Desde el inicio de la legislatura el Gobierno Aguirre se ha caracterizado por el uso y abuso de la mayoría absoluta, por adecuar el Parlamento regional a sus intereses y por una política ultraliberal a ultranza.

El conflicto y la confrontación han sido la norma habitual de una Presidenta y un Gobierno más ocupado en sus aspiraciones personales y en consolidar grupos de poder afines que de las necesidades de madrileños y madrileñas.

Los últimos meses ha estallado el escándalo y lo que hoy sabemos es seguramente la punta del iceberg de lo que ha estado pasando y consecuencia muy directa del blindaje del que se ha ido dotando el gobierno regional en sus últimos años.

Nosotros mantenemos que todo se inicia con el silencio que cayó sobre el Tamayazo del que nunca se supo quienes habían intervenido realmente y por qué quedó en la impunidad más lamentable.

No es sólo que los acontecimientos fueron graves, lo incomprensible es que ni desde la investigación judicial, ni desde la investigación política, ni desde la periodística, se haya podido desvelar la trama que impidió un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y que ha encanallado de forma miserable la vida política madrileña.

Los últimos escándalos son la gota que colma el vaso de una legislatura plagada de conflictos y prepotencia:
En el mes de enero de este año aparecen noticias sobre posibles espionajes políticos en la Comunidad de Madrid, que los afectados llevan a los tribunales: tanto el actual vicepresidente, Ignacio González, como el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Sr. Cobo y el exconsejero de Justicia, Alfredo Prada.

El propio PP abre una Comisión interna y se empieza a conocer que desde el año 2006 circularon informes y dossieres que conocía Génova y que afectaban a los hombres de confianza de Esperanza Aguirre (Granados y González) todo ello ratificado por Rajoy y por la propia Presidenta.

Así que con esta base, se aprueba la «Comisión de Investigación», que tendrá por objeto esclarecer hechos muy graves que, en nuestro criterio, suponen vulneración de derechos fundamentales, con fondos públicos y sin control político ni policial.

En el trasfondo de todo ello y en una etapa inmediatamente anterior, los dossieres, informes, contratos y concesiones.

Mientras se desarrollan estos acontecimientos aparece el sumario Gürtel, con implicación en casos de corrupción de cargos públicos y responsables del PP.

La gravedad de la trama de corrupción se salda en un primer momento con la dimisión de López Viejo, Consejero de Deportes, del ex-alcalde de Majadahonda y del alcalde de Boadilla. Aparecen también implicados dos diputados regionales (uno de ellos presidente de la Comisión de Investigación), y posteriormente también los alcaldes de Arganda y de Pozuelo, que se ven obligados, de igual forma, a dimitir.

La trama de corrupción y el sumario no afectan sólo a Madrid, sino que se extiende a Valencia y supone un escándalo de alcance nacional y de gran impacto.

En ese momento el PP nacional, cierra filas, se hace la foto de familia, suspende su propia investigación que derivan al Parlamento Regional y empiezan su defensa con el ataque a Garzón al que le presentan cuatro querellas y se sitúan de «víctimas» de una campaña de acoso.

La Comisión del Parlamento dura tres días y medio y en ella impiden la comparecencia no sólo de los afectados, sino también de los principales responsables políticos.

Cerrando cualquier investigación en el Parlamento y derivando a la justicia los distintos casos, delegan la responsabilidad política a una investigación judicial que, por otro lado, han convertido en una verdadera batalla, encabezada por Trillo y secundada por todos.

Las argumentaciones y la práctica son «perversas», y en Madrid son el reflejo de una forma de gobernar de la que no cabe esperar rectificación.

En Madrid hay que reaccionar, mientras se habla de transparencia se amordaza al Parlamento y se sigue con una política sin tregua controlando los resortes que nos pertenecen a todos, saltan las alarmas en Universidad, en Telemadrid, en la Sanidad con una escalada de privatizaciones que pretende alcanzar la atención primaria, en el pillaje para privatizar el agua o en las agresiones a la Educación Infantil.

Este no es un debate y una bronca de políticos en las instituciones. Lo es también de la calidad democrática, de los controles democráticos, de la consolidación de poderes y grupos de interés que condicionan de forma interesada la política.

En nombre de una supuesta «libertad», de mercado por supuesto, se permite entregar patrimonios y derechos comunes construidos con años de esfuerzo a la voracidad del mercado y a los que nos han traído hasta la crisis económica que estamos viviendo, y que exigen ahora nuevas expectativas de negocio en los servicios públicos y en otros sectores a los que pretenden aplicar la más dura política ultraliberal.

Para eso se necesita amplios márgenes de impunidad, controles débiles y parlamentos amordazados.

Y ante eso lamentarse o trivializar el debate es entrar en la argumentación del contrario. Hay que reaccionar, defender la dignidad democrática y los derechos

* Portavoz de IU en la Asamblea de Madrid