Izquierda Unida, que ejerce junto a otras cuatro asociaciones la acusación popular en el caso de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular que investiga la Audiencia Nacional, anunció hoy que en los próximos días ampliará la querella que presentó el pasado 28 de febrero. Lo hará contra el PP por un presunto delito de encubrimiento, producido al haberse destruido las pruebas contenidas en los discos duros de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas que se encontraban supuestamente custodiados en la sede de los ‘populares’ en la calle Génova.
Enrique Santiago, miembro de la dirección federal y abogado que coordina las acciones de IU en la pieza separa que instruye el magistrado Pablo Ruz, fue el encargado de anunciar estas acciones en la rueda de prensa ofrecida en la sede federal de la formación junto al coordinador federal, Cayo Lara. IU estudia en estos momentos que esta actuación judicial por la destrucción de pruebas incluya la imputación de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Por otra parte, también se está valorando judicialmente la declaración como testigo del presidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy.
Izquierda Unida, junto a las organizaciones Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad, quiere ampliar su querella concretamente “contra todas las personas físicas que pudieran ser responsables de ese delito de encubrimiento”, tal y como explicó Enrique Santiago.
Aquí se encaja la posible petición de imputación de Cospedal, dado que IU entiende que la decisión de eliminar los discos duros de los ordenadores entregados en la Audiencia Nacional sólo pudo ser tomada desde “la cúspide” del partido de Rajoy, ya sea desde su secretaría general o desde las vicesecretarías “con conocimiento de la secretaría”.
Santiago detalló que dado que esa eliminación de pruebas se produjo en 2013, ya iniciada la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en la Audiencia Nacional, IU se querellará contra el partido como persona jurídica por este presunto delito de encubrimiento, debido a la posibilidad abierta por la reforma del Código Penal aprobada en 2012.
Calificó como “muy grave” esta “destrucción de elementos probatorios de la causa”, delito castigado con una pena de prisión máxima de tres años. Subrayó, a su vez, que la eliminación de los datos en los ordenadores de Bárcenas se suma a anteriores ejemplos de “obstrucción a la justicia”, como la eliminación del libro de visitas de la sede del PP y la de grabaciones de cámaras de seguridad.
Además, tras los datos conocidos en las declaraciones tomadas por Ruz a mediados del pasado mes de agosto, comentó que la querella se dirigirá también contra todos los gerentes y tesoreros del PP durante los años que abarcan los ‘papeles de Bárcenas’, algo que pasa a incluir al ex ministro Francisco Álvarez-Cascos, que reconoció haber ejercido de tesorero ‘popular’ entre los años 1990 y 1993.
El letrado de Izquierda Unida explicó que la ampliación de la querella también abarcará al resto de los empresarios que aparecen como donantes al PP en los ‘papeles de Bárcenas’. Indicó que son alrededor de unos 15, además de los nombres que ya se incluían en la querella original.
Enrique Santiago se mostró muy prudente a la hora de concretar más todas estas acciones porque previamente deben consensuarse con el resto de asociaciones firmantes de la querella y ser presentadas en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.
En relación a Mariano Rajoy, el abogado y miembro de la dirección federal de IU reiteró lo ya explicado en otras ocasiones y dijo que “si no fuera presidente del Gobierno se darían todos los elementos para que ya hubiera sido incluido en las actuaciones como querellado”. Sin embargo, su condición de jefe del Ejecutivo hace que “debamos actuar con mucha más prudencia. Nosotros no somos de esas acusaciones que buscan titulares con sus actuaciones, queremos que haya condenas por los gravísimos delitos que se están denunciando”.
Tras las explicaciones ofrecidas por Enrique Santiago, Cayo Lara insistió en su denuncia política sobre las mentiras vertidas tanto por Mariano Rajoy en sede parlamentaria –en su comparecencia en el Senado del pasado 1 de agosto- como de María Dolores de Cospedal, durante su declaración ante Ruz a mediados del mismo mes, después de que nuevas informaciones la vinculen hoy con la negociación para pactar la indemnización económica para que Bárcenas se desvincularan del PP.
“Bárcenas –resumió Lara- estaba protegido porque formaba parte de una trama de corrupción del PP. Esa relación se afloja cuando aparecen las cuentas en Suiza y se rompe definitivamente cuando se publican los llamados ‘papeles de Bárcenas’.
