Los ponchos y sombreros “voltiaos” han abundado este año en la Fiesta, en homenaje y acompañamiento a los comunistas a la impresionante movilización campesina desplegada durante 21 días de bloqueos de carreteras del Paro Agrario Campesino y Popular, iniciado el 19 de agosto por las comunidades campesinas de toda Colombia, en reclamo de soberanía y seguridad alimentaria y derogación de los tratados de libre comercio.
Esta histórica movilización popular contra la destrucción de la economía campesina y del territorio por las políticas neoliberales y el modelo de “desarrollo” impulsado por los sucesivos gobiernos oligárquicos, es el colofón de un ciclo de luchas que, desde 2008, han venido despertando la conciencia de diferentes sectores (indígenas, estudiantes, cafeteros, cacaoteros, mineros artesanales, etc) y articulando nuevos sujetos políticos agrupados en lo que hoy representan espacios como el Movimiento Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos, que trabajan, junto con otros sectores de la izquierda colombiana, en un gran frente unitario que exprese en las urnas el respaldo a la paz con justicia social.
Para analizar este complejo entramado de oportunidades y riesgos, en el que la posibilidad de la paz y los diálogos instalados en La Habana entre las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP hace un año conviven con la guerra y el terror de Estado desatado por la policía, el Ejército y los elementos para-estatales, la Fiesta del PCE dedicó este año una mesa de excepción, en la que intervinieron: Maite Mola, secretaria de Relaciones Internacionales del PCE y vicepresidenta del Partido de Izquierda Europea; Enrique Santiago de la Plataforma Estatal Por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia; Fran Pérez, responsable de derechos humanos de Izquierda Unida; y Jaime Cedano, militante del Partido Comunista Colombiano.
Extraordinaria movilización campesina
Jaime Cedano subrayó la importancia del Paro Agrario como “las movilizaciones campesinas más extraordinarias de toda la historia de Colombia”.
“Estamos hoy en Colombia asistiendo a ese fenómeno extraordinario de la movilización campesina, indígena y popular. La represión ha sido brutal: Doce campesinos asesinados, cuatro campesinos desaparecidos, medio millar de campesinos detenidos, centenares de procesos judiciales, pero no han logrado aminorar la resistencia y la capacidad de lucha del campesinado colombiano, que está expresando la acumulación de muchos años de un abandono de la política agraria por parte de los diferentes gobiernos, pero, sobre todo de la aplicación de los proyectos neoliberales en el campo colombiano: la destrucción de la economía campesina, la destrucción de la naturaleza, la expulsión de los campesinos de su territorio”.
“Estas marchas campesinas de este último largo mes están también expresando un movimiento muy importante, un proyecto político que se está gestando en el país. Se viene gestando desde hace ya un par de décadas. Un movimiento social y político desde la base. Son procesos políticos y sociales que están surgiendo en las regiones más golpeadas por la violencia: en el Putumayo, en el Caquetá, en el Magdalena Medio, en los departamentos y en las regiones donde el paramilitarismo sembró el terror con mucha fuerza.
Y ahí se está empezando a construir esa nueva historia para Colombia, de la posibilidad de avanzar a una nueva situación política mucho más allá del bipartidismo. Y es donde esta movilización social campesina y popular se entronca con las negociaciones de paz en La Habana, en las que ha surgido la movilización social como un convidado que no estaba invitado. Al Gobierno colombiano que tenía la mesa de negociaciones en La Habana, le han resultado 5, 7, 8, 10 mesas de negociaciones diferentes, en diferentes regiones del país, con diferentes sectores económicos, políticos y sociales, con el campesinado, con los indígenas. Es toda una efervescencia social de reclamo, de negociación.
Jaime Cedano destacó la importancia de fortalecer el proceso de la Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, la PEPAZ, compuesta por medio centenar de organizaciones de derechos humanos y de solidaridad en España.
Un conflicto por la tierra
Enrique Santiago comenzó aclarando la naturaleza del conflicto colombiano, que es presentado oficialmente como resultado de la guerra fría, orquestado por la Unión Soviética, y después fue reducido a un problema de seguridad, de confrontación contra organizaciones “terroristas»:
“Nada más lejos de la realidad. Es un conflicto de larga data que tiene que ver con las propias contradicciones internas de Colombia, que surge con la independencia y que fue claramente originado por la tierra. Esa es la esencia del actual conflicto que vivimos originado a partir de 1949 con la época de la Violencia y el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 1964”.
En la actualidad el Gobierno, el Estado colombiano y las oligarquías han llegado a la conclusión de que, al menos en esta fase, es imposible ganar militarmente la guerra. La voluntad de la insurgencia colombiana de sentarse a negociar siempre ha quedado patente, pero abordando las causas reales del conflicto y no a cambio de un mero indulto, que no aborde el problema de fondo, el problema del reparto de la tierra y de poner fin a la iniquidad social en Colombia. Porque eso no sería la solución del conflicto. En Colombia se han firmado muchos acuerdos con organizaciones insurgentes que se han desmovilizado y posteriormente, o se han fortalecido otras que ya existían o las mismas han vuelto a activarse, o en todo caso el conflicto armado ha seguido existiendo.
Un año de conversaciones en La Habana
En este contexto, en el mes de febrero de 2012 se anuncia el preacuerdo entre el Gobierno colombiano y la insurgencia para abrir un nuevo proceso de conversaciones de paz en La Habana. El proceso se abre formalmente en septiembre de 2012, se comienza a negociar a partir de finales de octubre de 2012 y se establece una agenda que aborda seis puntos y se denomina Acuerdo General para la Terminación del Conflicto:
1. Política de desarrollo agrario integral.
2. Participación política: es decir, que la izquierda en Colombia no sea exterminada sistemáticamente, porque el fenómeno del paramilitarismo no sólo ha sido permitido sino estimulado desde los grandes poderes del Estado y con la connivencia de las fuerzas militares colombianas.
3. Medidas que el Estado tomaría en una situación de post-conflicto.
4. Drogas ilícitas.
5. Reparación de las víctimas y acceso a la verdad histórica.
Implementación, verificación y refrendación del acuerdo.
Además las conversaciones se abren con un método de trabajo que significa que a pesar de que se vayan alcanzando acuerdos sobre cada punto de la agenda, no hay nada acordado hasta que todo no esté acordado. Ese proceso está cumpliendo un año y a fecha de hoy solamente se ha avanzado en la política de desarrollo agrario integral. En este momento la mesa de negociación está formalmente en el segundo punto de la agenda, aunque se han ido tocando de forma esporádica otros puntos.
Paralelamente, el Gobierno colombiano ha utilizado la ocasión para generar un marco de impunidad bajo la teoría utilizada por otras dictaduras militares en América Latina: la teoría de los dos demonios. En este contexto el Gobierno colombiano simultáneamente y sin negociarlo en la mesa de conversaciones, pone en marcha una serie de iniciativas que garantizarían la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y, en buena medida, por los paramilitares.
Después de la Ley de Justicia y Paz, que en la práctica dejó en la impunidad los crímenes de los paramilitares, lo que el Estado colombiano busca con la aprobación del denominado Marco Jurídico para la Paz y con la aprobación del Fuero Penal Militar es garantizar que los militares y fuerzas policiales violadores del derecho internacional humanitario, que han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población, no van a ser juzgados. Ese es uno de los contextos ahora mismo más complejos de bloqueo del actual proceso de paz. Un proceso de paz en el que la insurgencia ha manifestado que no van a ser ellos los que se levanten de la mesa y que su voluntad es llegar hasta el final, garantizando que se abordan las causas del conflicto.
Este es el primer proceso de paz de los muchos que ha habido en Colombia donde la Unión Europea no está jugando absolutamente ningún papel, y en eso se incluye a España. Tiene una explicación: la Unión Europea, y especialmente España, fue quien intentó blanquear el régimen de Uribe presentándolo como un demócrata y apoyando toda la guerra sucia contra la oposición. Esto ha motivado que por primera vez en la historia del conflicto colombiano la insurgencia vetara la presencia de países de la Unión Europea, por no ser neutrales, porque ya habían tomado parte en el conflicto cuando deciden incluir al ELN o a las FARC en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, desatan la campaña de criminalización en Europa que ha llevado a que muchos activistas fueran judicializados, posteriormente todos ellos absueltos por falta de pruebas.
Desde aquí hay que exigir al Gobierno español que recomponga el desastre diplomático organizado especialmente por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó a España fuera de juego de cualquier posible tarea mediadora en el conflicto . Es necesaria la presión ciudadana para garantizar que España y la Unión Europea vuelvan al menos a tomar una posición neutral, que permita hacer avanzar el proceso de negociación.
Requisitos indispensables para la paz
Fran Pérez recogió en su intervención las peticiones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y recordó el carácter asesino de la oligarquía colombiana:
“Las élites políticas y económicas llevan años en un plan criminal que ha significado el hecho curioso de que en la época de las dictaduras, en la época de la guerra fría, en los años 70 y 80, ni siquiera en Colombia hizo falta imponer una dictadura militar, porque ya bajo la apariencia de una democracia formal, se asesinaba, se desaparecía a los opositores políticos que tenían un proyecto de país distinto.
Si llegamos a un término positivo en esta negociación, hay que tener claro que será un punto de partida, y no un punto final de llegada. Por muy importante que fuera un cese de las armas, será el principio de un proceso de cambio que hay que introducir en el país, para poder lograr la paz.
La paz en Colombia pasa por el desmontaje de los grupos paramilitares, pero también la depuración de la Policía, del Ejército o de la Administración de Justicia. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha formulado la necesidad de garantizar el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, y a la No Repetición, como condiciones para la paz.
Hacen falta también reformas institucionales. Habrá que tener un ejército que esté formado en derechos humanos, que no esté entrenado en la Escuela de las Américas para matar a su propio pueblo. Habrá que eliminar también el Fuero Penal Militar ya que es una tapadera de la impunidad de los militares. Y estos crímenes, que son imprescriptibles, habrá que esclarecerlos.”
