Esta crisis no la han provocado ni los salarios de los trabajadores, ni una mala predisposición al trabajo de estos, como muestran los constantes aumentos de productividad de los últimos años. La crisis ha puesto en evidencia unas responsabilidades de un incorrecto uso de los recursos económicos y financieros por parte de los propietarios del gran capital y subsidiariamente de quienes debían controlar sus operaciones financieras. Parece lógico que quienes han producido la crisis, por su codicia y apetito de mayores beneficios o por su irresponsabilidad, fuesen quienes corriesen con los costes principales de su salida.

Y estos costes son importantes. El grave aumento del desempleo está poniendo en graves aprietos el precario estado del bienestar de nuestro país: aumentan los costes del seguro de desempleo, bajan los ingresos de la seguridad social, más jóvenes están interesados en cualificarse en el sistema público de educación, etc. Y obviamente solo hay una salida: aumentar el gasto público y para ello es necesario subir los impuestos.

Pero la CEOE, tiene una clara consigna: pedir más y más subvenciones a la industria y negarse a pagar más impuestos. Ellos que clamaban contra los controles del Estado sobre las inversiones bursátiles, que clamaban por una mayor desregulación del suelo que ha acabado por producir la terrible burbuja inmobiliaria, que pedían gestionar los fondos de pensiones de los trabajadores para deglutirlos en sus operaciones especulativas, ahora sin el menor sonrojo siguen pidiendo más de lo mismo.

Parece banal dedicarse a criticar este discurso. Al igual que el drogadicto que sigue implorando más heroína, parece que nuestros capitalistas ante el desastre que han provocado, solo sepan insistir en nuevas dosis de ayuda pública y mayores facilidades para su sed insaciable de beneficios, por mucho que su gestión evidencie que están destruyendo el cuerpo social del país.

Lo que sorprende es la respuesta de los gobiernos que se reclaman de izquierdas. En nuestro país, el gobierno de Zapatero tiene que hacer frente a la amenaza del colapso de las cuentas públicas (que afectaría también a un gobierno de derechas por mucho que desde el PP, además corruptos en el uso de los recursos públicos, ahora se haga demagogia sobre la no necesidad de aumentar los impuestos). El problema es sobre quién van a gravitar estos nuevos impuestos.

Y la opción resulta ser claramente regresiva cuando la propuesta del gobierno pone el acento en los impuestos sobre el consumo, el IVA. Este es un impuesto que pagan esencialmente los trabajadores del país, cada vez que compran cualquier mercancía o servicio. Es un impuesto regresivo: un capitalista que gane 100 veces más que un trabajador no consume 100 veces más agua o pan. Probablemente consume lo mismo, con un impuesto sobre el consumo el que tiene y/o gana mucho paga una cantidad de dinero muy cercana al que tiene poco, no paga en proporción a sus posibilidades.

Por el contrario la tradición de izquierdas, que hasta no hace tantos años compartió la socialdemocracia, entendía que el que tiene más debe pagar más, no solo cuantitativamente, sino proporcionalmente. Es decir quien tiene el doble, no tan solo debe pagar el doble, sino algo más porque dar un euro de cada diez que tiene le cuesta menos que al que tiene muy poco.
No inventamos nada, es la fiscalidad progresiva que se paga sobre el Impuesto de la Renta, el de Patrimonio y los impuestos sobre beneficio empresarial. En todos ellos los sucesivos gobiernos en España y Europa, impregnados de doctrina neoliberal los han erosionado de dos maneras desde la caída del muro: haciéndolos menos progresivos (paga la misma proporción de los beneficios una gran empresa que una pequeña) y reduciendo el tipo de gravamen (la parte que se quedaba el Estado).

Ahora ante la quiebra de las cuentas públicas, cuando los Estados se han quedado por sus reformas sin fuentes de financiación se propone volver al siglo XIX y aumentar el tipo de gravamen del IVA, es decir los impuestos indirectos sobre el consumo. Ya advertía de este peligro en un artículo aparecido hace poco en estas mismas páginas. ¿Por qué era predecible que Zapatero aumentase el IVA? Porque es la reforma fiscal que menos molesta a los empresarios y grandes propietarios. Esa medida muestra que es a ellos a quien teme Zapatero y este gobierno, no la inmensa mayoría de ciudadanos que entre otras cosas son los que les han votado y recordemos, no son quienes han provocado la crisis.

A mi entender esta medida no solo es muy injusta, sino que además es un suicidio para la izquierda que gobierna y no va a resolver los problemas estructurales que tenemos.

Es un suicidio político, porque la reforma que respecta a los muy ricos, va a gravar sobre los trabajadores que conservan el empleo y tienen una mayor cualificación, y los va a poner en brazos de la derecha política que no va a perder el tiempo para desplegar una previsible demagogia en que criticará las medidas, guardándose mucho de decir qué es lo que va a hacer. Otros ciudadanos asqueados de esta traición a los principios de la solidaridad, simplemente se abstendrán si no encuentran un referente alternativo solvente.

Pero además ni tan siquiera va ayudar a salir del agujero en que estamos. Se trata de un parche que permite cerrar las cuentas del gobierno a corto plazo, pero que reducirá el consumo interior al producir un aumento de precios. Y esto afectara mucho a la producción de bienes de producción local, lo que repercutirá en un aumento del desempleo. Porque el gran consumidor de bienes en este país siguen siendo los trabajadores: alimentos, reparaciones, transporte, turismo interior, etc.
Finalmente debemos señalar que esta contrarevolución fiscal, se da en un entorno en que no hay planificación. No hay un sentido estratégico de establecer cuáles son las prioridades de inversión. No hay nuevos criterios de gestión de la economía que eviten las burbujas especulativas. Por ello este esfuerzo no nos sacara de la crisis, sino que nos estancara en ella.

Mientras hay que denunciar que no se ataca el evidente fraude fiscal. En los paraísos fiscales como Andorra o Gibraltar, para no ir muy lejos, siguen actuando nuestros bancos, que en lugar de pagar impuestos reciben subvenciones millonarias. Aquellos que se han lucrado millonariamente con el boom inmobiliario a costa de dejar endeudada a la población en hipotecas de por vida ¿van a pagar el 18% sobre sus beneficios, tasa a la que se pone ahora al IVA que pagaremos el resto de ciudadanos? La especulación ha enriquecido instituciones privadas, y estas ahora quedan libres de responsabilidades. Valga solo un ejemplo ilustrativo: estos días en Barcelona en el juicio a mafias económicas que sobornaron a inspectores de Hacienda, entre los que aparecen personajes bien conocidos como Núñez (el de Núñez y Navarro y el del Barça) o Javier de la Rosa, la defensa parece haber encontrado una optima salida al macroproceso, porque han prescrito los cargos, ya que para deshacer la telaraña se necesito 10 años para preparar el sumario.

Hay otras reformas fiscales posibles, las que hacen pagar a quien defrauda, las que hacen pagar más a quien más tiene. Y hay otra manera de gobernar la Hacienda Pública, para emplear sus recursos no para contentar a los lobbies del automóvil o la banca, sino para crear planificadamente tejido productivo y empleo en un nuevo modelo económico sostenible, al servicio de las necesidades de todos los ciudadanos.

Ramón Franquesa, Miembro del PSUC. Economista de la Universidad de Barcelona.