Durante el pasado mes de octubre Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió a la Jerarquía Católica de que si el PSOE gana las próximas elecciones revisaría los acuerdos que España y el Vaticano tienen desde 1979, si la Iglesia sigue inmiscuyéndose en cuestiones públicas. Dichos acuerdos dan a la Iglesia Católica una posición preponderante respecto a las demás religiones y, lo que es más importante, una influencia enorme en asuntos de profundo interés social como la educación y sanidad públicas, ademas de unas jugosas aportaciones económicas por parte del Estado.
Rubalcaba advertía en este caso concreto a la Iglesia por su posición ultraconservadora, hoy llevada en volandas por el Gobierno del Partido Popular, respecto a temas tan importantes como el adoctrinamiento religioso en la educación pública o la Ley del Aborto, entre otros temas relacionados con las libertades públicas.
Hay que decir, una vez más, que el gesto de Rubalcaba parece ser un esfuerzo desesperado para ganarse los apoyos de las organizaciones que luchan para conseguir un Estado laico de una vez por todas. Pero el pasado, también una vez más, es una hipoteca demasiado costosa para que dicho esfuerzo resulte creíble.
Durante el último año del último Gobierno del PSOE en varios artículos de prensa pudimos leer que el Partido de Rubalcaba se sentía muy cómodo con una Iglesia Católica que se manifestaba constantemente contra leyes progresistas en las libertades públicas, y que en ningún momento ha pedido perdón ni ha hecho autocrítica pública por el papel jugado por su jerarquía antes, durante y, sobre todo, después de la Guerra Civil.
Tan cómodo se sentía el Gobierno de Zapatero que supimos que en 2011 la Iglesia Católica obtenía del Estado la nada desdeñable cifra de 10.000 millones de euros, sin que ni Rubalcaba, ni nadie, levantase la voz en el Consejo de Ministros para pedir la revisión de esta relación tan especial del Estado español con la jerarquía católica.
Hay que decir que el denominado Concordato data, como hemos dicho arriba, del año 1979, pero que ninguno de los gobiernos socialistas, ni los del Consejero González ni los de Rodríguez Zapatero, hicieron nada por modificar este ‘statu quo’ que empequeñece la calidad de una democracia ya de por sí totalmente degradada y desprestigiada.
Para que una democracia sea plena, el Estado debe ser laico y la religión debe circunscribirse al ámbito privado. En ningún momento pilares del Estado como la educación y la salud pública pueden ver cómo se cierne la sombra negra del conservadurismo eclesiástico sobre ellos. Una verdadera fuerza de izquierdas debe revisar el concordato de manera radical dejándole claro a la Iglesia Católica que su lugar son sus templos y la esfera íntima de sus fieles, algo que, ni Rubalcaba, ni el PSOE, están dispuestos a plantear.
