Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, José Luis Centella, ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para aclarar la polémica surgida a raíz del informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre la supuesta venta de más de una decena de propiedades por parte de la Infanta Cristina y el desmentido sobre las mismas realizado por fuentes de la Casa Real.
Centella registró esta mañana las peticiones de comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, así como del presidente de la Agencia Tributaria, en ambos casos para que expliquen ante la comisión parlamentaria correspondiente a este departamento las “contradicciones entre el contenido del informe realizado por la AEAT, aportado al juez que investiga el ‘caso Nóos’ sobre la venta de patrimonio de la infanta Cristina y los desmentidos sobre su contenido realizados por fuentes de la Casa Real”.
Además, José Luis Centella registró también una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno para su respuesta por escrito en la que abunda sobre esta cuestión y trata de conseguir una explicación igualmente detallada por esta vía. Así, además de insistir en el tema de las “contradicciones” entre el informe de la Agencia Tributaria y el desmentido de la Casa Real, pregunta al Ejecutivo si piensa adoptar “algún tipo de medida para defender el informe realizado por los inspectores de la AEAT, al ser desmentido éste y, por tanto, existir una subyacente acusación de dar información falsa a un juez por parte de los mismos?”
Del mismo modo, Centella interroga sobre si “¿Estima el Gobierno factible la existencia de una operación destinada a desacreditar la investigación del juez Castro sobre la infanta Cristina dados estos hechos?
Por último, el diputado de Izquierda Unida plantea también si “¿Tiene previsto el Gobierno, a través de la AEAT, iniciar un procedimiento de oficio, para aclarar esta situación?”
La semana pasada Hacienda remitió un informe en el que atribuía a la hija del rey la venta de 13 propiedades por valor de un 1,4 millones de euros en dos años. En este informe también se detallan las cuentas corrientes de la hija del rey, así como las operaciones notariales y ante el Registro de la Propiedad que realizó.
Todas estas operaciones inmobiliarias fueron negadas por un portavoz oficial de la infanta, que negó tajantemente que la hija del rey tuviera este patrimonio. La Fiscalía General del Estado ya ha manifestado que examinará este informe.
