La Audiencia Nacional ha acordado este viernes la puesta en libertad provisional de James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., el millonario estadounidense que permanece detenido desde el pasado 10 de julio en Ibiza a petición de las autoridades de Estados Unidos. La decisión llega después de que el Departamento de Justicia estadounidense reconociera tres errores «sustanciales e involuntarios» en la traducción al español de la documentación remitida para reclamar su extradición.
El tribunal ha impuesto a Chambers varias medidas cautelares: deberá entregar su pasaporte, no podrá abandonar España y tendrá que comparecer semanalmente ante el juzgado. La decisión no supone el archivo del procedimiento ni descarta una futura entrega a Estados Unidos, pero introduce un giro importante en un proceso que hasta ahora mantenía al activista en prisión provisional.
La Sala de lo Penal considera que los errores reconocidos por Washington constituyen una novedad procesal que puede tener relevancia en el resultado final de la petición de extradición. Por ello, ha decidido aplazar su resolución y dar traslado a las partes para que se pronuncien sobre las consecuencias de las incorrecciones detectadas.
Tres errores en la documentación estadounidense
El origen del giro se encuentra en una comunicación remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Audiencia Nacional un día después de la vista de extradición. En ella, Washington reconoció tres errores en la traducción de la declaración jurada de una agente del FBI utilizada para fundamentar la solicitud de entrega. Las autoridades estadounidenses calificaron las incorrecciones de «sustanciales e involuntarias» y responsabilizaron de ellas a la empresa privada contratada para realizar la traducción.
Las discrepancias afectan a la descripción de los hechos atribuidos a Chambers durante una protesta contra una empresa vinculada a la industria armamentística israelí en Estados Unidos. Uno de los aspectos señalados es la incorporación del término «violencia» en la versión española, una palabra que, según la defensa, no aparecía en el documento original.
Los abogados del activista consideran que las alteraciones no son simples errores formales, sino que contribuyen a presentar los acontecimientos con una gravedad mayor y a construir una acusación de carácter terrorista. Su equipo jurídico sostiene que existen hasta treinta modificaciones incriminatorias y ha solicitado que un perito examine la documentación, además de reclamar una nueva traducción oficial realizada por un traductor jurado designado por el tribunal.
La Audiencia Nacional ha considerado que las incorrecciones reconocidas por Estados Unidos ponen en cuestión la fidelidad de la traducción y reducen, al menos temporalmente, la solidez de la solicitud de extradición. También advierte de que será necesario estudiar la relevancia de los errores antes de adoptar una decisión definitiva.
Cinco años de prisión por una protesta propalestina
Chambers fue detenido el 10 de julio en Ibiza, donde se encontraba de vacaciones, y permanece en prisión provisional desde entonces. Estados Unidos reclama su extradición por presuntos delitos de blanqueo de capitales, conspiración para cometer disturbios y posible financiación de Hamás.
La petición estadounidense incluye su participación en una protesta celebrada el 20 de noviembre de 2023 contra una empresa fabricante de armamento israelí. Las autoridades le atribuyen haber contribuido a organizar la movilización, adquirir materiales para bloquear los accesos y participar en acciones contra las instalaciones.
La diferencia entre las penas reclamadas también ha sido uno de los argumentos de la defensa: mientras que otros participantes en aquellos acontecimientos fueron condenados en Estados Unidos a unos 60 días de prisión, Washington solicita cinco años para Chambers.
En relación con las acusaciones económicas, las autoridades estadounidenses investigan transferencias de fondos que consideran vinculadas a la financiación de actividades de Hamás. Chambers niega haber financiado a ninguna organización terrorista y sostiene que sus aportaciones se destinaron a proyectos sociales y humanitarios en Palestina y Túnez.
La defensa denuncia una persecución política
El caso ha adquirido una dimensión política por el perfil de Chambers, heredero de una de las grandes fortunas empresariales de Estados Unidos, que se declara comunista y ha dedicado parte de sus recursos a iniciativas de solidaridad con Palestina.
En la vista celebrada ante la Audiencia Nacional, el estadounidense reconoció su participación en el activismo propalestino desde la adolescencia, pero negó haber cometido actos violentos o mantener vínculos con organizaciones terroristas. También denunció que la petición de extradición responde a una persecución política de la Administración de Donald Trump por su apoyo a la causa palestina.
La Fiscalía española, por su parte, había defendido que se cumplían los requisitos legales para proceder a la extradición. El Ministerio Público rechazó que existiera una motivación política detrás de la reclamación y consideró que los hechos descritos por Estados Unidos podían encajar en delitos de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos.
La puesta en libertad provisional supone así un importante revés para la petición estadounidense, aunque todavía no resuelve el fondo del procedimiento. La Audiencia Nacional deberá estudiar ahora los efectos de los errores reconocidos y determinar si la documentación corregida permite mantener la reclamación.
En caso de que el tribunal autorice finalmente la extradición, la última palabra sobre la entrega corresponderá al Gobierno español. Mientras tanto, Chambers abandona la prisión después de más de cuatro meses de detención, pero seguirá sometido a medidas cautelares y a disposición de la Justicia española.







