Las llamadas medidas de consolidación fiscal, en la realidad medidas de austeridad y recortes, impuestas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (la denominada “troika”) están conduciendo al agravamiento y prolongación de la crisis (estamos en su sexto año). Pero no es esto lo más grave: se trata de un conjunto de reformas cuya finalidad es consolidar la posición dominante del capital financiero en el sistema productivo, recuperar las tasas de beneficio de las grandes empresas y las multinacionales anteriores a la crisis (no solo mediante la explotación reforzada de los trabajadores sino también a través de la desaparición del mercado de cientos de miles de empresas productivas), desmontar el sistema de derechos conquistados por los trabajadores en estos últimos años y debilitar la democracia.
En síntesis, estamos ante una enorme trasferencia de recursos económicos hacia el gran capital, hecha posible a través del retroceso de las libertades democráticas y sociales. No es el itinerario de ninguna salida de la crisis, aunque está se utiliza como coartada. Si acaso, es la imposición de un modelo, que refuerza la explotación.
En España esta situación es aún más grave como consecuencia del desarrollo de un modelo productivo perverso y del proceso de integración en la economía europea, primero, y en la moneda única después, inadecuado y lesivo. Si en el inicio de la crisis, las tasas de paro de la economía española eran equivalentes a la media de la UE, hoy son superiores al doble en porcentaje sobre la población activa.
No hay salida social de la crisis sin reforma fiscal
El diseño de los elementos esenciales de una salida social de la crisis, en la que se reconozca la mayoría social y se defiendan sus intereses, es inseparable de su financiación y ésta de un proyecto de reforma fiscal.
Una reforma fiscal justa y progresiva que establezca los principios de suficiencia de los ingresos para hacer frente a los gastos, el principio de equidad como fundamento democrático del gasto público y del criterio de progresividad.
La polémica entre subida o bajada de impuestos es falsa y suele ser utilizada por la derecha para esconder la injusticia del sistema y los privilegios fiscales de unos pocos. Uno de los ejemplos más claros es la elevación de los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido introducida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Una disposición tremendamente injusta, a la vez que ha representado un intento de elevación de la recaudación fiscal de escaso resultado y de profundos agravios y dificultades para sectores productivos importantes como una parte de las industrias culturales.
Hay margen para otra política fiscal
Desde el punto de vista fiscal, el gasto público total de las administraciones españolas es aproximadamente 6 puntos porcentuales del PIB inferior al de la media de la UE-12, lo que se explica porque mantenemos una contribución fiscal de las más reducidas de la eurozona, 10 puntos porcentuales menos que la media de la UE-15. Además, en España, desde 2007, la presión fiscal se ha desplomado en 6 puntos porcentuales. Nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos.
Los distintos gobiernos que se han sucedido en España en los últimos años han provocado reformas estructurales en el sistema tributario orientadas a desfiscalizar los rendimientos del capital y a reducir la progresividad de los impuestos, reformas que ahora pasan factura con la crisis. No ha existido una voluntad política clara en la persecución del fraude fiscal.
Así, por ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las rentas salariales declaradas como media superan cada vez en mayor cuantía a las rentas empresariales. Según los datos estadísticos los empresarios y profesionales personas físicas declaran ser mileuristas. Y si consideramos los tipos efectivos sobre la renta, las personas con mayores ingresos no soportan en su justa medida una mayor tributación, influyendo poderosamente y de forma negativa la segregación de las rentas del capital de la tarifa general del tributo.
En el Impuesto sobre Sociedades, las empresas tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad, por la posibilidad de acceder a un mayor número de deducciones. Para las grandes empresas, el tipo nominal del 30% se traduce en un tipo efectivo del 19,5%. Y, dentro de ellas, los grupos consolidados no tributan más arriba del 3,5%.
Y en lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, primero se eliminó a efectos prácticos para luego recuperarlo parcialmente y de forma temporal. Pese al discurso oficial, este impuesto nunca pivotó sobre las clases medias, porque en realidad, el 80% de la recaudación lo aportaba el 20% de contribuyentes cuya riqueza superaba los 750.000 euros.
La estrategia de consolidación fiscal en forma de severos ajustes presupuestarios, por su intensidad y plazos, es contraproducente en términos de demanda agregada y nos ha conducido a un estancamiento económico, claramente inestable. Lo sensato en el marco de esta crisis es mantener el estímulo de la demanda pública y privada hasta que la economía recupere claramente la senda de la recuperación, y asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas con una lucha decidida contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal en profundidad.
Son necesarias medidas para reforzar la recaudación, pero orientadas con criterios de equidad y progresividad. En ese contexto, es preciso que las medidas tributarias graviten sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica que, además, tienen una propensión marginal a consumir menos y por tanto, el gasto interno en forma de demanda no se verá tan afectado, contribuyendo así positivamente a la recuperación de nuestra economía y a reducir de forma sensata el déficit público.
Reformas fiscales y presupuestarias clave
Izquierda Unida propone las siguientes medidas que son clave para cualquier alternativa fiscal:
1.- Derogación de la reforma del art. 135 de la Constitución Española.
2.- Derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley Orgánica 02/2012)
3.- Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad.
4.- Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal, extender la responsabilidad por la deuda tributaria, determinar cuando no haya factura o no conste en ella la cantidad del impuesto, la más alta de las cantidades que se manifiesten como pactadas verbalmente o el precio medio del mercado.
5.- Plan de Impulso del Empleo y Desarrollo de la Economía Productiva Sostenible en el marco de un Nuevo Modelo Productivo. Este Plan estará dotado de una financiación específica y condicionada del 2% del PIB desde 2014 hasta 2019 incluidos, complementado con el 30% de los recursos fiscales añadidos que produzcan las medidas del Plan.
6.- Auditoría Pública y Ciudadana de la deuda pública española. Se entenderá la deuda ilegítima, de acuerdo con el derecho internacional, como aquella contraída por el Estado cuya finalidad es hacer frente a necesidades de terceros privados (como los bancos) sin que tengan una relación directa con la actividad pública normal del Estado.
Además de la deuda que pueda ser considerada ilegítima existe el aval gratuito por parte del Estado de actividades privadas o la utilización de la deuda soberana como aval para obtener créditos.
Tanto la deuda ilegítima como la utilización gratuita del aval del Estado para actividades privadas deberá ser auditado.
7.- Derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre el IVA de forma que puedan reducirse y reclasificarse algunos tipos (industrias realmente culturales, compresas, otros productos alimenticios no transformados, ciertos medicamentos, etc.).
Esta propuesta, que contiene un total de 57 medidas, es el inicio del debate no su final.
LAS 57 MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE IZQUIRDA UNIDA
REFORMAS FISCALES Y PRESUPUESTARIAS CLAVE
1.- Derogación de la reforma del art. 135 de la Constitución Española.
2.- Derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley Orgánica 02/2012).
3.- Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital.
4.- Tipificación más rigurosa del delito fiscal.
5.- Plan de Impulso del Empleo y Desarrollo de la Economía Productiva Sostenible en el marco de un Nuevo Modelo Productivo.
6.- Auditoría Pública y Ciudadana de la deuda pública española.
7.- Derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre el IVA.
PRINCIPALES MEDIDAS PARA INCREMENTAR INGRESOS Y RECAUDACIÓN
8.- Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales.
9.- Reformar el sistema de módulos.
10.- Limitar las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones.
11.- Limitar las ventajas fiscales de los llamados trabajadores desplazados.
12.- Consolidar como definitivo el aumento del gravamen complementario en el IRPF.
MEDIDAS ESPECÍFICAS SOBRE IMPUESTO DE SOCIEDADES
13.- Establecer un tipo del 35% para las bases imponibles superiores al millón de euros.
14.- Limitar las bonificaciones, deducciones, etc. (gastos fiscales) a un máximo del 3% de la base imponible y a otro 5% como máximo en el caso de creación de empleo.
15.- Limitar la compensación de bases imponibles negativas a los períodos impositivos no prescritos.
CREACIÓN DE NUEVAS FIGURAS IMPOSITIVAS
16.- Un Impuesto especial sobre Bienes Suntuarios. Será aplicable a los productos y servicios considerados de lujo.
18.- Un Impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al Impuesto sobre el Patrimonio.
19.- Un Impuesto sobre pernoctación en establecimientos turísticos.
15.- Elevación del tipo del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (ahora cero).
20.- Elevación hasta el 100% del recargo en la cuota líquida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando exista desocupación.
21.- Supresión de la exención en el IAE.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA ELUSIÓN FISCAL
22.- Aplicar el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y la trasferencia de beneficios de las multinacionales.
23.- Prohibir en las instituciones financieras españolas nacionalizadas la operativa hacia y desde paraísos fiscales.
24.- Revocar la licencia de las Instituciones financieras y entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito que se nieguen a colaborar con la Administración Tributaria en la información y persecución de prácticas de fraude fiscal.
25.- Trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información.
26.- Medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la Administración Tributaria.
27.- Fijar objetivos anuales de reducción del fraude y de la economía sumergida.
28.- Creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.
29.- Comprobar la licitud de origen de los 40.000 millones que han aflorado con la amnistía fiscal.
30.- Derogar la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, para evitar que se convierta en una especie de proceso de regularización fiscal permanente.
31.- Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva (entre ellas, las SICAV).
32.- Plazo de 1 año para su adaptación a la nueva legislación.
NECESARIA CONSTRUCCIÓN DE UNA FISCALIDAD VERDE
33.- Introducir criterios medioambientales en Impuestos ya existentes.
34.- Se aplicará también este criterio a los tipos máximo, mínimo y supletorio del IBI.
35.- Igualmente a los vehículos de tracción mecánica (emisión de CO2).
36.- A la tarifa del IAE, de acuerdo con la repercusión medioambiental de la actividad.
37.- Igualmente a los Impuestos sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Creación de nuevos impuestos sobre:
38.- Energía nuclear.
39.- El vertido de residuos.
40.- Incineración de residuos.
41.- Impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso.
42.- Sobre el cambio de usos del suelo
43.- Sobre sustancias de elevado nivel de preocupación
FISCALIDAD CON UN CRITERIO FEDERALIZANTE
44.- La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los ciudadanos ante la
ley y la igualdad de las empresas en el mercado, así como garantizar la equivalencia de servicios públicos.
45.- El poder tributario deberá estar dividido en tres niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios.
46.- El principio de suficiencia debe estar bien definido tanto para las actuales Comunidades Autónomas como para los Ayuntamientos.
47.- Promulgación urgente de la Ley de Financiación Local.
48.- Revisar tasas y precios públicos con un criterio de progresividad.
49.- Las tasas municipales en concepto de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos serán de establecimiento obligatorio.
50.- Reorganizar la Administración Tributaria, sobre la base de la consorciación de las diferentes Agencia Tributarias, haciéndola depender del Senado.
PRINCIPALES MEDIDAS RELACIONADAS CON EL GASTO
51.- Incorporación al texto de la Constitución Española del principio de garantía del gasto social y situarlo en correspondencia con el principio de suficiencia fiscal.
52.- Establecimiento a nivel del Estado de un Sistema de Recursos Públicos Garantizados (Renta Básica).
53.- Creación de una Agencia de Control de la Calidad y Eficacia Social del Gasto Público.
54.- Modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
55.- Revisión de todos los contratos y licitaciones con relación al precio medio del mercado.
56.- Elaborar un Plan de Ahorro de Insumos.
57.- Reforma de la Ley de Trasparencia.
