El último Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desatado una profunda crisis interna en los sectores progresistas de la judicatura después de que el bloque conservador se impusiera en la práctica totalidad de los nombramientos discrecionales aprobados este martes. De las catorce plazas judiciales en juego, doce han recaído en perfiles alineados con el sector conservador, frente a únicamente dos designaciones progresistas.
El resultado ha generado un fuerte malestar entre jueces y asociaciones de sensibilidad progresista, que consideran que las negociaciones impulsadas por parte de algunos vocales del sector han terminado otorgando un peso “desproporcionado” al bloque conservador dentro del órgano de gobierno de los jueces.
El pacto fue liderado por los vocales María Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo y Ricardo Bodas Martín, considerados próximos al ámbito progresista. Sin embargo, fuentes judiciales critican que el acuerdo haya supuesto importantes concesiones sin obtener contrapartidas relevantes, hasta el punto de perder espacios considerados históricamente vinculados a la sensibilidad progresista, como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Uno de los episodios que más indignación ha provocado ha sido la exclusión del magistrado José Ricardo de Prada para una plaza en la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Parte del sector progresista aceptó finalmente el veto planteado por los vocales conservadores contra el juez, conocido por decisiones de gran impacto mediático como la citación del expresidente Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la trama Gürtel.
La pérdida de la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sido interpretada además como un golpe simbólico dentro de la judicatura progresista. Desde 1995, dicha sala había estado presidida por magistrados de perfil progresista, entre ellos Manuel Díaz de Rábago y Garbiñe Biurrun, ambos referentes ampliamente reconocidos en la jurisdicción social.
Entre las plazas cubiertas figuran dos magistraturas de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, dos presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, seis presidencias de Audiencias Provinciales y cuatro plazas en Salas de Tribunales Superiores de Justicia.
El malestar se ha extendido también a Jueces y Juezas para la Democracia, asociación progresista que había respaldado candidaturas como la de José Ricardo de Prada y que ahora observa con preocupación cómo algunos vocales progresistas han terminado aceptando posiciones defendidas por el bloque conservador.
Frente a los negociadores del acuerdo, otros miembros progresistas del CGPJ, como Carlos Hugo Preciado, mantuvieron durante toda la sesión una posición de respaldo a las candidaturas progresistas presentadas, votando favorablemente tanto a De Prada como al resto de aspirantes afines a este sector judicial.
Fuentes de la judicatura progresista advierten ya de que la estrategia negociadora seguida en los últimos meses amenaza con provocar una nueva fractura interna dentro del sector, en un momento especialmente sensible para el equilibrio de fuerzas dentro del CGPJ.
