Para la ciudadanía de la Región de Murcia es casi habitual encontrar en las páginas de los rotativos de cobertura autonómica alguna noticia relacionada con la corrupción política ligada a magnánimos proyectos urbanísticos. La huerta de Murcia, uno de los principales exponentes históricos de esta comunidad, ha sido sustituida por el ladrillo y el cemento, transformando grandes extensiones de terreno destinado al cultivo de hortalizas y frutas en urbanizaciones dirigidas al uso residencial, centros comerciales o campos de golf para el disfrute de los turistas. Un paisaje esperpéntico denunciado en numerosas ocasiones por grupos ecologistas e Izquierda Unida, pero amparado e impulsado por la Administración regional, del PP, por medio del desarrollo de un modelo productivo que, como un castillo de naipes, se ha derrumbado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria dejando en paro a 108.019 personas y registrando el mayor incremento del desempleo de todas las comunidades autónomas españolas el pasado mes de julio.
Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos tiempos en Murcia ha sido el del popular Francisco Marqués. Ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente en dos períodos distintos, y ex delegado del Gobierno en la Región, Marqués fue detenido en Madrid por agentes de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el marco del caso Zerrichera, que toma el nombre de una finca ubicada en el municipio de Águilas, donde se preveía construir 5.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf, pese a que una parte de la zona está protegida por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Junto a Marqués, fueron arrestados varios cargos públicos del ayuntamiento de Águilas, también del PP.
El caso Tótem, desarrollado en la localidad murciana de Totana, donde gobierna el Partido Popular por mayoría absoluta, es también otro de los ejemplos de corrupción emblemáticos de la Región de Murcia. En él están presuntamente implicados cargos públicos, entre los que se encuentra un ex alcalde del municipio y diputado regional del citado partido que fue posteriormente expulsado al grupo Mixto, así como empresarios procedentes de distintos puntos de España. El objetivo: la compra de un terreno situado en la pedanía de El Raiguero, utilizado hasta entonces para el cultivo de verduras, con el fin de construir un total de 5.040 viviendas. El asunto salpicó, entre otros, a la secretaria del ayuntamiento y al actual alcalde de Totana, que pasó dos meses en prisión acusado por diferentes delitos, de la que salió tras pagar una fianza de 70.000 euros.
Librilla, un pueblo murciano cuya población se dedica a actividades principalmente agrícolas, fue también escenario de una supuesta trama de corrupción urbanística que implicó presuntamente a más de diez personas, entre las que se encontraban el concejal de Urbanismo y el primer edil, quien se convirtió así en el tercer alcalde murciano que un juez ha mandado a prisión desde 2007, tras la detención del regidor de Torre Pacheco, también conservador.
Pero los casos mencionados no son los únicos destapados en la Región de Murcia. Un total de 26 municipios de los 45 que integran esta comunidad autónoma tienen abiertos procesos judiciales por corrupción contra alguno de sus cargos públicos, la mayoría del PP, pero también del PSOE, como es el caso de la localidad costera de Los Alcázares, donde tuvo lugar la operación Ninette, en la que supuestamente estuvo implicado del alcalde, que tuvo que pagar fianza para no ir a la cárcel, así como otras 14 personas más.
Esta situación parece no haber alterado la mentalidad de la sociedad murciana. Curiosamente, en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo más del 60 por ciento de votantes de la Región se posicionó a favor del PP, convirtiéndolo en la fuerza más votada de España con respecto al resto de comunidades autónomas. Mientras, en los pueblos donde hay abiertos procesos por corrupción se crean grupos a favor de los cargos públicos implicados. Como muestra el caso de Totana, donde tras el ingreso en prisión de su primer edil, el PP local registró un importante aumento de sus afiliados, al tiempo que se organizó una plataforma ciudadana a su favor.
La especulación urbanística y el ‘ladrillazo’ impulsado por un modelo socioeconómico neoliberal basado en la precariedad laboral, la economía sumergida y los bajos salarios, no sólo ha afectado a los que se han enriquecido en su apuesta por un modelo económico frágil. La crisis ha tocado de lleno a miles de familias murcianas, que ahora sobreviven sin apenas cobertura social. Los jóvenes, especialmente los que dejaron sus estudios ante el auge del sector inmobiliario, se ven ahora sin dinero ni formación, y el desempleo azota con mayor intensidad a las mujeres e inmigrantes. En la Región de Murcia, trece empresas echan cada día el cierre dejando en paro a sus trabajadores, encabezando la desaparición de nichos de empleo desde agosto de 2008 y se prevé que la construcción caerá más del 8 por ciento a consecuencia de la crisis inmobiliaria.
Mientras, según publica un diario de tirada regional, el Gobierno regional destina un total de 565.562 a gastos protocolarios y de representación. Esas son las dos caras de la moneda, aunque tristemente siempre sean los mismos los que caen boca abajo.
