Debido a la crisis capitalista el gobierno español viene imponiendo una estrategia para hacer de la educación un instrumento para los monopolios con que recomponer su ciclo de acumulación y para adaptar a la clase trabajadora en formación a unas condiciones estructurales de paro y precariedad mediante la descualificación académica o directamente mediante la expulsión del sistema educativo.
En el ámbito de las enseñanzas medias se suman a los recortes y despidos de decenas de miles de profesores el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la intención de aplicar tasas en bachillerato y FP.
En la universidad, la brutal subida de tasas universitarias (hasta el 100% en algunos territorios), sumado a las restricciones en la política de becas (este curso 35.000 estudiantes perdieron su beca y para el próximo curso pueden ser hasta 85.000) ha generado consecuencias sociales dramáticas: se está produciendo un aumento considerable de los “desahucios estudiantiles”, de los estudiantes que son excluidos de la universidad por motivos económicos: más de 30.000 estudiantes están en riesgo de expulsión.
Por otra parte, existe una estrategia de endeudamiento estudiantil que lleva a propuestas de generalizar las becas-préstamo a todos los niveles, con el riesgo de generar una burbuja de deuda estudiantil para saciar los intereses del capital financiero, como ocurre en muchos países latinoamericanos.
Las demandas estudiantiles son incompatibles con un régimen que no puede institucionalizar ninguna reivindicación sin sustanciales transformaciones en su estructura, y por ello la Juventud Comunista tiene claro que el comienzo de este curso debe marcarse como otoño caliente estudiantil tanto para frenar las políticas de recorte en la educación como para sentar las bases de un proceso constituyente hacia la superación del actual marco en favor de una enseñanza pública para todas y todos.
