La Ley de Memoria Histórica que en su día aprobara el Gobierno de Rodríguez Zapatero es una norma que ha quedado reducida a la nada debido, en gran parte, a su falta de concreción. A los cabos sueltos de la norma hay que sumarle la labor incansable del Ejecutivo de Mariano Rajoy por eliminarla a través de la supresión de las partidas año tras año en los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha supuesto su derogación de facto. Andalucía ha elegido la antípoda y tiene mucho que ver con las condiciones puestas por IU para formar parte del gobierno. Se abre la puerta a una Ley que, salvo sorpresas, abordará de forma integral la máxima de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de la dictadura franquista.
La futura Ley de Memoria Democrática del Gobierno andaluz fijará por primera vez un límite de tiempo para que los gobiernos municipales eliminen cualquier vestigio del franquismo presente en edificios públicos y en inmuebles sufragados con el erario público. La normativa incluiría la simbología presente en iglesias o en el callejero de pueblos y ciudades. No será la única novedad pero supone una pincelada del camino que abre una Ley que nace tras un proceso participativo abierto por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Diego Valderas (IU) que ha contado con el trabajo de las asociaciones memorialistas de Andalucía y el aplauso de estas al anteproyecto.
El Ejecutivo andaluz, una vez aprobada la Ley, tendrá capacidad para retirar de forma subsidiaria los símbolos que exaltan la dictadura franquista si los ayuntamientos no lo hacen antes de tres meses tras la publicación de la Ley en el BOJA. El secretario de Memoria Histórica del PCA, Juan Francisco Arenas afirma que la importancia de esta cuestión reside en que se recoge un plazo concreto para afrontar la retirada de cualquier elemento, pues sin que se establezcan plazos concretos “se incurrirá en el mismo vacío legal que existía hasta ahora”: muchos ayuntamientos del PP rehusando retirar los símbolos.
En caso de que los regidores se nieguen o respondan con silencio administrativo, la Junta incoará de oficio la retirada de cualquier alegoría por lo que se da un gran paso en la legalidad actual pues, además de esa actuación de oficio, la Junta impondrá sanciones a los ayuntamientos que incumplan dicha normativa, exponiéndose incluso a la pérdida de ayudas públicas por parte de la Administración, otro avance con respecto a la norma de Zapatero que no recogía medidas coercitivas.
Iniciativa parlamentaria para exigir la personación de la Junta en la querella argentina
Mientras el anteproyecto de Ley de Memoria se hace público y se procede a su trámite parlamentario, IULV-CA a través de su Grupo ha presentado una iniciativa en la Cámara andaluza para que se exprese el apoyo a la causa abierta por el Juzgado número 1 de Buenos Aires sobre los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.
En la iniciativa de impulso a la acción del Gobierno andaluz, IULV-CA da un paso más en lo acordado hasta ahora y pide que el Gobierno andaluz se persone como acusación en la causa recordando que con la querella argentina se están abriendo nuevos cauces de trabajo sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, que en el ámbito internacional están claramente definidos como crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y perseguibles, desde el rechazo a las «leyes de punto y final».
34 nuevos lugares para la Memoria en Andalucía
Lo que ya es seguro es que 34 Lugares de la Memoria Histórica, en el que se incluyen enclaves de la Guerra Civil y de la dictadura, se suman a los anteriormente reconocidos en Andalucía. El Decreto aprobado recientemente por el Gobierno andaluz implica la identificación, señalización y preservación de estos enclaves protegidos que recogen desde la conocida ruta guerrillera de los hermanos Jubiles, maquis de Sierra Morena que lucharon contra los franquistas en la Guerra Civil hasta un cortijo de Montoro (Córdoba) donde cayeron abatidos el 6 de enero de 1944. Se trata de “una edificación que se encuentra en ruinas, tal y como quedó tras el asalto”, según recoge el dossier editado por la Junta para dar a conocer estos enclaves.
Centros penitenciarios como la cárcel provincial de Huelva, un centro de represión para homosexuales y transexuales durante la posguerra donde se les sometía a “prácticas pseudomédicas” como descargas eléctricas para “curar” la homosexualidad, la cárcel de mujeres de Málaga o el antiguo penal de El Puerto de Santa María (Cádiz) son algunos ejemplos de los lugares vinculados a la resistencia al golpe y contra el franquismo.
Destaca también el Canal de los Presos de Sevilla que es una de las mayores pruebas del trabajo esclavista que se dio en la dictadura y otros lugares que recuerdan la lucha por la democracia y por la legalidad republicana representada en el barranco de la Huesa, en Córdoba. Con todos ellos la Junta abre el camino a una “ruta de la memoria”, concepto que se contempla en el proyecto de ley de Memoria Democrática.
