El 29-S millones de trabajadores del Estado español secundaron la Huelga General contra la reforma del gobierno del Partido Socialista que abarataba el despido y debilitaba la negociación colectiva.
Uno de los incidentes de aquella madrugada del inicio de la huelga fue la dura intervención policial en la puerta de la firma aeroespacial EADS-CASA, que fabrica entre otros el Airbus civil y militar y el avión de combate europeo Eurofighter. La policía antidisturbios invadió la factoría y realizó disparos al aire con fuego real, como anunciaron los sindicatos en la primera comparecencia ante la prensa.
Tres años después el Ministerio Fiscal pide a cada uno de los ocho trabajadores de Airbus (antigua CASA, Construcciones Aeronáuticas) de Getafe, 8 años y tres meses de cárcel, en una acusación colectiva por los sucesos vividos durante la huelga general contra la reforma laboral del gobierno Zapatero el 29 de septiembre de 2010.
Mientras se ha cimentado una gran campaña de solidaridad nacional e internacional con “los 8 de Airbus”, en lo que se ha denominado un “juicio político” contra el derecho de huelga y los representantes sindicales” que se encuadra en políticas de criminalización realizadas por el gobierno español contra las respuestas sociales y sindicales, que se están saldando con numerosas denuncias y multas en la muchas protestas sociales en todo el Estado. Este tipo de peticiones judiciales no sucedían en España desde la dictadura de Franco, con el Proceso 1001 en 1973, y ya entonces supusieron un auténtico escándalo mundial.
Enrique Gil Augusto es uno de los 8 trabajadores de Airbus a los que la Fiscalía pide 8 años y 3 meses de cárcel. Enrique es delegado sindical de CC.OO. y afiliado a IU. Lleva en la empresa 11 años, la mayoría de ellos dedicado a la actividad sindical. El fue el encargado de intervenir, en representación de los otros 7 compañeros, en el mitin de recibimiento a la columna sur de las Marchas de la Dignidad en Getafe.
Mundo Obrero: ¿Cómo recuerdas los hechos de aquel día?
Enrique Gil: Con toda nitidez, además no creo que pueda olvidarlos. Aquello fue un mal sueño, no nos imaginábamos que estarían esperando a la puerta de nuestra empresa aquel pelotón de matones. Como en otras ocasiones el día de huelga es una fiesta a la que acudimos a ver a nuestros compañeros en un entorno muy distinto al que estamos habituados. Somos muy conscientes de la importancia de que los días de huelga no se hacen en casa desde el sillón, sino que hay que acudir al centro de trabajo a hacer visible nuestra participación de la movilización general.
M.O.: El proceso judicial dura ya más de 3 años, ¿a qué crees que se debe este retraso y cómo valoras el desarrollo que ha tenido?
E.G.: Nos están sometiendo a la pena de banquillo, quieren que la incertidumbre, la presión de la familia y los amigos, el supuesto descredito de estar metido en un proceso judicial, nos afecte. Quieren hacernos sufrir por la espera… pero sinceramente nos da igual, aquí estamos esperando conscientes de que hicimos lo que teníamos que hacer y que lo repetiremos cada vez que haga falta.
M.O.: Las desmesuradas penas que pide el fiscal nos retrotraen a los tiempos de la dictadura, ¿esperabas esa petición?, ¿cómo la interpretas?
E.G.: Nos están aplicando penas máximas, y eso tiene un objetivo claro descabezar al movimiento sindical por un lado, y asustar a los que acuden a las puertas de las empresas en la huelgas generales. Pero lo que sí que nos retrotrae a la dictadura es que las penas se piden sobre la base de acusaciones falsas. Se han inventado toda la instrucción y han ido construyendo una causa a su medida, eso sí que es antidemocrático. Esta situación va a ser adecuadamente contestada tanto en la calle como en los tribunales porque, sinceramente, está en juego la democracia.
M.O.: Los ya conocidos por “los 8 de Airbus” habéis recibido el apoyo de gran cantidad de organizaciones tanto a nivel nacional como internacional, ¿cómo valoras esa solidaridad?
E.G.: Es increíble la gran adhesión que está generando este conflicto. Nosotros no podemos más que elogiar a todo aquel que se une a nuestra lucha. Esta es sin duda la solidaridad que caracteriza a la clase obrera, la solidaridad internacional en la que todos los trabajadores nos reconocemos como iguales ante un sistema cruel, injusto y obsoleto.
M.O.: Ha habido varias movilizaciones exitosas, especialmente una gran manifestación en Getafe. ¿Qué tenéis planificado en el futuro para seguir la lucha?
E.G.: Hemos montado la mayor movilización que se recuerda en Getafe de los últimos 25 años y ha sido todo un reto. Ahora tenemos un reto mayor: que esto no acabe en el olvido. Por otro lado nuestro objetivo ya no es librar las posibles penas de cárcel, sino acabar con el artículo 315.c y la interpretación malintencionada que de él se está haciendo para criminalizar la huelga general. Para ello continuaremos haciendo visible este conflicto y lo llevaremos a todos aquellos actos donde podamos intervenir y seguiremos movilizando en el interior de la empresa.
M.O.: La represión parece que se incrementa día a día. Un ejemplo es la irresponsable actuación policial durante las marchas de la dignidad del pasado 22 de marzo en Madrid. ¿Crees que estamos ante un plan diseñado para aplacar el creciente descontento de los trabajadores?
E.G.: No me cabe la menor duda. El gobierno hace ya mucho tiempo que ha perdido la legitimidad para poder seguir en el poder. Un gobierno que no convence con sus políticas solo le queda una vía, el miedo. Pero si me permitís, el miedo puede valer para callar temporalmente a la sociedad. Cada día que pasa bajo este régimen del miedo más personas se vuelven conscientes y despiertan a la realidad de que sólo existe un camino para vencer… la lucha.
NO ES UN CASO AISLADO
Este no es un caso aislado, a finales del pasado febrero tuvo lugar en Logroño el juicio contra el secretario general de CC.OO. de La Rioja, Koldo González, y otros cuatro miembros del sindicato por hechos sucedidos en la misma huelga general en un piquete informativo. La fiscal solicitó dos años de cárcel para cada uno de los cinco acusados como presuntos autores de un delito de coacciones.
En abril tendrá lugar el juicio contra Roberto, trabajador que participó en el piquete informativo del centro de Madrid. El fiscal pide un año y medio de cárcel.
Desde aquella huelga general se han convocado otras dos (29 de marzo y 14 de noviembre de 2012), ya con Rajoy en el gobierno, y hay bastantes trabajadores imputados por participar en las mismas. El caso más conocido es el del joven vallecano Alfon que estuvo mucho tiempo en prisión preventiva tras ser detenido al inicio de la última huelga general y que está en espera de juicio.
Además se han convocado huelgas generales en Euskadi y huelgas sectoriales y autonómicas e incluso de empresa donde también se ha imputado a miembros de los piquetes informativos. Las últimas detenciones en las Marchas de la Dignidad o en la huelga de estudiantes indican que no se van a detener ante nada para atemorizar a quienes intenten levantar la voz.
No hay duda de que la represión va en aumento y que el sistema no va a dar tregua. Ahora, más que nunca, es necesario recuperar la palabra SOLIDARIDAD en toda su extensión.
