Entra en vigor la renovación de la suspensión de lanzamientos hipotecarios

El PCE celebra la moratoria y recuerda que la vivienda es un derecho

Decaía la anterior y miles de familias se encontraban en riesgo de perder su vivienda
Manifestación en Madrid contra los desahucios | Foto: José Camó

El PCE ha emitido un comunicado en el que se alegra de que sus esfuerzos por la ampliación de la moratoria de desahucios hipotecarios y reclama seguir profundizando en medidas que protejan el derecho a la vivienda.

El llamado «escudo social» fue una batería de medidas levantadas por el Gobierno de coalición para afrontar la emergencia social derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania. El Partido Comunista de España (PCE) ha manifestado su alivio porque este miércoles, día 15 de mayo, se haya renovado la suspensión de lanzamiento hipotecarios a familias vulnerables.

Esta respuesta a la emergencia habitacional, prevista en la Ley 1/2013 de 14 de mayo estaba próxima a su fin y hubiera dejado a cerca de 60.000 hogares en una posición muy precaria, con el riesgo real de perder sus casas. La prórroga de cuatro años mantiene esta protección hasta el 15 de mayo de 2028.

La Secretaría de Vivienda del PCE ha explicado en su comunicado que la renovación era necesaria en un momento en el que «el efecto negativo de los tipos de interés altos y las fórmulas de revisión de los mismos en las hipotecas es especialmente perjudicial en las familias más vulnerables». En su análisis, explican que las rentas de las familias trabajadoras aún no se han recuperado y se enfrentan en mayor medida a deudas de tipo variable, susceptibles de aumentar la carga financiera.

Los comunistas recuerdan que «la vivienda es un derecho y no un negocio», por lo que manifiestan que van a seguir trabajando por más medidas que eviten nuevas oleadas de exclusión social. En su comunicado, se comprometen a seguir luchando junto al movimiento por el derecho a la vivienda, los sindicatos y otros actores «contra la mercantilización, la especulación y la impunidad de la actividad organizada delincuencial, frente a lo que sólo cabe la profundización en el derecho fundamental, formal y material a una vivienda digna para todas».

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