En pleno debate sobre la nueva ley de seguridad ciudadana, más conocida como “ley mordaza” y con la espada de Damocles permanente de la nueva ley de huelga, el gobierno continúa pervirtiendo la legislación actual para reprimir cualquier actividad reivindicativa. Un ejemplo es la petición de la Fiscalía de 66 años de cárcel para ocho trabajadores de Airbus (antigua Construcciones Aeronáuticas) por hechos acontecidos durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
8 años y 3 meses de cárcel es lo que pide la Fiscalía para cada uno de los 8 trabajadores de Airbus (antigua CASA) de Getafe por los sucesos vividos durante la huelga general contra la reforma laboral del gobierno Zapatero.
Esta petición de penas no se producía en este país desde el histórico proceso 1.001 contra CC.OO. (fueron imputados 2 trabajadores de CASA en Sevilla; Soto y Saborido).
Un numeroso piquete ejercía su derecho de información en la madrugada del 29 de septiembre, en una de las puertas que la factoría de Airbus tiene en Getafe, donde trabajan más de 6.000 personas. La policía “antidisturbios” la emprendió a golpes mientras los trabajadores con las manos en alto retrocedían hacia dentro de la empresa. Los policías siguieron agrediendo a los desprotegidos trabajadores, incluso dentro de los límites de la empresa, y cuando se sintieron acorralados dispararon 7 tiros al aire. El resultado fue de al menos 15 trabajadores contusionados, algunos de gravedad.
El proceso judicial, que dura ya más de 3 años, se ha desarrollado de manera irregular manteniendo denunciados a todos los trabajadores que habían sido atendidos en el servicio médico por golpes y a varios reconocidos sindicalistas, hasta que, finalmente, el fiscal ha decidido imputar a 8 de ellos con los mismos cargos, que son básicamente “por agresión a la policía y por actuar en contra de los derechos de los trabajadores”.
Estos 8 trabajadores son afiliados a organizaciones de clase, la mayoría a CC.OO., y a IU. Entre ellos hay compañeros que llevan toda su vida en la lucha política y sindical, incluyendo la época de la dictadura.
No cabe duda que éste es un procedimiento político que persigue amedrentar a la parte más combativa de la clase obrera en estos tiempos de creciente malestar social. Toda la campaña del PP sobre fraudes en los fondos de formación, sobre los delegados sindicales, sobre los piquetes, etc. está perfectamente definida. El único objetivo que pretende la burguesía es dejarnos indefensos para seguir adelante con su política de recortes, despidos y privatizaciones.
Los trabajadores van a dar la pelea para que sus 8 compañeros sean absueltos de todos sus cargos. Habrá movilizaciones en todos los centros de la empresa (Madrid, Toledo, Albacete, Sevilla y Cádiz) y el 14 de marzo una gran manifestación en Getafe.
Conseguir que se haga justicia es una cuestión de solidaridad porque “sí tocan a uno, nos tocan a todos”.
Miembro Cte. Federal PCE y trabajador de Airbus
