La recaudación fiscal ha caído en el territorio fiscal del Estado un 19 por ciento en el primer semestre de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior. Para darse una idea de lo que esto significa, baste recordar que en la grave recesión de 1993, la recaudación del estado disminuyó un 2,8 por ciento.

Sin duda es la peor noticia que nos ha deparado el rosario de desgracias asociadas a la crisis. Si esta tendencia se mantiene en el segundo semestre significará que el objetivo de aumentar el endeudamiento para contrarrestar los efectos de la crisis sobre la actividad y el empleo será misión imposible, porque todo el endeudamiento servirá como mucho para mantener el presupuesto de 2010 en los mismos niveles que el actual. La política de ahorro y contención de gastos aplicada por el gobierno para compensar la caída en la recaudación es inefectiva por la escasa dimensión que tiene. Ya no se podrá ahorrar gastos solamente quitándole el chocolate al loro; ante un desplome de la recaudación de tal magnitud, habría que optar por permitir el deterioro de la sanidad, recortar gastos en el sistema educativo, o aceptar que empiecen a aparecer baches en todas las carreteras del país. Pero además es una grave irresponsabilidad en medio de la mayor crisis de liquidez, de demanda y de empleo de los últimos cincuenta años. El aumento del gasto público es el principal instrumento para intervenir de forma inmediata en respuesta a la caída del empleo y de la actividad económica, y la eficacia del gasto dependerá de la medida en que se utilice para crear empleo y favorecer el cambio estructural hacia una economía más sostenible y productiva.

Por tanto, si no se quiere que desaparezca la posibilidad de utilizar el gasto público como último recurso ante la crisis, es imprescindible actuar de inmediato sobre los ingresos. Bien es verdad que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por una parte, la política fiscal, sobre todo por el lado de los ingresos, es un problema de cultura social en el que nuestro país se muestra bastante inculto. Es una grave carencia de nuestro sistema político que cada vez que se discute de una nueva política o del aumento del gasto en tal o cual servicio público, no se delibere al mismo tiempo sobre cómo generar los recursos para pagar la factura.

Pero la situación de la recaudación requiere adoptar decisiones de gran envergadura en este campo. Empezando por un diagnóstico rápido pero profundo sobre lo que está ocurriendo, porque ¿Cómo se explica que la recaudación fiscal se haya reducido casi tres veces más que la actividad económica? Es cierto que la economía está en crisis; en 2008 desaparecieron 620 mil empleos, y en el primer semestre de 2009 otros 912 mil. Esto significa que la actividad económica se redujo en 2008 aproximadamente un 3 por ciento, y en el primer semestre de 2009 un 4,5 por ciento, es decir, respecto a 2007, la actividad productiva ha descendido un 7,5 por ciento hasta el inicio del verano de 2009.

Como se puede observar, es en la caída en los impuestos que pagan las empresas (sociedades) o que se encargan de recaudar las empresas (IVA) donde se concentra el desplome de los ingresos. Una reducción que va mucho más allá de la evolución real de la economía. Y sin embargo no hay signos de que el descalabro recaudatorio haya hecho cuestionarse a sus responsables sobre las virtudes y defectos del modelo fiscal español.

Y sin embargo son muchos y muy profundos los problemas estructurales de nuestro sistema fiscal que se agudizan con esta coyuntura de contracción de los ingresos: un sistema fiscal que descansa sobre las espaldas de la producción y el trabajo, al tiempo que ha desmontado la ya de por sí escasa fiscalización de partida de la riqueza y las rentas de la propiedad. Unos órganos de inspección infradotados en recursos humanos y con sistemas de estimación de rentas e ingresos poco eficaces, tanto desde el punto de vista legal como técnico. Y un nivel de recaudación adecuado para una sociedad del medioestar, pero que necesita recaudar al menos diez puntos más de la renta generada cada año, para dar el salto efectivo a una sociedad del bienestar. Todo ello en el contexto de una cultura fiscal que fomenta el fraude y la evasión fiscal, los cuales en esta coyuntura de crisis se están disparando a niveles no conocidos desde hace décadas. Actuar rápidamente en todos estos campos es vital para enfrentar la crisis y avanzar en el cambio estructural, tanto como pueda serlo actuar por el lado del gasto. Puede que la crisis sea, en efecto, una oportunidad para cambiar y mejorar, o para todo lo contrario; todo depende de la voluntad colectiva.

*Profesor de Economía en la
Universidad del País Vasco.