Un rasgo destacado de estos Presupuestos es que ni las previsiones de ingresos, ni el escenario macroeconómico estimado sobre el que se sustentan, son consistentes. Se prevé para 2008 un crecimiento del PIB del 1,6% en términos reales y del 1% para 2009 y todo ello con la esperanza que manifiesta el Gobierno de que en la segunda mitad de 2009 comience un proceso de recuperación económica, hoy por hoy imposible de atisbar, que contaría, además de con una imprescindible mejora de la situación económica internacional, con los «sólidos fundamentos» de nuestra economía y con las medidas que adopta el Gobierno para facilitar el «proceso de ajuste». Pura ficción.

Es difícil medir la duración e intensidad de la crisis financiera mundial pero además, no estamos tan bien preparados, como presume el Gobierno, para afrontar la crisis, porque los desequilibrios que se manifiestan después de años de expansión no pueden relativizarse: inversión sesgada hacia la construcción, creación de empleo de baja calidad, sostenimiento del diferencial de inflación con la UE, o elevado endeudamiento privado. Después de más de trece años de crecimiento sostenido cerca de 11 millones de asalariados son mileuristas, los salarios han perdido participación en la Renta Nacional y apenas han logrado mantener su poder adquisitivo, la elevada temporalidad en el empleo puede provocar que muchos desempleados no accedan con garantías a la protección por desempleo, y no se ha avanzado suficientemente en protección social ni cerrado la brecha que nos separa de los países más avanzados de la UE.

No podemos olvidar que si bien nuestro mercado de trabajo ha creado empleo con intensidad en el ciclo expansivo, buena parte de él lo es de baja calidad, muy precario y, por tanto, muy frágil ante el cambio de ciclo. Cuatro millones de personas de nacionalidad extranjera han aumentado la población de nuestro país integrándose en los más bajos niveles de renta pero, en paralelo, los niveles per cápita de gasto público en educación, sanidad o servicios sociales no han crecido como para fortalecer la cohesión social. El paro está aumentando con intensidad, ya contabilizamos un aumento de más de 800.000 parados en tasa anual, y se destruye empleo. La crisis también va a poner a prueba nuestro Estado social y los mecanismos de cohesión.

Los Presupuestos consolidados para 2009 programan un déficit público del 0,7% del PIB, resultado que se descompone en un déficit del Estado del 1,5% del PIB y un superávit de la Seguridad Social del 0,8% del PIB. Para las Comunidades Autónomas se prevé un déficit del 1% del PIB y para las Entidades Locales del 0,2% del PIB, llegando por tanto a un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2009 del 1,9% del PIB, que no agota el 3% autorizado por el Pacto de Estabilidad.

Por el lado de los ingresos públicos, además del propio deterioro en la recaudación fruto de la situación económica, pasan factura las rebajas de impuestos. Básicamente, se suman las reformas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades de la Legislatura anterior, con un coste estructural superior a los 7.000 millones de euros, con la nueva deducción de hasta 400 euros en el IRPF (5.400 millones de euros) y la supresión del gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio (1.800 millones de euros). Todo ello provoca que los ingresos financieros del Estado podrían disminuir según el Gobierno, en una previsión alarmantemente optimista, un 0,1% en 2009 respecto a la recaudación esperada en 2008, que también será inferior a la prevista inicialmente.

Por el lado del gasto del Estado, su crecimiento se limita al 3,3%, inferior al crecimiento nominal previsto del PIB para 2009 (3,5%), lo que significa que las políticas de gasto público tendrán una dimensión menor que en años anteriores, cuando la economía crecía con suficiencia, pese a que ahora son más necesarias.

La ligera mejora de las pensiones mínimas contributivas es un elemento positivo pero insuficiente, considerando las cuantías de las pensiones más bajas en nuestro país, y que contrasta con la congelación de las prestaciones no contributivas. Los créditos destinados para la atención a la dependencia aumentan, pero su crecimiento se queda corto para afrontar de manera adecuada las demandas de los usuarios, ya que el número de beneficiarios ha sobrepasado las previsiones de la propia Ley. Igual ocurre con los recursos para la generalización de la educación infantil de cero a tres años, que no aseguran su desarrollo con garantías, con las políticas de educación y sanidad, que sufren los rigores de la «austeridad» en el gasto, o con la Oferta de Empleo Público que se reducirá en un 70% respecto a la de 2008. Tampoco existe una financiación adecuada para avanzar suficientemente en la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, y es muy sintomática la reducción en un 12% de los recursos de la Secretaría de Estado de Migraciones, en particular en la partida presupuestaria destinada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para programas de integración de los inmigrantes.

El Gobierno asegura que si bien algunas partidas presupuestarias tienen crecimientos moderados, lo es porque las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la financiación de la Comunidades Autónomas y Entidades Locales tan solo aumentará un 1,6% en 2009, y son estas Administraciones las que habrán de responder a la mayor demanda de políticas sociales.

En lo que respecta a la política de infraestructuras, se comprueba la apuesta inequívoca por la multiplicación de autovías y por el AVE, en detrimento de la red convencional y de cercanías, y destaca la sorprendente disminución de la inversión en materia de medio ambiente, donde las inversiones reales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) disminuyen un 24%. Tampoco encontramos en estos Presupuestos políticas activas en materia de vivienda que contribuyan a mitigar el desplome de la ocupación en la construcción. El conjunto del Ministerio de Vivienda apenas crece si descontamos la ayuda a la emancipación anunciada en el final de la anterior Legislatura.

Por último, los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación civil aumentan un 6,7%, un porcentaje muy inferior al de ejercicios anteriores, pero el 53% de las asignaciones son operaciones financieras que articulan préstamos y otras modalidades de financiación del sector privado. Hay más recursos para las empresas privadas pero en un contexto de falta de transparencia en la adjudicación de esas modalidades de financiación y sin una verdadera política de evaluación y control de resultados. Por el contrario, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sufre un recorte nominal del 1% -descontando las operaciones comerciales por su conversión en Agencia- y el resto de Organismos Públicos de Investigación quedan congelados en la práctica.

En suma, cuando la iniciativa privada se encuentra bajo mínimos, la expansión del gasto público no será la suficiente por la combinación de dos factores: la insuficiencia de los ingresos públicos agravada por las políticas discrecionales del Gobierno en forma de rebajas fiscales, y la limitación del déficit público al no agotar en su programación los márgenes que permiten los compromisos comunitarios.

Estos Presupuestos no ofrecen sólidas mejoras en el gasto social, no fortalecen los servicios públicos, y no dan un impulso efectivo a inversiones públicas sostenibles social y ambientalmente. Son inoperantes como instrumento anticíclico. Frente a las rebajas impositivas, el gasto público en inversión y en protección social es más eficiente desde el punto de vista redistributivo, y también más eficaz para contribuir a la reactivación de la economía.

* Area de Economía de IU