En la mañana del 8 de abril de 2003 fueron asesinados en el Hotel Palestina de Bagdad los periodistas Taras Protsyuk, ucranio, de la agencia Reuters, y José Couso, español y cámara de televisión de Tele5. La muerte de ambos se produjo a consecuencia de las heridas provocadas por un disparo de un obús de 120 mm lanzado por un carro de combate Abrams del ejercito de EEUU contra las plantas 14, 15 y 16 del hotel, lugar en el que se había concentrado la prensa internacional que había en Bagdad desde que tres días antes así lo ordenara el Pentágono ofreciendo expresamente garantías de seguridad a la prensa alojada allí. Ese mismo día, aproximadamente tres horas antes, fueron bombardeadas por el ejercito de EEUU las instalaciones en Bagdad de las cadenas de TV Al Jazeera y Abu Dabi TV, bombardeo que provocó otra víctima mortal entre el personal de estas televisiones. Once años después, la jornada del 8 de abril de 2003 en Bagdad es una fecha negra para el periodismo de guerra. A pesar de estar expresamente protegidos por las Convenciones de Ginebra sobre Derecho de los conflictos armados, el ejército de los Estados Unidos desató una operación militar de castigo contra los periodistas “no empotrados” que cubrían la guerra de Iraq. Todos estos crímenes están en la absoluta impunidad el día de hoy, y el único procedimiento judicial abierto en el mundo es el instruido por el Juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
En mayo de 2003, la familia del cámara español, en ejercicio de la jurisdicción universal previsto en el articulo 23.4 de la LOPJ, interpuso una querella contra los militares de EEUU responsables de dicho asesinato, por “delito contra personas internacionalmente protegidas” conforme a las Convenciones de Ginebra de 1949 (art. 611 del código penal español) en relación con un delito de asesinato del articulo 139 del mismo texto legal.
El gobierno español, a través de la Fiscalía General del Estado, siempre se opuso a la instrucción de la causa alegando tanto falta de jurisdicción española, como ausencia de delito alguno, al no tratarse, según su criterio, de una acción intencionada por parte del Ejercito de EEUU. Los cables de Wikileaks evidenciaron la más servil y vergonzosa servidumbre del gobierno español ante la Casa Blanca para archivar el procedimiento judicial previo incumplimiento de las resoluciones judiciales. El empeño de la acusación particular ejercida por la familia Couso y el compromiso del Juez instructor Santiago Pedraz han permitido que la causa haya ido avanzando hasta ahora, con dificultades, pero de forma constante, habiendo sido archivada en dos ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y habiendo sido reabierta, también en dos ocasiones, por el Tribunal Supremo atendiendo a recursos interpuestos por la familia de Jose Couso.
En 2005 el juez Pedraz dictó ordenes de prisión incondicional y de busca y captura internacional a efectos de extradición contra el Sargento Thomas Gibson, quien comandaba y disparó el carro de combate que efectuó el disparo; el capitán Philip Wolford, quien comandaba la unidad de carros de combate y autorizó al anterior para disparar, y el Teniente Coronel Philip De Camps, jefe de la brigada acorazada en la que actuaban los carros de combate y quien a su vez autorizó al comandante Walford a ordenar el disparo. Esta resolución fue recurrida por la Fiscalía, archivándose por primera vez la causa y ordenando posteriormente el Tribunal Supremo que continuara la instrucción. El Juez Pedraz acordó en el año 2007 el procesamiento de los tres militares de EEUU, además de reiterar las órdenes de busca y captura internacional –que por cierto, nunca tramito Interpol España- y de prisión incondicional. La anterior resolución fue nuevamente recurrida por el Fiscal provocando que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Auto de fecha 13 de mayo de 2008, anulara el procesamiento, las ordenes de prisión y las órdenes de búsqueda y captura internacional, alegando que no existían aún indicios suficientes de culpabilidad en los imputados para adoptar dichas medidas, pero sin embargo, a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo de Diciembre de 2006, no pudo ordenar el archivo de las actuaciones, de forma que la causa siguió siendo instruida.
En fecha 20 de mayo de 2008, el Juez Pedraz acordó la declaración de la testigo ex sargento del Ejercito de EEUU Adrienne Kinne, destinada en la inteligencia militar de EEUU en el momento de los hechos y quien en un programa de televisión emitido en EEUU denunció que el hotel Palestina fue designado como «objetivo militar» por el Ejército de su país a pesar de ser un lugar internacionalmente protegido según las Convenciones de Ginebra y a pesar de haber dado las autoridades norteamericanas la orden de concentrase en dicho hotel a la prensa internacional que se encontraba en Bagdad en el momento de la invasión. El 4 octubre de 2011, el Juez Pedraz acordó nuevamente el procesamiento de los tres militares imputados y en busca y captura hasta ese momento, -el Sargento THOMAS GIBSON, el Capitán Philip Wolford y el Teniente Coronel Philip de Cam- fijó una fianza de 1 millón de euros a los anteriores por responsabilidades civiles, e incremento el número de acusados, al imputar a los superiores en la cadena de mando de los tres militares procesados, concretamente al General Bufort BLOUNT, quien fuera Jefe del Cuartel General y comandante de la 3ª División de Infantería de Ejercito EEUU, y a quien fuera Jefe de la 2º Brigada de la 3ª División, Coronel David Perkins.
En la causa penal y siempre a iniciativa de la familia de Jose Couso, declaró un General de la Guardia Civil especialista en Derecho Internacional Humanitario, los ex ministros Ana Palacio y Federico Trillo, se realizaron pruebas periciales balísticas por parte de técnicos especialistas del cuerpo de Artillería del Ejercito y se procedió a realizar una inspección ocular del lugar de los hechos, el Hotel Palestina en Bagdad, la primera y única en la historia de la justicia española que se ha practicado fuera de España en ejercicio de la jurisdicción universal con la que prácticamente ha acabado el Partido Popular. A fecha de hoy, y por primera vez en la historia de la institución policial, Interpol se ha negado a cumplir las ordenes de detención dictadas por un Juez, en este caso las dictadas por Pedraz contra los militares de EEUU, alegando que al tratarse de un asunto de índole militar, carece de competencia para detener a criminales de guerra.
El caso Couso -que en breve será archivado por mandato legal tras restringir el Partido Popular al máximo, el pasado febrero, la legislación sobre Jurisdicción Universal- es probablemente el más importante proceso judicial abierto ante un tribunal de fuera de EEUU por crímenes de guerra contra militares de ese país.
Torturas en Guantánamo
Ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional se sigue el procedimiento por las torturas sufridas en el ilegal centro de detención estadounidense en Guantánamo por el español Hamed Abderrahman y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, contra el ex presidente de EEUU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el ex vicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld, acusados de poner en marcha el penal de Guantánamo y ordenar el sistemático incumplimiento de la ley internacional sobre prisioneros de guerra, mediante la práctica sistemática de detenciones ilegales, torturas y malos tratos. Existe un querellante, víctima, nacional español y otro residente habitual en España, deportado tras ser liberado en Guantanamo.
Flota de la Libertad a Gaza
Dos pacifistas españoles presentaron el 23 de julio de 2010 una querella por crímenes de guerra y contra la humanidad contra las autoridades israelíes por el asalto armado que militares de ese país habían realizado en mayo del mismo año contra una flota de ayuda humanitaria a Gaza, que se saldó con nueve pacifistas muertos en el buque Mavi Marmara. El 30 de julio de 2010, el magistrado Pablo Ruz abrió diligencias previas a fin de determinar la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación. En la actualidad el procedimiento esta pendiente de las actuaciones que sobre estos hechos puedan acordarse en la Corte Penal Internacional de La Haya.
Tibet
En 2006, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Ismael Moreno a admitir a tramite una querella contra cinco ex-líderes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, por presunto genocidio en el Tíbet cometido en los años ochenta y noventa del siglo XX. El juez cursó órdenes de detención internacional contra todos ellos a efectos de su ingreso en prisión en 2013, después de que le instara a ello la sección cuarta. El 11 de octubre de 2013 esta querella se amplió al expresidente chino Hu Jintao.
