Hasta mediados de los 80 los avances conseguidos por los/as trabajadores/as en políticas sociales (sanidad, servicios sociales, educación etc.) marcaban la política de muchos países, especialmente en Europa y Norte de América.

Sin embargo, durante el periodo señalado, el avance del «neoliberalismo», tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido y luego extendido al resto de los países llamados avanzados, ha ido reduciendo el papel de los estados como garante del bienestar de los ciudadanos.

A lo largo de este tiempo, el mercado se ha ido introduciendo en un campo que hasta el momento tenían vedado y, como el mercado siempre quiere obtener beneficios, en aquellos ámbitos que se ha introducido ha disminuido la calidad y ha encarecido la prestación de servicios sociales, educación y más recientemente la sanidad.

Pero nos equivocaríamos si pensáramos que tan sólo desde las posiciones ideológicas más a la derecha se mantiene esta línea estratégica. Éste es un modelo aceptado tanto por la derecha como por la socialdemocracia, si bien es cierto que colectivos próximos a la misma pretenden retomar principios que hace tiempo habían abandonado en el baúl de los recuerdos.

Cabría preguntarnos si lo hacen por convencimiento o porque las circunstancias les «obligan» a ello. La respuesta es fácil: por las circunstancias, el avance que ellos, los socialdemócratas, nunca pensaron de las posiciones más ultraconservadoras en el mundo.

Si bien es cierto que el avance de estas políticas apoyadas por organismos como la Organización Mundial del Comercio, el FMI y el Banco Mundial, con su ayuda, es una losa que no es fácil de levantar.

Ha pasado mucho tiempo pero es obligado señalar una cuestión, en el Tratado de Maastrich se estableció que el gasto público no debería superar el 3% del PIB, ni su endeudamiento el 60% del mismo. Sin embargo, cosa curiosa, no reconocía como endeudamiento el efectuado por empresas públicas pero de gestión privada, aunque éstas fueran financiadas en su totalidad con fondos públicos y lo mismo para los servicios contratados desde el sistema público con empresas privadas.

Y así, poco a poco, de forma solapada, para que nos fuéramos acostumbrando, el mercado va desalojando al sector público y así se está introduciendo en la Sanidad Pública.

En el año 1997, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una Ley, conocida como al 15/97, que abría la puerta a otros modelos de gestión sanitaria: Fundaciones, Empresas Públicas. A partir de esta normativa, comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña e incluso Madrid ceden a la iniciativa privada la posibilidad de gestionar recursos, cuya titularidad es pública.

La Comunidad de Madrid se dota de Leyes, desde la LOSCAM a apartados concretos en la Ley de Medidas Fiscales, que sitúan a la iniciativa privada sanitaria al mismo nivel que el sector público. Es más, en la última Ley de Medidas, se abre la posibilidad de que los hospitales llamados tradicionales puedan, una vez realizado el Estudio de los Planes Funcionales, acogerse a un modelo de gestión similar al de los nuevos hospitales.

Este modelo, conocido como PFI, permite que empresas privadas, esencialmente constructoras, financieras y empresas multinacionales de servicios, financien la construcción de hospitales para el sistema público (esta financiación la realizan bien con fondos propios o recurriendo al endeudamiento).

Estas empresas tienen la obligación de hacer los proyectos, construir, suministrar e instalar los equipamientos y mantener los inmuebles, igualmente se les permite explotar los aparcamientos, zonas de ocio, comerciales etc. en los terrenos públicos. A la Administración Pública, le corresponde, ceder los terrenos (municipios), gestionar los servicios asistenciales y pagar un canon (CC.AA.), en el caso madrileño por 30 años, a partir de la entrega de la obra.

Las siglas de este modelo corresponden a las palabras inglesas «Private Financiation Iniciative». Fueron los ingleses los primeros que lo pusieron en marcha y los primeros en denunciar el «fiasco» que ha supuesto este modelo.

Como ejemplo el Hospital Reina Elizabeth en Greenwich, hospital estrella del modelo en cuestión. Pues bien, al poco tiempo se enfrentó a una situación de quiebra ya que sus costes excedían en 19,7 millones de libras anuales lo inicialmente contratado con el servicio sanitario inglés. Se resolvió refinanciando el acuerdo, pero a pesar de ello, expertos en la materia consideran que el déficit en el periodo 2008-2009 puede alcanzar los 100 millones de libras.

El otro modelo, además de los ya existentes -hay que recordar que Madrid es la comunidad donde más modelos de gestión conviven-, son las concesiones administrativas. En la Comunidad de Madrid el ejemplo es Valdemoro y según parece los futuros hospitales que se ubicarán en Collado-Villalba, Torrejón, 2º de Móstoles y el que se construirá en los terrenos de la ya derruida cárcel de Carabanchel.

En España. el hospital más significativo gestionado por este modelo es el de Alzira. Este centro se inauguró en 1999 fijándose una cantidad de 204euros por habitante año, es decir 47 millones de euros, con independencia de que se utilizaran o no ese año los servicios sanitarios, pero y, de manera curiosa, aumentó el número de personas adscritas al centro en más de 11.000, lo que supuso que el importe a abonar por capitación fue de 2,3 millones más de euros.

Esto que, a primera vista, podría parecer un buen negocio, no fue así. En el primer año la empresa cerró con pérdidas, para solucionarlo se amplió la oferta fuera del área que el centro gestionaba, la consejería debía abonar, aparte, cada ciudadano/a atendido de fuera de la misma.

En 2001, parecía que la UTE podía anunciar beneficios pero en 2002 se comprobó que las pérdidas iban en aumento. Así, durante los primeros años se reconoce una pérdida de 5,24 millones de euros.

El Gobierno de la Generalitat tuvo que acudir al rescate y, en primer lugar, decidió rescindir el contrato y convocar un nuevo concurso en el que se incluyese además la gestión de la atención primaria, lo que suponía, sin duda, una sustancial mejora para la nueva empresa adjudicataria.

A todo esto y, como es lógico suponer, la Consellería tuvo que abonar a la UTE la inversión realizada, lo que le llevó a reducir en un 40% la inversión prevista para los centros públicos para el ejercicio 2003.

El nuevo contrato resultó más rentable para la futura adjudicataria elevó el pago por habitante a 379euros, alargó el periodo de concesión y, previó para la empresa un pago del 30% de lo que ahorrase en gasto farmacéutico.

La sorpresa la dió el Gobierno de la comunidad valenciana al conceder a la misma UTE, autora del desastre, la gestión del Hospital de Alzira.
El Gobierno Aguirre, paradigma de gobierno «neocon» del PP, argumenta, con el objetivo de defender lo indefendible, que los ciudadanos no «entran» en los centros con la tarjeta de crédito. Es verdad, tan sólo entran con el cheque de sus impuestos debajo del brazo, pagando más de 70 millones de euros anuales en función del canon a las empresas concesionarias, más de 300 euros por cada uno de los habitantes adscritos al Hospital de Valdemoro, que están entorno a 150.000. y más de 190 millones de euros a una fundación privada, la Jiménez Díaz, que ha pasado de ser hospital de apoyo de dos áreas sanitarias, a gestionar la salud de más de 400.000 madrileños/as.

Esta fundación, propiedad de CAPIO (empresa sueca que a su vez está comprada por una empresa de capital riesgo norteamericana), ve como cada año aumentan en los presupuestos de la Comunidad los recursos a ella destinados por encima de los que se destinan a los hospitales tradicionales, y ve, además, como se le «ceden» recursos propiedad del antiguo INSALUD: los centros de especialidades de Pontones y Quintana.

Los madrileños, una vez más, pagan con sus impuestos a trabajadores sanitarios privados.

Por tanto el PP miente cuando dice que los ciudadanos madrileños no pagan, ya que pagan y mucho; miente cuando dice que ha mejorado la calidad asistencial, ya que los problemas surgidos con reorganización de efectivos es una realidad que cualquier madrileño comprueba día a día y, miente cuando dice que no privatiza la sanidad, ya que en la última jornada efectuada en el madrileño hotel Ritz, altos cargos de la Consejería hablan de oportunidad de negocio para las empresas que opten por su entrada en el ámbito sanitario.

* Diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid.

El Consejero de sanidad madrileño habla de copago por parte de los enfermos.

Juan José Güemes, el consejero de Sanidad del gobierno regional de Esperanza Aguirre, se crece con los abucheos que recibe cada vez que se presenta escoltado en un hospital. Su última hazaña ha sido abrir el debate para discutir si los enfermos tendrán que pagar algún dinero cada vez que acudan a consulta. Dice que ya lo hacen en muchos países, y aquí en España también se aplica con los medicamentos. Añade que “moralmente este es un debate obligado en la Sanidad Pública” y que ya es hora de que se aborde. El Ministro de Trabajo descarta el copago, igual que lo hicieron sus antecesores del PSOE y del PP.