La República de Paraguay es uno de los Estados en los que existe una grandísima concentración en la propiedad de la tierra, apenas el 4% de la población posee el 85% de la tierra. Y entre esos propietarios hay latifundistas cuya apropiación de cientos y miles de hectáreas tiene una oscura y sanguinolenta historia.
A uno de los terratenientes, Blas Riquelme, se le acusa de ser adjudicatario en forma fraudulenta de tierras destinadas para la reforma agraria, según el informe final sobre tierras malhabidas de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, entregado a los tres poderes del Estado el 28 de agosto de 2008. No es el único caso. Pero destacamos el de este terrateniente amigo del dictador y genocida paraguayo Alfredo Stroessner, porque en unas tierras que él reclama como suyas sucedieron los graves hechos que ocasionaron la muerte de 11 campesinos y 6 policías y que desembocaron en el Juicio-Golpe de Estado que destituye al presidente Fernando Lugo.
Dice el politólogo argentino Atilio Borón que en “la coincidencia de intereses entre los capitalistas locales y la ‘burguesía imperial’ lo decisivo es que los primeros controlan al Estado y es a través de ese control que garantizan las condiciones políticas que tornan posible el funcionamiento de los mecanismos de saqueo y pillaje” y el objetivo más importante de esos mecanismos “es garantizar el eficaz funcionamiento de los aparatos legales y represivos del Estado para (…) someter a la fuerza de trabajo a las condiciones que requiere la super-explotación capitalista y (…) reprimir a los descontentos y los revoltosos y de este modo sostener a un ‘orden social’ crecientemente injusto” [1].
Una cosa es lo que es justo y otra muy distinta la justicia. Esta frase adquiere en Paraguay un dramatismo y una violencia inusitada. Allí, donde ser joven y pobre es ser carne de presidio, el 73% de los detenidos pasan más de un año encerrados sin condena, más del 56% no recibe visita alguna de abogado (el de oficio no se presenta y al privado no le pueden pagar). Como agravante de la situación resulta que la tortura es una práctica extendida en las fuerzas de seguridad paraguayas según Jorge Rolón Luna, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En este marco reconocido hasta por el gobierno del derechista Cartés, se desarrolló la lucha y parcial victoria de 5 campesinos detenidos por los sucesos de Curuguaty.
Considerando que están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y vista la cantidad de fallos y errores judiciales, estos campesinos presos sostuvieron durante 58 días una huelga de hambre que puso en peligro sus vidas. Con esa medida desesperada solicitaban no sólo su libertad sino también que se investigue la muerte de sus compañeros y que se aclare la titularidad de las tierras en disputa.
A mediados de abril los 5 presos, Adalberto Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, levantaron la huelga de hambre al ser beneficiados con la prisión domiciliaria. Sin embargo, en un claro intento de quebrar la resistencia de estas personas, Rubén Villalba considerado como el líder del grupo fue nuevamente remitido al penal con la excusa de que tenía otra acusación pendiente.
El fiscal del caso es Jalil Rachid, de quien se puede decir que mantiene un extraño concepto sobre la ley y la justicia cuando de acusar a campesinos sin tierra se trata. Por ejemplo, cuando presenta pruebas contra los campesinos acusados de matar a los 6 policías, la única arma de fuego que puede mostrar que ha sido disparada es una escopeta que pertenecía a un ex general que denuncia el robo del arma una semana después de la matanza de Curuguaty. Además en varias cajas donde estaban sustanciales pruebas incriminadotas se encontraban desde papel higiénico hasta cuchillos de fabricación casera y munición de distinto calibre, pero ningún arma de fuego. ¿es que los campesinos pensaban lanzar la munición con hondas o con la mano?
A tal punto llega la actitud de este fiscal, que un grupo de estudiantes de la Universidad Católica pide que Rachid se retire y renuncie a la cátedra de Derecho Agrario en la que ejerce como profesor. Dicen los alumnos que hay una contradicción entre su labor docente y su actuación como fiscal, tanto en el plano académico como en el caso judicial «dado su pésimo desempeño como agente del Ministerio Público”.
Pero la lucha de estos campesinos sin tierra recibe adhesiones y apoyos desde muy diversos sectores, como la Conferencia de religiosos y religiosas del Paraguay (CONFERPAR) que organizó oraciones y marchas pacíficas de solidaridad. Organizaciones internacionales diversas como IEPALA, Oxfam, Vía Campesina y la Fundación Internacional Baltasar Garzón apoyaron la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la denuncia de la violación de las garantías procesales de los detenidos en este caso. Por su parte un grupo de Europarlamentarios, entre ellos Willy Meyer (IU) solicitaron al Estado paraguayo que suspenda el juicio de estos campesinos hasta tanto se determine la titularidad de las tierras en disputa.
La movilización social podrá demostrar la inocencia de estos campesinos, así como que la matanza de Curuguaty fue un montaje para poder expulsar de la presidencia a un presidente molesto para los terratenientes y de paso dar un golpe importante contra el movimiento de campesinos pobres. La fortaleza de estos cinco y los apoyos conseguidos marcan un avance en la consolidación y coordinación de las organizaciones sociales que bregan en Paraguay por un sistema social que priorice a las personas haciendo realidad sus derechos.
Nota:
1. Boron, Atilio ‘’La cuestión del imperialismo y la problemática geopolítica latinoamericana’’ Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2014.
