El pasado sábado 28 de marzo, la resistencia vecinal, el hartazgo colectivo y la movilización ciudadana más digna convirtieron Ruzafa en el epicentro de la lucha frente al avance de los pisos turísticos ilegales que están desmembrando la cohesión social y territorial de València. Una cadena humana visibilizó la necesidad de frenar la barbarie urbanística que supone un proyecto de colmena turística que contempla más de 30 apartamentos y 61 plazas de aparcamientos en un patio de manzana. Una auténtica bomba de relojería en el corazón de las viviendas residenciales de un barrio sometido a auténticas situaciones de colapso que se suma a los más de 9.000 apartamentos turísticos esparcidos por la ciudad.
Proyectos privados intensivos como este suponen una pérdida irreparable del patrimonio arquitectónico y una redefinición de las normas urbanísticas hasta ahora vigentes por la vía de los hechos consumados. A esto hay que añadir la amenaza que supone en términos de salubridad, ruidos y convivencia. La ciudad observa atónita cómo proliferan bajos con paneles numéricos de acceso y edificios completos de baja calidad que despersonalizan la apariencia de la ciudad y alimentan el traqueteo de maletas arrastradas por turistas, móvil en mano, buscando la ubicación del correspondiente piso turístico ilegal ante la pasividad y omisión intencionada por parte del Ayuntamiento. Como expresión más grave de la situación: “la gente se desplaza del barrio porque no puede pagar los alquileres cada mes” (Virginia Fuentes, Agrupació de Presidents Afectats).
La protesta de Ruzafa no es aislada, como tampoco lo son las actuaciones dispersas que viene adoptando el gobierno de María José Catalá. Estas tienen una intención clara: eludir la responsabilidad de abordar una planificación urbanística integral que prime el derecho a la vivienda, que determine cómo cerrar los apartamentos turísticos y que defina, por fin, un modelo de ciudad habitable basado en normas, inversiones y proyección a largo plazo. Es necesario activar todos y cada uno de los recursos jurídicos, presupuestarios y competenciales de que dispone un Consistorio de semejante entidad para intervenir decididamente el mercado de vivienda y alquiler en la ciudad haciendo valer todo el peso de las ordenanzas municipales, la inspección y las sanciones.
La falta de dicha intervención, en consonancia con la omisión de su deber por parte del Consell de Pérez Llorca, busca apoyar activamente el negocio de los apartamentos turísticos ilegales, favorecer la especulación urbanística (como las propuestas de convertir en vivienda privada el suelo dotacional, entre otras), promocionar macroproyectos en la huerta, flexibilizar la normativa para acelerar operaciones urbanísticas que destruyen el patrimonio y, en última instancia, debilitar las redes sociales de convivencia, complicidad y lucha vecinal. Una forma realmente efectiva de desactivar la contestación y la movilización ciudadana ante el tsunami turistificador.
Todo ello convierte València en un producto turístico y la sume en un mercado inmobiliario desenfrenado que está expulsando a residentes de los barrios. La protesta de Ruzafa pone en evidencia un modelo de ciudad que avanza hacia el colapso y que sólo podrá ser superado con un vuelco político en la ciudad y la configuración de una nueva Corporación Municipal que convierta la Administración local en un paraguas de protección social y no, como sucede en la actualidad, en un transmisor de las amenazas que se ciernen sobre los proyectos vitales de la clase trabajadora valenciana.
