El próximo 14 de noviembre, CC OO, UGT y otras organizaciones sindicales, generales y sectoriales han convocado huelga general. La Cumbre Social, que integran más de 150 organizaciones sindicales y sociales, ha apoyado la convocatoria. En esa misma fecha, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado una Jornada de Acción y Solidaridad en todos los países europeos. Por primera vez en la historia del sindicalismo europeo se realizarán huelgas generales en, por lo menos, tres países: España, Portugal y Grecia. Por lo que sabemos hoy, habrá acciones masivas, que pueden ser huelgas, en bastantes países más: Italia, Francia, Bélgica, Chequia, Rumania, Malta, Chipre, etc. En todos los países de la UE existe el compromiso de realizar acciones de protesta contra las políticas de austeridad y recortes de salarios, prestaciones y derechos sociales y laborales que están aplicando los gobiernos desde hace casi tres años, siguiendo las directrices de las instituciones de la Unión Europea. En los países en donde la marea antisocial no ha llegado todavía, se llevarán a cabo acciones de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de aquellos países que, como Grecia, Portugal y España, están sufriendo un deterioro más grave en sus condiciones de trabajo y de vida. Pienso que esta fecha será recordada en la historia de Europa.
Las razones por las cuales los sindicatos españoles convocamos, por segunda vez, en lo que va de año, una huelga general se acumulan. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 supone el tercer y brutal ajuste llevado a cabo por el gobierno de Rajoy en apenas diez meses de mandato. A la reforma laboral que está facilitando el despido de miles de trabajadores, reduciendo los salarios y empeorando las condiciones de trabajo por la vía de debilitar gravemente la fuerza de los convenios colectivos, se sumó el ajuste del decreto ley de julio, derivado de las condiciones impuestas a España en el memorándum del rescate bancario, y el establecido en el proyecto presupuestario para 2013. El endeudamiento del Estado para rescatar a los bancos responsables de la crisis, a los que más participaron en la formación de la enorme burbuja especulativa inmobiliaria, lo estamos pagando todos los españoles. Recortes en el seguro de desempleo, en educación y sanidad; de nuevo en los salarios y otras condiciones de trabajo de los empleados públicos que se van a quedar sin paga de Navidad. Recortes, también, en las prestaciones sociales básicas, empezando por las ayudas a la dependencia. Decenas de miles de empleados públicos han sido despedidos y engrosan las cifras de los parados que la recesión y la reforma laboral ha producido en el sector privado. Lamentablemente llegaremos pronto a los seis millones de personas en paro, superando el 25% de la población activa. La pobreza y la desigualdad social se han disparado en todos los indicadores. Según Eurostat, la pobreza afectó en España, en 2011, a 13 millones de personas, el 27% de la población.
Y esto sucede porque pocas veces se ha dado que un conjunto tan amplio de medidas sean al mismo tiempo tan socialmente injustas como económicamente equivocadas. Han producido una recesión profunda, de incierta salida, que impide el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit y coloca la financiación de la deuda pública a tasas de interés sostenibles. No exageramos al decir que los gobernantes españoles y europeos nos están llevando a la ruina. Al Gobierno del PP, las instituciones europeas -bajo el dominio de un gobierno alemán que sólo mira por sus intereses nacionales y electorales, desde una estrechísima visión de los mismos- le dejan ciertamente un estrecho margen. Pero ese margen existe vía reforma fiscal de fuerte progresividad y de persecución real del fraude, no de vergonzosas amnistías para los defraudadores, y enfrentándose a las imposiciones de Berlín-Frankfort-Bruselas con propuestas alternativas que defiendan los intereses de España y de Europa y la construcción de las alianzas políticas necesarias.
Lo insostenible de la situación lo ha reconocido hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha sido co-responsable de la misma. En su reciente asamblea de Tokio, el FMI, consciente del peligro de que las economías europeas entren en un círculo vicioso depresivo que arrastraría al conjunto de la economía mundial, ha pedido a la UE que rectifique las políticas de austeridad extrema y que establezca medidas que impulsen el crecimiento de las economías europeas.
En su llamamiento a la Jornada de Acción europea del 14N, la CES reclama a los responsables políticos de la UE, lo mismo que nosotros exigimos al Gobierno de España: una profunda rectificación de unas políticas tan injustas como fracasadas. Es urgente sustituirlas por otras que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo. Es imprescindible resolver de una vez con los muchos instrumentos cooperativos que la UE tiene a su alcance –intervención del BCE como un auténtico banco central, eurobonos, etc.- la interminable crisis de las deudas soberanas. La CES también exige algo más: el mantenimiento y fortalecimiento de los pilares fundamentales del Modelo Social Europeo. Y que esto se diseñe a través del diálogo social, en los ámbitos europeo y nacional. Como alternativa al actual desgobierno económico y político de Europa, la CES propone un Nuevo Contrato Social Europeo. Los sindicatos europeos, que vienen de tradiciones políticas y culturales diferentes y que viven situaciones nacionales distintas, han sabido formular una propuesta unificadora. Pienso que en esto aventajan a los partidos políticos europeos que, en general, no están mostrando una coherencia política que les lleve a planteamientos comunes europeos cuando estos eran más necesarios. Hablar de los contenidos de la propuesta de Contrato Social Europeo excede de los límites de este artículo. Sólo mencionaré como elementos esenciales del mismo: la construcción de un sistema de normas sociales y laborales básicas europeas; el fortalecimiento del diálogo social y de la negociación colectiva, respetando la autonomía de las partes; una fiscalidad europea de carácter progresivo que garantice la suficiencia fiscal de los Estados y de la UE para la realización de políticas de progreso; y la colocación del empleo de calidad en el centro de las políticas económicas. Se trata, pues, de una alternativa por el reforzamiento de la UE que requiere gobierno económico y democracia, mucha más democracia. Que requiere, en suma, la refundación de Europa. La actual ya no sirve a la inmensa mayoría de sus ciudadanos.
