El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de julio el llamado Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Bajo esta denominación eufemística se esconde la intención del Gobierno del PP de desmantelar el poder local que representan los Ayuntamientos e impulsar la privatización sistemática de los servicios públicos municipales. De aprobarse definitivamente esta reforma local, cuya tramitación parlamentaria se inicia en septiembre, supondría un cambio profundo del modelo de Estado hacia una mayor centralización, menos democracia, menos servicios públicos, menos empleo y menos derechos.
La reforma local forma parte de las grandes transformaciones estructurales que persigue el proyecto del neoliberalismo. Al igual que años atrás hubo “reconversión industrial” y privatización de las grandes empresas públicas de los sectores estratégicos, o más recientemente reformas sanitaria y educativa que han recortado servicios y derechos, o hay proyectada una nueva reforma de las pensiones, ahora le toca la “reconversión” a los Ayuntamientos y sus servicios municipales. No es casual que en la primera línea de la exposición de motivos del proyecto de ley se mencione la reforma del artículo 135 de la Constitución que consagró los principios neoliberales de estabilidad presupuestaria y pago de la deuda como prioridad absoluta por encima de consideraciones políticas y sociales. Es decir, la reforma local es un paso más en el proceso “deconstituyente”, de desmantelamiento, de las conquistas sociales que, tras décadas de luchas, se reconocieron en lo que hemos venido en llamar Estado Social o Estado del Bienestar; conquistas sociales y democráticas que estamos perdiendo en el contexto de una crisis que sirve como oportunidad y excusa para el cambio de modelo social y político que persiguen los neoliberales.
La reforma local consiste en la modificación, principalmente, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. A través de una serie de artículos y disposiciones se reforma el funcionamiento de los Ayuntamientos: se les tutela y se les controla bajo criterios mercantilistas, se reducen sus competencias municipales fortaleciendo a las diputaciones, se establece el concepto de “coste efectivo” de los servicios (que facilitará privatizaciones), se promueven las fusiones de municipios, se establecen mecanismos de “ajuste” (despidos) de empleo público, se amenaza de disolución a las entidades locales menores con problemas económicos, etc.
La reforma local representa, en suma, un atentado contra la autonomía de los Ayuntamientos y por lo tanto un empobrecimiento de la democracia. Con la reforma local se produce una recentralización de la Administración y una pérdida de independencia y capacidad de actuación de los Ayuntamientos, reduciéndose radicalmente su papel representativo de la ciudadanía. En vez de avanzar hacia una democracia descentralizada, local y participativa, esta reforma lo que provoca es el alejamiento de la ciudadanía de la toma decisiones y una pérdida de servicios y bienes comunes.
Todo ello tendrá consecuencias directas en la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades, especialmente en las localidades más pequeñas. Los servicios de proximidad se verán afectados, serán de menor calidad, más caros y muchos de ellos se perderán, especialmente los servicios sociales y de igualdad, que dejarán de ser de competencia municipal. La centralización a través de las Diputaciones de la prestación de servicios como la recogida de basuras, limpieza viaria, o abastecimiento de agua en las localidades de menos de 20.000 habitantes (más del 90% del país) provocará privatizaciones masivas (que pueden hacer perder hasta 200.000 empleos en todo el país). De hecho, la privatización de los servicios públicos municipales es uno de los grandes objetivos de la reforma: dar negocio privado a las grandes empresas en nuevos nichos de mercado. Así lo reconoce literalmente el texto del proyecto de ley: “para favorecer la iniciativa económica privada (…) se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad”.
El Gobierno ha querido convencer sobre su proyecto de ley, de una forma bastante demagógica, explicándolo como una forma de ahorro (se ha hablado, sin aclaraciones, de hasta 8024 millones de ahorro en el periodo 2013-2019) frente al “despilfarro” de los Ayuntamientos y unos “políticos locales que cobran demasiado”. Argumento falaz que busca culpar a la Administración Local como uno de responsables de la crisis, cuando el origen de ésta no es el gasto público, y por otro lado los Ayuntamientos sólo han generado el 4% de la deuda pública total y cerraron el año 2012 con un déficit de tan sólo 0,2% del PIB. Además, en la actualidad el 80% de los concejales no perciben salario por el desempeño de su funciones de representación política y servicio público.
La alternativa a la reforma local del PP debiera ser una reforma descentralizadora que reforzara a los Ayuntamientos, la democracia local y los servicios públicos. Se necesita una definición competencial consensuada, no impuesta como pretende el Gobierno; acompañada, además, por una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita a los Ayuntamientos tener la financiación necesaria para desarrollar sus competencias y servicios. Es necesaria una mayor participación en los ingresos del Estado: hasta un 33% de los ingresos frente al 13% actual (financiación que sigue siendo hoy como en 1979). Los Ayuntamientos necesitan capacidad política y económica para tener la posibilidad de desarrollar políticas redistributivas, sociales, de desarrollo económico y de empleo.
En los últimos meses han surgido muchas voces contra la reforma local que han tomado forma en diversas movilizaciones. Destacable ha sido la respuesta de lucha del colectivo de trabajadores sociales que han conectado la defensa del servicio público y el empleo con los derechos de los usuarios y la ciudadanía, un movimiento conocido como la Marea Naranja en defensa de los servicios sociales. Los sindicatos de clase también convocaron concentraciones en julio contra la reforma local y planean, junto con otras organizaciones sociales y políticas, nuevas y más intensas movilizaciones durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que se prevé larga.
La estrategia de movilización unitaria frente a la reforma local debe intentar conectar con la ciudadanía y los trabajadores públicos afectados. Se trata de pasar de un debate de “políticos y concejales”, como quiere el PP, a una conciencia y movilización ciudadana sobre la amenaza a sus derechos. Ahí el papel de los trabajadores municipales es clave a la hora de explicar a los usuarios y ciudadanía las consecuencias de la reforma local. Sí se puede resistir ante esta nueva agresión a nuestros derechos y la democracia. Organicemos la resistencia.
