“Que la represión no consiga visibilizar sólo la represión y no la causa y el motivo de la lucha”. Con esta llamada de atención comenzaba Felicitas Velázquez, Secretaria de Movimientos Sociales del PCE y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, el debate sobre la represión contra el movimiento popular y sindical en la Fiesta PCE 2014. Detenida y multada en varias ocasiones por su participación en actuaciones de paralización de desahucios, narró sus experiencias y expuso interesantes conclusiones con el fin de afrontar y enfrentar colectivamente las diferentes formas de represión ejercidas por la policía y los poderes del Estado sobre los movimientos sociales. Felicitas denunció que el poder político, “porque de represión política haya que empezar a hablar” apostilló, además de las multas y las sanciones económicas, utiliza también el miedo y la culpa como instrumentos de represión. Denunció que en ocasiones el despliegue policial ante un desahucio, desmedido, desproporcionado, es más caro que la deuda de la gente que van a echar de su casa y tiene por objeto amedrentar, generar miedo y disuadir amplificando mediáticamente el eco de la confrontación. La represión tiene responsables y citó como ejemplo el caso del comisario jefe de Leganés, que figura además como torturador en una de las denuncias de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
José Alcázar, uno de los 8 sindicalistas imputados de Airbus en Getafe (Madrid) -los 8 de Airbús-, relató y denunció la actuación policial pistola en mano efectuando disparos en las puertas de esta empresa, la madrugada del 29 de septiembre de 2010 en el transcurso de la Huelga General de aquella jornada que causó múltiples heridos entre los trabajadores congregados. Para Alcázar, no había ninguna justificación para aquella actuación, y las razones trascienden la actuación de los trabajadores de los piquetes, que fue ejemplar en todo momento. Se buscaba más bien empañar y acabar con un modelo de actuación sindical que se implica, que colabora y que es corresponsable con las tareas de gestión de la empresa. Se llegó a imputar a un gran número de trabajadores -de manera sistemática todos los heridos que pasaron por el botiquín- y se procesó curiosamente con una petición de 8 años y 3 meses de cárcel a los 8 delegados a las últimas elecciones sindicales. Recórdó que después de 4 años transcurridos todavía no hay juicio, que a raíz de la campaña iniciada a su favor salió a la palestra la existencia de otros 300 sindicalistas procesados. Más allá de que ningún sindicalista debe entrar en prisión, Alcázar instó a librar la batalla más importante, la retirada del artículo 315.3 del Código Penal que hace imposible el ejercicio de la libertad sindical.
Daniel Hernando, Secretario del PCA de Huelva, fue multado con 60 mil euros por su participación en la Huelga General del 14 de noviembre de 2012. Daniel relató con detalle todas las circunstancias que envuelven el caso de la represión en Huelva junto a otras 14 sancionados del PCA y la JCA: el origen de las sanciones, que parten de la subdelegación del gobierno en esa provincia; las frases, calificaciones vertidas en los documentos sancionadores, adornadas con un lenguaje fascita de intencionalidad política; recepción de cartas por parte de los procesados reactivando el proceso de sanción, justo en vísperas de momentos álgidos de movilización; notificación de las sanciones en las propias sedes de IU y el PCA; compañeros que se sancionan hayan o no participado en una movilización; relato en los documentos sancionadores de escenas hilarantes que no se produjeron y juicios políticos hacia el Partido Comunista, embargo de cuentas selectivas a estudiantes, etc.
Hernando denunció que con estos procedimientos se desnaturalizan las luchas porque se acaba hablando de lo represivo. Se mostró partidario de unificar los mecanismos de denuncia en todo el Estado, elaborar un censo de represaliados, un mapa de la represión y recurrir a cajas de resistencia para hacer frente solidariamente a las sanciones.
