Si la sentencia que absuelve a Baltasar Garzón es un nuevo retroceso en el avance de lucha contra la impunidad en el caso del franquismo y, por tanto, en la defensa de los derechos humanos en relación con las víctimas, la posterior disposición del Tribunal Supremo sobre las competencias a la hora de acometer un exhumación de una fosa común, ha abierto la puerta al gobierno del Partido Popular a eliminar de un plumazo el desarrollo de políticas de Memoria, por una parte y, por otra, a reducir la búsqueda de desaparecidos en España a un mero negocio de recuperación rápida de restos. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, las víctimas, las asociaciones de derechos humanos, las entidades de memoria y los organismos internacionales de derechos humanos, no acudimos a los tribunales sólo en busca de la verdad –con la importancia que ésta tiene a la hora de recuperar la historia-, acudimos a ellos porque sólo en sede judicial, y sólo a través de la intervención de los tribunales y de la aplicación de las leyes penales en materia de derechos humanos, podemos llegar al resarcimiento de las víctimas, a levantar el manto de la impunidad y a conseguir los tres objetivos que cualquier país civilizado debe anteponer para completar su sistema democrático de valores y derechos: la justicia, la verdad y la reparación.
Si bien es cierto que el fenómeno Garzón ya no tiene demasiado fuelle a corto plazo, en lo relativo a la investigación de los crímenes del franquismo, el trabajo en recuperación de la historia democrática de nuestro país no debe pararse. Antes, durante y después, hemos de seguir dando la batalla por los derechos de las víctimas si queremos avanzar en democracia y terminar, por fin, con la impunidad y, en definitiva, con el franquismo.
Es por ello que el próximo 26 de mayo, en Madrid, están convocadas las entidades de víctimas y de memoria para debatir sobre futuro de movimiento y los pasos a seguir. Con ánimo unitario, pero con los límites que marcan la experiencia obtenida hasta el día de hoy, el encuentro debe responder a la necesidad de implicación de las administraciones públicas en el desarrollo de los contenidos en la Ley de Memoria, su ampliación, modificación o reforma que avance hacia la aplicación de los acuerdos internacionales en relación con la aplicación de los DD.HH y la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos durante la dictadura en España y, entre otras cosas, la creación de una amplia Comisión de la Verdad, de carácter institucional, político y judicial -no sólo de expertos, de notables o de parte- que investigue y verifique la realidad de lo sucedido y ponga, de una vez por todas, a los defensores de los valores democráticos, o sea los republicanos, en el lugar que en nuestra historia les corresponde. Ni más ni menos.
Y es por ello, por su lucha, su tesón y su generosidad, no hemos de olvidarnos de Domingo Malagón, que en fechas recientes nos dejó físicamente para siempre. Ello nos obliga a redoblar los esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias de una figura histórica que estará en los libros de texto como el más imprescindible de nuestra lucha clandestina, una vez superada la interesada amnesia de esta imperfecta democracia. Todo un orgullo es, y será, pertenecer a su mismo Partido.
La Asociación Foro por la Memoria tiene una oficina de atención en Madrid todos los lunes y miércoles de 10 a 13 horas, en la calle Carlos Solé 66, tel.: 91 3030649. http://www.foroporlamemoria.es
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