Castilla y León merece respuestas políticas a sus problemas y las merece ya. El 15 de marzo, las derechas, el partido popular y Vox, ganaron las elecciones autonómicas. Más de dos meses después, no hay fecha para la investidura del candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco. La lentitud se ha convertido en método de negociación. ¿A qué esperan? ¿Por qué fuerzan el reglamento de las Cortes y el Estatuto de autonomía? No es una cuestión de plazos formales, es una cuestión de respeto a la ciudadanía y a las urgencias de esta tierra.
Exigimos transparencia. Queremos saber qué se negocia, en qué términos y quiénes. Las conversaciones no pueden ocurrir desconectadas de los problemas reales de nuestros pueblos y ciudades. Castilla y León no tiene que ser un apéndice de ninguna estrategia nacional. No aceptamos que nos impongan debates ficticios cuando lo que está en juego es el futuro de nuestra comunidad. Nos hemos cansado de ser subalternos.
Quienes ganaron las elecciones tienen la obligación de negociar sus acuerdos y decidir aquí, en nuestra tierra, con sus representantes, sobre nuestros problemas
Quienes ganaron las elecciones tienen la obligación de negociar sus acuerdos y decidir aquí, en nuestra tierra, con sus representantes sobre nuestros problemas. Si tras más de dos meses son incapaces de alcanzar un acuerdo, que asuman su responsabilidad: que dimitan, que convoquen nuevas elecciones o que expliquen claramente cuáles son las causas que bloquean la investidura.
El 14 de abril, coincidiendo con el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República, se constituyeron las nuevas Cortes de Castilla y León. Un mes y varias semanas después, seguimos sin saber qué va a pasar en nuestra comunidad.
El 7 de mayo, una vez concluida la ronda de consultas del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y agotado el plazo de 15 días hábiles que establece el artículo 26 del Estatuto de Autonomía, Mañueco fue propuesto oficialmente como candidato a la presidencia. Desde entonces, silencio. No hay fecha de investidura. No hay explicaciones.
El gobierno autonómico sigue en funciones, con todas las limitaciones que ello conlleva. Resulta inasumible que no exista un plazo claro para las decisiones autonómicas cuando nos acercamos a un verano que, según todos los indicios, volverá a ser extremadamente peligroso para nuestros bosques. La campaña anterior ardieron decenas de miles de hectáreas en Castilla y León. Las políticas de prevención y extinción requieren pautas claras, recursos asignados, planificación y tiempo para implementarse.
No sabemos cómo nos prepararemos para los incendios de este verano, porque no se han anunciado decisiones distintas a las de años anteriores, cuya gestión fue catastrófica
En Izquierda Unida de Castilla y León no nos parece seria esta dinámica oscurantista. ¿Se están tomando decisiones sobre el futuro de nuestra comunidad sin que la ciudadanía las conozca o se aprovechan los vacíos legales del reglamento y del Estatuto para forzar la democracia hasta sus límites? Cualquiera de las dos opciones es tremendamente negativa.
Castilla y León no puede estar a expensas de lo que suceda en Andalucía o ser moneda de cambio para otros territorios, tiene sus propios problemas: despoblación, incendios, sanidad rural, listas de espera, acceso a residencias de las personas mayores… y merece soluciones pensadas desde aquí, no relatos importados por las direcciones nacionales. Nuestras particularidades son la realidad que hay que gobernar.
La sensación generalizada es que no se está trabajando en solucionar los problemas de nuestra tierra, sino en una lucha interna por ver quién gana el relato de la negociación: si el PP o Vox
La sensación generalizada es que no se está trabajando en solucionar los problemas de nuestra tierra, sino en una lucha interna por ver quién gana el relato de la negociación: si el PP o Vox. Mientras tanto, las necesidades de nuestros pueblos, muchos de ellos prácticamente deshabitados, que requieren políticas activas de empleo, vivienda y servicios para evitar su desaparición, permanecen olvidadas. Tampoco sabemos cómo nos prepararemos para los incendios de este verano, porque no se han anunciado decisiones distintas a las de años anteriores, cuya gestión fue catastrófica. Si no hay cambios, en octubre volveremos a lamentar otra tragedia ecológica. Por acción o por omisión, el destino al que nos abocan es muy negativo. Pero, al menos, tendríamos derecho a conocerlo.
Lo único que sabemos son porcentajes, declaraciones de “seguimos trabajando en ello” y lugares comunes. Las preguntas básicas de la ciudadanía llevan más de dos meses sin respuesta. Para las derechas, al parecer, Castilla y León no tiene prisa.
Por eso, desde Izquierda Unida de Castilla y León exigimos:
- Que se convoque la sesión de investidura en un plazo máximo de 10 días hábiles o que se convoquen nuevas elecciones.
- Que se haga pública la agenda de negociaciones y los puntos de acuerdo y desacuerdo.
- Que antes de la investidura, PP y Vox presenten un documento con sus propuestas concretas para los problemas urgentes: incendios, sanidad, residencias, despoblación).
Castilla y León no está para experimentos políticos. Y la Junta no puede seguir en funciones.
