientes que abrieron, la readmisión de la gente expedientada y que devuelvan la responsabilidad que tenían los cinco jefes de servicio y las tres enfermeras supervisoras que cayeron con Montes.

También los periodistas tendrán que responder por sus infamias. El primero, el tertuliano más incendiario de la televisión Miguel Angel Rodríguez, ex secretario de Estado de Comunicación del Gobierno del PP. Luis Montes le acaba de reclamar judicialmente un millón de euros por llamarle «nazi» en el programa de Televisión Española 59 segundos, entre otras cosas, nueve días después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara la denuncia de la Comunidad de Madrid contra los médicos del Severo Ochoa de Leganés por sedar a pacientes terminales. Telemadrid y el periódico La Razón no perdieron ocasión para seguir criminalizando a los profesionales del Severo Ochoa.

Es tiempo de acciones judiciales y la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa ha abierto una cuenta bancaria para recoger aportaciones en el número 2100.1745.56.0200090640.

También hay una campaña abierta de recogida de firmas que bajo en lema «Que me atienda Montes» ha recogido ya más de 40.000 apoyos en la página
http://www.severoenlucha.org/