La organización Paraguay Resiste está promoviendo una campaña a nivel internacional para que organizaciones pro Derechos Humanos soliciten garantías procesales para los doce campesinos que estos días se enfrentan a un juicio en Paraguay en lo que se conoce como el Caso Curuguaty. Solicitan que en dicho juicio se preserven las garantías procesales bajo el cumplimiento de la Constitución Paraguaya y de los Convenios Internacionales de DDHH.
Los campesinos están acusados de delitos por asociación criminal, homicidio doloso o invasión de inmueble por el enfrentamiento entre policías y “sin tierra” durante el desalojo de la hacienda Morumbí (Curuguaty) el 15 de junio de 2012, que provocó la muerte de once campesinos y seis policías. Tres semanas antes un centenar de campesinos habían ocupado la finca para protestar por la escasez de tierras agrícolas. El Estado paraguayo mantiene un litigio por la propiedad de la tierra con la empresa Campos Morombí propiedad de la familia del fallecido Blas N. Riquelme, quien fuera presidente del Partido Colorado (principal opositor de Fernando Lugo).
Una de las preocupaciones en este caso proviene de las actuaciones del Fiscal Jalil Rachid y de la jueza Janine Ríos. Si el Estado mantiene un juicio contra la empresa Campos Morobí por usurpación de tierra pública y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado todavía sobre la propiedad de la tierra, no parece del todo lógico que a los campesinos y campesinas se les acuse de invasión de inmueble ajeno. “Si no existe una decisión judicial sobre la propiedad de la tierra, no sabemos quién es el dueño, es decir, quién tenía derecho a oponerse a la ocupación de la finca”. El fiscal, Jalil Rachid, además mantiene lazos de amistad y parentesco con la familia Riquelme.
Los temores de Paraguay Resiste se suman a los ya expresados en el mes de marzo por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y declarados en su Tercer Informe Periódico sobre Paraguay. “El Comité está preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio del 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados”.
Además de esta campaña donde se solicitan garantías procesales para los acusados, estos días el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel promovió un manifiesto que ya ha sido firmado por numerosos intelectuales de América Latina pro Derechos Humanos, entre los que se encuentran Piedad Córdoba. En dicho manifiesto denuncia en juicio político “farsa” contra Fernando Lugo, reclaman la titularidad pública de la finca Morumbí de Curuguaty donde se produjo la masacre, denuncian la parcialidad de la investigación judicial y exigen la liberación inmediata de los acusados a quienes consideran presos políticos, la restitución de las tierras al Estado paraguayo y una investigación imparcial que apunte a esclarecer los hechos.
