Dos elementos nos encontramos de novedoso en el actual proceso del llamado Diálogo Social, respecto a otros que se han dado en circunstancias parecidas de crisis del capitalismo; por un lado es evidente el giro a la izquierda de las posiciones sindicales, una posición de firmeza en los recortes laborales, así como situar en el centro del debate la limitación de los beneficios empresariales y el destino de éstos hacia la reinversión productiva, lo demuestran a las claras, y por otro lado una división en el seno de las organizaciones patronales, no sólo motivado por lo de Díaz Ferrán o la ya clásica actitud de recortes permanentes con fórmulas caducas y fracasadas, sino por la incapacidad para homogeneizar sus propuestas y realizar alguna aportación al diálogo, por buena o mala que sea.

La división interna en el seno de la organización patronal, suma a sus ya problemas tradicionales de representación un bloqueo interno que se está trasladando a la mesa de diálogo.

Estas son las novedades. El resto es lo mismo de siempre: la patronal intentando, tal como le ha funcionado en anteriores ocasiones, realizar recortes de derechos laborales antes de la salida de la crisis para situarse en una mejor situación cuando se salga de ella. La derecha política reclamando reformas de flexibilidad, y arrojándole al Gobierno a la cara su incapacidad para ponerla en marcha. Por último los poderes financieros aullando recortes a los trabajadores y lanzando el mensaje de que el Gobierno es preso de los sindicatos de clase y que éstos son «el freno para el avance de la modernización económica».

Solo faltaría un giro a la derecha de las posiciones del gobierno del PSOE, para fotografiar situaciones anteriores, donde los trabajadores han tenido que sufrir medidas que se vendían como indispensables y que después solo han sido las responsables de empeorar la precariedad y el desempleo.

Pero vayamos a la situación actual. Podríamos dividir el diálogo social en tres bloques: La reforma de la negociación colectiva, la del llamado mercado de trabajo y las pensiones o situación de la Seguridad Social con todo lo que conlleva.

Las posiciones se pueden resumir por bloques:
El Partido Popular, ya quitándose la careta de derecha moderna y dialogante, reclamando un abaratamiento de la salida del mercado de trabajo, con contratos que determinen el abaratamiento de la indemnización por despido, olvidando que ya existe desde 1996 un contrato que reduce la indemnización a 33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 45 días y 42 mensualidades, para el despido objetivo improcedente, que no sólo no dio los resultados prometidos, sino que ha significado un mantenimiento de los porcentajes de precariedad y no ha resuelto para nada los de desempleo). A estas propuestas se ha sumado de una u otra forma la derecha nacionalista.

La CEOE, intentando repetir fórmulas caducas, que colaron en situaciones de crisis anteriores y con dos posiciones internas hasta hoy irreconciliables y que está bloqueando cualquier posición de diálogo constructivo.

Los poderes financieros, incluidos organizaciones internacionales (FMI, Bancos Centrales, etc.), que sin ninguna autocrítica de su absoluta responsabilidad en la actual crisis, reclaman mayores recortes para los trabajadores.

El Gobierno del PSOE, que da la sensación que empieza a ceder a ciertas pretensiones de la derecha, y que comienza a amenazar con realizar reformas vía decreto (cuando leáis esto ya se habrá celebrado el consejo de ministros del 5 de febrero, donde muy probablemente se ceda a alguna reducción de la cotización patronal a la S.S.).

La posición de UGT Y CC.OO. es, por ahora, la de una clara resistencia a no aceptar fórmulas de recortes que no han servido para nada en otras ocasiones, se sustenta en las siguientes propuestas:

– Respecto a la negociación colectiva, concurrir dinámicas de convenios estatales, que establezcan paraguas de protección para el conjunto de los trabajadores/as de este país (en la actualidad más de un millón de trabajadores/as no están bajo el marco de ningún convenio colectivo). Estos convenios estatales, podrían contar en un paso intermedio de convenios de comunidades autónomas y de convenios de empresas que desarrollen ciertas materias estipuladas en los convenios nacionales.

Debemos recordar que ante la actitud de la patronal de bloquear la negociación colectiva, los sindicatos (al menos algunos sectores) han convocado huelgas para conseguir superar la actitud de las patronales, tanto la de mantener el incumplimiento de lo firmado en convenios anteriores, como en la de no que entrar en la negociación de convenios colectivos que ya habían caducado su temporalidad.

– Respecto a la Seguridad Social la situación es más compleja, la patronal insiste en abaratar sus cotizaciones a la Seguridad Social, a pesar de que es indispensable ampliar el derecho de cobertura de un mayor número de desempleados/as.

Los sindicatos se oponen, lógicamente, y el gobierno (que ya ha comunicado su intención de no esperar la negociación bilateral y legislar en el Consejo de Ministros del próximo día 5 de febrero) realiza extraños movimientos de camuflaje. En los últimos meses del 2009 plantea que no es posible trasladar ninguna partida al Fondo de Reserva para las pensiones, posteriormente aparece un pequeño superávit de la Seguridad Social, en materia de cotizaciones y cambia de criterio comunicando a los agentes sociales que si va haber trasvase al Fondo, con el aplauso de las organizaciones patronales (CC.OO. en este punto ha solicitado una mayor información por el cambio de criterio, para comprobar que no conlleva efectos negativos indirectos).

– Por último CC.OO. y UGT, plantean sustituir la cultura de destrucción de empleo por causas económicas o productivas, planteando una reducción de jornada, complementado la parte del salario que se vería afectada con una nueva prestación social. Esta propuesta tiene los siguientes parámetros:

– Sería una medida de carácter extraordinario determinado por la gravedad de la situación, con una limitación a dos años, prorrogables en razón a la evolución de la situación económica y el empleo.

– La reducción temporal de la jornada debe estar en una horquilla entre el 10% y el 70%. Durante la duración de la medida no se podrá realizar horas extraordinarias.

– La reducción equivalente del salario se compensará por el Servicio Público de Empleo en una cuantía equivalente al 70% del salario bruto dejado de percibir. Esta compensación no supondrá reducción de la prestación por desempleo y se tendrá derecho cualquiera que sea el periodo cotizado.

– Las cuotas sociales se abonarán el 20 % por el empresario y el 80% por el SPEE).

– La medida llevará acompañada si se mantiene el empleo de la totalidad de la plantilla.
Los Sindicatos, han puesto en lo alto de la mesa un guión con las siguientes materias a tratar: política salarial, política de empleo, beneficios empresariales e inversión productiva, flexibilidad interna, declaración sobre la reforma de la estructura de la negociación colectiva, igualdad, mujer, salud laboral y prevención de riesgos laborales, plan de pensiones y formación.

Por último, solo recordar la iniciativa que I.U. ha llevado al parlamento para que en caso de despido improcedente la opción de reingresar en la empresa o cobrar la indemnización corresponda al trabajador, como medida para reducir los despidos no justificados.

Más adelante más.