El pasado 11 de Septiembre daba comienzo el curso escolar 2014/2015 en Educación Infantil y Primaria. Con motivo de este día, Izquierda Unida de Xixón, a través de su área de educación, organizaba un acto para presentar el último informe elaborado por el Observatorio por la Educación Pública (OxEP) perteneciente a Izquierda Unida sobre el coste de la plaza escolar en la enseñanza pública y en la concertada, con la presencia del coordinador Federal del área de educación, Enrique Javier Diez y de la compañera María Jesús Martínez Díaz, miembro de la permanente de Izquierda Unida federal.
El acto comenzaba con la presentación, por parte del coordinador local del área de educación, Faustino Sabio, de una breve síntesis sobre la situación real de la educación en Asturias. “En la actualidad, según datos de UNICEF, 1 de cada 4 niños en Asturias vive por debajo del umbral de la pobreza y solo ingiere una comida caliente al día, la del comedor escolar. […] Mientras se profundizan los recortes en todo el Estado en unidades de 0 a 3 años, se pierden en 3 años 300 docentes en Asturias y en casi 33.000 en toda España, cuando el número de alumnos a aumentado en 55.000, se reducen las ayudas y becas en infantil y primaria, oscilando éstas entre 60€ y 100€, el PP reclama ahora la gratuidad de los libros de texto e impone la LOMCE sin consenso, una ley educativa que da todo el poder a los Directores de los centros y reduce la democracia interna de los centros al dejar los Consejos educativos en meros grupos de consulta. Por mucho que digan, la realidad siempre supera la ficción” sentenciaba.
De manera tan clara presentaba Sabio la situación a la que tendrá que hacer frente a lo largo del año docente 2014/2015 la comunidad docente, así como padres y alumnos. Así mismo, animó a continuar con las movilizaciones porque “la lucha sirve y triunfa, como la de los trabajadores de Tenneco en Gijón, las movilizaciones en Gamonal o las marchas blancas por la sanidad pública en Madrid. Las batallas a veces se pierden y otras se ganan, pero la que siempre está perdida es la que no se hace.”
A continuación, tomaba la palabra el coordinador federal del área de educación de IU, quien antes de presentar el informe, expuso la idea que IU está desarrollando para tener una oferta propositiva real en el ámbito educativo, que se pueda plasmar en el ejercicio del gobierno. “Estamos creando, dentro del marco de un proyecto por un Proceso Constituyente de Estado, uno específico para el ámbito educativo en el que queremos contar con todos, con aportaciones de asociaciones, de organismos educativos, etc. Queremos una ley educativa conjunta de todos y para todos” dijo.
Para introducir esta idea y el contexto en el que se ha gestado el informe, Díez quiso poner en valor el contexto actual y la evolución de los procesos que se han dado en los últimos años y que nos han llevado a la situación general actual. “Ahora todo el mundo tiene la obra de Milton Friedman como libro de cabecera. Todo se reduce a la teoría acuñada como el Capitalismo del Desastre, inspirada en las teorías de Friedman tras el huracán Katrina, quien decía que en un periodo de 6 a 9 meses, había que generar un estado de shock para generar cambios y que la gente lo acepte cual dogma, a pesar de no ser más que un telón para ocultar nuevos recortes, argumentando siempre que nunca se ha profundizado todo lo que se debe en las medidas, tratando de justificar así la idea de que en momentos de crisis, los derechos sociales no son sostenibles”.
Teniendo este dogma como base, no han sido ni una ni dos ni tres veces las ocasiones en las que hemos oído al jefe del ejecutivo español decir, “no nos gustará, pero es lo que tenemos que hacer”.
¿Es realmente cierta tal afirmación?
“No. Lo que han conseguido es colonizarnos el sentido común” afirmó Díez. Lo que ha logrado el PP en España y el neoliberalismo en otros lugares ha sido, en términos gramscianos, apropiarse del concepto de hegemonía. Nos aleccionan presentando el sistema educativo en su totalidad como un generador de productos que han de poder venderse, creando círculos de proximidad en donde el niño ha de convertirse en un emprendedor, creando bienes para el consumo de sus más cercanos que, a su vez, van generando otros círculos y de mayor tamaño. “Al niño ya no se le enseña a desarrollar sus destrezas psicomotrices y su creatividad, sino a generar mercancías. Es un proceso de privatización total y un ataque a las políticas pedagógicas en todo el mundo.” A esta situación es a donde nos han llevado el Tratado de Maastricht, a donde nos lleva la Directiva Bolkestein y el Tratado de Lisboa, a un lugar en donde lo público debe dejar hueco a lo privado, a los intereses de unos pocos, reduciendo lo público a algo subsidiario, complementario y marginado. Lo público pasa de ser una conquista social, a ser visto como una pérdida de dinero. Se transforma la idea de crear mujeres y hombres apasionados por el afán de descubrir, hábiles y críticos en otra que trae consigo a individuos generadores de oportunidades y productos.
En la educación española, los ejemplos de tal transformación son evidentes. Se excluye a parte de la población del sistema educativo a través de la reducción de la etapa de enseñanza obligatoria, reválidas y la inclusión en el imaginario general de ideas como las de “es que no quieren estudiar” o “son unos vagos”. Los denominados como “objetores escolares”. A su vez, la creación de itinerarios y ramas paralelas acaba sacando a los alumnos de su aula, acaba generando grupos de mejores y otros de peores y, a mayor escala, ahonda en la profusión de centros que dividen por sexo o la creación de rankings de centros, cuya demanda aumenta o se reduce en base a la oferta cual empresa privada. Finalmente, la reformulación del principio de gratuidad de la educación, con la instauración del repago, del aumento de los conciertos y la opacidad de sus cuentas, de la aparición de instituciones universitarias privadas paralelas, con la aparición de proveedores no gubernamentales, etc.
“Como resultado, lo que se está haciendo es mutar el sistema educativo como una causa social, a un imperativo competitivo para insertarse en el futuro sistema laboral. La ampliación de los conciertos y de los centros privados responde a un interés, el de crear nuevas redes relaciones sociales en donde padres y empresa elijan con quien quiero que mis hijos se relacionen y con quienes no” sentenciaba Gutiérrez Díez.
Finalmente, intervendría María Jesús Martínez Díaz que explicó y profundizó en los datos conseguidos por el informe de la OxEP. En sus palabras, quiso justificar que el binomio PP-PSOE, justifica la privatización de la educación con la máxima “la educación pública es más cara”, datos una y otra vez repetidos en los distintos medios de comunicación afines a los dos partidos mayoritarios, véase La Razón, ABC o El Mundo, quienes en numerosos artículos atacan el sistema público educativo en base a supuestos economicistas nada claros y que el informe hecho por la OxEP viene a aclarar a pesar de las numerosas trabas que se encontraron. Pero, como todos sabemos, una mentira repetida cien veces se acaba transformando en realidad.
Todo ello, ha llevado a que en la actualidad, la inversión en educación se corresponda con un 3,9% del PIB, retrotrayéndonos a niveles de 1987, cuando la educación obligatoria era hasta los 14 años y la inversión pública se reducía a 5 cursos menos, por tanto, nos encontramos en un momento donde hay más niveles financiados, con partidas presupuestarias cada vez más pequeñas.
Otros datos a los que se alude cuando se habla del precio de la plaza pública son al hacer la comparativa con otros países de la Unión Europea. Pero, ¿con cuales? Si lo extrapolamos al conglomerado de los 27, cierto es que el gasto en España está por encima que las inversiones en otros países, pero ¿pasa lo mismo entre los 15? ¿Pasa lo mismo entre esos países con los que siempre queremos compararnos? La respuesta es no. Tanto Austria, como en Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, etc., tienen plazas más caras que la española.
En cuanto al coste de la plaza pública y privada en España según el informe del OxEP, cuyo informe completo puede consultarse íntegramente aquí, según el MEC y la CECE (Confederación española de centros de enseñanza), el coste en la concertada/privada estaría en los 2700€/alumno, mientras que en la pública el coste rondaría los 6500€/alumno.
¿Son ciertos estos datos?
Por un lado, los datos son sesgados, dado que si bien las partidas a los colegios privados son fáciles de consultar, no lo son tanto para el ámbitos de los centros concertados, lo cual hace que la aproximación sea, en muchos casos, en base a datos externos procedentes de otras fuentes. Por otro lado, para la realización de los estudios se engloba la financiación de la privada y la concentrada en una sola partida y por otro lado la de la pública cuando, realmente, no todas ofrecen los mismos servicios y por tanto no son equiparables. Existen también partidas, como muchas becas o inversiones en formación ocupacional, etc., que son, en su mayoría, únicas en la educación pública, lo que hace que la diferencia en gasto pueda aumentar ya que la escuela pública tiene una honda mayor, que se expande a muchos más ámbitos que la privada/concertada.
Por tanto, ¿es justo comparar? ¿Se cuenta en los estudios con las variables?
La respuesta es no. Solo estableciendo el control sobre 3 variables como se hizo en el estudio del OxEP, (presupuesto, ratio docente/grupo – alumnos/grupo y salarios), sin profundizar en ellas, la diferencia de gasto inicial de más de 4000€/alumno, se reduce a 1200€. Esto se logra aislando y trabajando por separado las inversiones que van para unidades únicas en la educación pública y las que van conjuntas para pública y privada/concertada, muchas de ellas sin concretar y justificar en estas últimas.
En cuanto a la ratio, a pesar de la creencia generalizada de que hay más alumnos por grupo en la pública, esto no es así (21 para la pública y 23 para la privada/concertada), al igual que el de docente/grupo (1,98 en la pública por 1,68 en la privada concertada). A estos números se llega introduciendo la variable geográfica, donde se ve que la docencia en las áreas rurales y de menos de 100.000 habitantes recae en el sistema público (que representan un 41% del panorama educativo español), mientras que se evidencia la clara dejadez por parte de las instituciones privadas/concertadas en atender al alumnado procedente de esas zonas, centrándose en las ciudades de más de 500.000 bajo un principio de rentabilidad y selección de alumnado, donde prevalecen las relaciones sociales interesadas y la segregación de inmigrantes y alumnos con necesidades especiales (un 81% en la pública y un 14% en la privada/concertada). Añadiendo, por tanto, ésta variable, la diferencia entre el coste de plazas pasa de los 1200€ a los 600€.
Finalmente, la última variable a introducir es la de los salarios, donde la media, según datos oficiales, sería de 37.000€ para los docentes en la pública y 31.000€ en la privada/concertada (datos, muy sesgados, sin actualizar en su mayoría desde 2011/2012 y con poca o nula transparencia ya que la mayor parte de las partidas destinadas a este ámbito en la concertada, no se encuentran en instancias oficiales). Las partidas, en este caso, vuelven a estar sin desglosar y se incluyen niveles en la pública, inexistentes en la privada/concertada, mientras que en esta última, el gasto de partidas en salarios, no parece incluir solo el gasto en docentes, sino también en otro personal de los centros. También, el menor gasto en salarios en estos últimos viene en conjunción con la variable anterior llevando a la máxima de “más ratio de alumnos por aula y menos docentes por grupo.
Con todo ello y sumando la estimación del coste por familia por un alumno, el coste final corregido de la plaza en la pública y la privada/concertada da un vuelco. Como se concluye en el informe “en la Encuesta sobre el gasto de los hogares en Educación del curso 2011-12 (INE, 2012b), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se señala que las familias que llevaron a sus hijos e hijas a la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros por alumno/a, mientras que en el caso de acudir a un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por escolar. Nótese que si tomamos en consideración este dato, el coste anual por estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de 5.007 euros.”
“La verdad es siempre revolucionaria” – Antonio Gramsci
