La tendencia del capitalismo actual es depauperar a la clase trabajadora en beneficio de los más ricos, aniquilando toda posibilidad de desarrollo de la economía real. Y las mujeres, especialmente las migrantes, las más jóvenes, las mayores de 65 años, o aquellas que están en una situación de especial vulnerabilidad, sufren con virulencia los efectos de las políticas de ajuste.
La primera fase de esta crisis (2008-2009) acrecentó la tasa de paro masculina, equiparándola a la femenina, que se mantenía históricamente muy por encima. Este hecho fue debido al desplome de los sectores productivos masculinizados (construcción, automoción e industria), a la brecha salarial de más de 20 puntos porcentuales, así como a la femiextensión del precario contrato a tiempo parcial.
A partir de 2010, los despidos en el sector público educativo, sanitario y en los servicios sociales, sectores muy feminizados, resituaron la tasa de paro femenina donde siempre estuvo: por encima de la masculina; machacando los derechos y las condiciones laborales y de vida de las mujeres.
La maternidad es un factor de discriminación para encontrar empleo, agravado cuando el desempleo aumenta, o cuando la mujer no comparte esa responsabilidad. El número de familias con una sola persona progenitora aumenta vertiginosamente y casi el 90% de esas familias están encabezadas por mujeres.
El objetivo de alcanzar el promedio del 75% de empleo femenino en 2020 que plantea la Estrategia Europea resulta grotesco. En gran parte de los países de la Unión Europea se ha iniciado la creación de empleo (no es el caso de España, Italia o Portugal), pero se trata de empleo masculino, combinado con una reducción del empleo femenino. Ni la situación de la mujer ha mejorado en estos años, ni el crecimiento del desempleo ha ido acompañado de una mayor protección social.
Son las personas mayores de 65 años, perceptoras de pensiones públicas, quienes están sosteniendo la mayoría de los hogares sin ingresos; aunque la pérdida de poder adquisitivo está llevando a límites inaceptables la precariedad y la exclusión social de muchísimas personas. El 70% de quienes reciben una prestación asistencial son mujeres y su importe medio está por debajo del umbral de la pobreza.
En estos años de desmantelamiento de los sistemas de protección social se han disparado las tasas de pobreza infantil. España se encuentra entre los países con tasas de riesgo de pobreza más elevadas, con una fuerte incidencia del riesgo de exclusión social de las mujeres, sobre todo de las mujeres solas (26%).
Los países europeos, poco comprometidos con la igualdad de género, entre los que se encuentra España, han utilizado la excusa de la austeridad económica para eliminar los organismos públicos específicos de igualdad. El gobierno ha aplazado por tercer año consecutivo la ampliación a 4 semanas del permiso para los padres, posponiendo el debate político sobre la proposición de ley para la equiparación de los permisos por nacimiento, a pesar del escaso presupuesto que supondría dicha reforma.
Su ideología tiene consecuencias: vuelta al modelo tradicional asentado en la división sexual del trabajo (remunerado o no). Paralización de la ley de dependencia y reprivatización de los cuidados hacia el ámbito familiar, es decir hacia las mujeres. Raquitismo o extinción de los servicios de atención a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social, así como a las víctimas de violencia de género. Un 64% de mujeres víctimas de violencia de género declara que la crisis supone un freno para denunciar por miedo a no encontrar un empleo que les permita ser autónomas.
La nueva modificación legislativa de las empleadas de hogar y la no ratificación del gobierno español del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente de estas trabajadoras, en su mayoría migrantes, las deja sin derechos.
Es ignominiosa la pasividad gubernamental ante el incremento de la prostitución y la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual en nuestro país. Y aunque hablar de derechos de las mujeres es hablar de derechos humanos, en esta situación rivalizan con el resto de derechos laborales y sociales, resultando subsidiarios.
Si queremos salir de esta crisis y hacer de este mundo algo más justo e igualitario, tendremos que obligarlos.
