El «documento sobre revisión del Pacto de Toledo», aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de enero, no plantea solo la propuesta de aumentar, de forma generalizada y obligatoria (en ningún momento habla de voluntariedad de la medida), la edad de Jubilación hasta los 67 años, sino que plantea una larga lista de medidas que supone de facto un recorte impresionante en el gasto social del Gobierno y una vuelta a la potenciación de los sistemas privados de complementariedad social, con un clarísimo giro del actual Gobierno a políticas liberales y de reforzamiento del beneficio de las entidades financieras, por cierto políticas ya fracasadas, y verdadero germen de la actual crisis del empleo.

Por falta de espacio, a la hora de mandar a imprenta este MO, me limito a enumerar el conjunto de propuestas, alguna de las cuales ya se comentan por si solas:

– Abre la posibilidad de modificar los tipos de cotizaciones existentes, aunque sean modificaciones parciales.
– Plantea la reducción del sistema de tarifas de cotizaciones según las categorías profesionales con sus volúmenes de ingresos, hasta un máximo de tres o cuatro, con una reducción de los tipos más elevados (beneficiando así a a las rentas salariales más altas).
– Pretende reducir la aportación del Estado al sistema General de la Seguridad Social, mediante la eliminación de las aportaciones de los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, entre otras.
– Posibilita examinar las cuotas dedicadas a la maternidad/paternidad, riesgo para el embarazo y/o para la lactancia, buscando una teórica financiación (sin clarificar), que tenga como fin reducir la aportación a estas protecciones sociales.
– Pretende revisar la cotización de los trabajadores autónomos, así como el régimen de ayuda familiar, por la que cotizan los cónyuges de estos que colaboran en negocios familiares.
– Se plantea, el actual Gobierno, reducir los fondos de reserva de las MATEPs (Mutualidades), abriendo la posibilidad de que la reducción de esta garantía pase a la gestión de estas entidades, reduciéndose la aportación obligatoria de los excedentes de estos fondos de reservas a la Seguridad Social. Es decir reduce los ingresos de la Seguridad Social por esta vía, incrementándoselo a las MATEPs.
– Revisa a la baja las pensiones por viudedad, sobre todo a aquellas personas sin hijo a su cargo, cambiándola en algunos casos por una indemnización en una vez.
– Estimula los sistemas de pensiones privados, es más, llega a argumentar literalmente que la ampliación de la edad de Jubilación a los 67 años beneficiaria los productos privados de previsión social complementaria.
– Trasvasa, a las Comunidades Autónomas el gasto de las pensiones de los Mutualistas que están contratados por éstas.
– Pretende eliminar en el futuro las Mutualidades de los funcionarios que trabajen para las Comunidades Autónomas.
– Plantea cambiar el sistema de cotización de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, transitando hacia un modelo basado en impuestos o mixto.
– Reduce las estructuras de gestión (no clarifica qué pasaría con el personal destinados en ellas), del INSS y el ISM, creando una estructura única para la Administración de la Seguridad Social.
– Interviene en la Incapacidad Temporal en la enfermedad de los trabajadores, creando una figura denominada Incapacidad Parcial.

En definitiva, menos prestaciones sociales, con el fin de potenciar los productos privados de prestaciones complementarias, o lo que es lo mismo utilizar las recetas de las instituciones más reaccionarias, encabezadas por el Fondo Monetario Internacional, recetas, por cierto ya fracasadas, olvidando cualquier proyecto de convergencia social con los países europeos más avanzados.