Los pueblos de América Latina y el Caribe están impulsando transformaciones que en muchos casos están logrando una más justa distribución de la riqueza, disminuyendo índices de marginalidad y exclusión social. Están demostrando que hay vida y que está más allá del capitalismo neoliberal.
Claro que lo hacen tocando poderosos intereses de oligarquías nativas y de las multinacionales. Y no es casual que los dueños de los grandes medios de comunicación de esos países estén radicalmente enfrentados a estos procesos liberadores.
Grandes empresas propietarias de grandes medios de comunicación no son sinónimo de libertad de expresión. Dice Vicente Romano que “los imperios llegan hasta donde lo hacen sus medios de comunicación”. Es una constante, véase sino cómo actúan muchos de los grupos mediáticos venezolanos, ecuatorianos, paraguayos, argentinos o españoles. Pero quedémonos en Argentina.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández logró en 2009 la aprobación de una ley que pretende impedir la concentración de medios mediante la democratización del espacio audiovisual, reemplazando la legislación impuesta por la dictadura militar argentina (1976-1983). Siendo iniciativa original de organizaciones sociales, el gobierno la hace suya, y establece que el espacio radioeléctrico se divide en tres partes iguales: Estado (en sus diferentes niveles), sector privado y organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, universidades, asociaciones de vecinos, etc.).
Esta medida, aprobada después de un debate social pocas veces visto, es resistida con ferocidad por algunos de los principales grupos comunicacionales que le acusan de atentar contra la libertad de expresión, de ser totalitaria.
Sin embargo podemos decir que esos grupos mediáticos han sido (y son) los voceros de la más sangrienta dictadura militar argentina. Como simple ejemplo recordemos que el exiliado periodista, Jacobo Timerman (ex dueño y director del diario La Opinión) denuncia las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno militar. Por ello resulta galardonado con el premio María Moors Cabot en 1981 por la universidad de Columbia en EEUU. La respuesta del director del diario La Nación y la dueña del diario Clarín, entre otros, es enviar ofendidísimas cartas de protesta.
Entienden que denunciar la desaparición de más de 30.000 personas, la tortura, el genocidio era atentar contra el gobierno argentino.
Ya lo decía el Ché, que no hay nada más revolucionario que la verdad. Quienes negaban las desapariciones, las torturas, el robo sistemático de bebés, los asesinatos, también negaban (y niegan) que todo ello haya sido para imponer en Argentina el neoliberalismo. Quieren manipular al pueblo, siguiendo el precepto goebbeliano de que una mentira repetida mil veces se transforma en realidad. Y dejar de contar con este poderoso medio de sometimiento ideológico les duele.
Llama la atención que el diario El País diga en sus editoriales que “la desinversión de emisoras forzada por Kirchner socavará el pluralismo” y siga luego intentando convencernos que a mayor concentración de medios, mayor pluralidad. La libertad de expresión está en entredicho en Argentina dice el editorial del 6 de diciembre pasado.
Reclaman para los poderosos de siempre la libertad de continuar moldeando nuestros pensamientos. Uno se pregunta porqué los diarios El País y El Mundo de España se posicionan tan duramente a favor del Grupo Clarín, y quizá la respuesta esté en que el Grupo Prisa (y no sólo) deba desprenderse de una cuota de su mercado argentino por exceder las pautas marcadas por la Ley de Medios Audiovisuales.
Es que la Ley prevé que si las propias empresas no deciden qué licencias y en qué condiciones traspasan, será un organismo creado al efecto quien lo hará. En una maniobra inteligente Cristina ha puesto al frente de ese organismo a un hombre de izquierda, reconocido por su honestidad y rectitud, Martín Sabbatella, político de origen comunista y actual dirigente del espacio Nuevo Encuentro.
Quienes se desgarran las vestiduras por la supresión oligopólica audiovisual, ocultan que el relator de la ONU para la Libertad de Opinión, Frank La Rue, refuta todo lo sostenido por los Grupos empresariales de la comunicación al señalar que la Ley de Medios argentina es “una ley muy importante. Yo la pongo de modelo, la he mencionado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Lo es, porque para la libertad de expresión, el principio de diversidad de medios y de pluralismo de ideas es fundamental”.
El Poder Real del sistema capitalista sabe perfectamente que “la Revolución sólo puede ser hija de la cultura y de las ideas”, tal como sostiene Fidel Castro. Por eso, para evitar el germen del cambio social y político pone en juego todos sus contactos nacionales e internacionales. Alaban y pagan viajes a jueces que luego serán los que decidan sobre sus problemas. Interponen recursos, torpedean la aplicación simple, llana y profunda de esta Ley (y de cualquier otra ley que vaya contra sus intereses).
Los voceros del capitalismo saben que “la comunicación es necesaria para la verificación del conocimiento y el acuerdo en la modificación de las condiciones sociales”, tal como dice Vicente Romano en su libro La Intoxicación Lingüística (Ed. El Viejo Topo). Por tanto la ecuación es fácil: la falta de comunicación, de información veraz dificulta el conocimiento de la realidad y ese desconocimiento es un obstáculo para modificarla. Ellos (los poderosos) lo saben. Nosotros también.
